Turquía

31.12.2017 00:00

 

Puesto 155

de 180 países, en la CLASIFICACIÓN MUNDIAL 2017 de la Libertad de Prensa

 

 

Superficie: 783.562 km2

Población:79.512.430 habitantes

Recep Tayyip Erdogan

Presidente del Gobierno: Binali Yildirim

PIB per cápita (US$ a precios actuales): 10.862

Tasa de alfabetización en adultos (mayores de 15 años): 95%

Porcentaje de usuarios de Internet: 58,3%

 

 

 

 

BARÓMETRO 2017

  • 0 Periodistas asesinados
  • 0 Internautas y periodistas ciudadanos asesinados
  • 0 Colaboradores asesinados
  • 39 Periodistas encarcelados
  • 0 Internautas y periodistas ciudadanos encarcelados
  • 0 Colaboradores encarcelados

 

 

 

Desde el fallido intento de golpe de Estado de julio de 2016 la libertad de prensa agoniza en Turquía. Tras la ola de detenciones de informadores que siguió a la asonada, 2017 se ha caracterizado por la espera a que se celebrasen los juicios. En este sentido, la prisión preventiva, que debería ser una medida excepcional, se ha convertido en una práctica sistemática y permanente en el país.

 

Así, con al menos 39 periodistas y un colaborador de medios en prisión a finales de año, por el mero hecho de ejercer su profesión, el país es, por segundo año consecutivo, una de las mayores prisiones del mundo para los profesionales de la información. Las falsas acusaciones de terrorismo son -junto a los insultos al presidente y los delitos de opinión- la principal arma que utiliza el régimen del presidente Recep Tayyin Erdogán -quien figura en la lista de depredadores de la prensa de RSF- para encarcelar a profesionales de los medios de comunicación, porque suponen condenas de muy larga duración y porque le permiten argumentar, con evidente cinismo, que no hay periodistas en las prisiones de Turquía, ya que “son terroristas”.

 

Por otro lado, el estado de emergencia, decretado tras el fallida golpe y prorrogado desde entonces por el gobierno, ha permitido a las autoridades cerrar más de 150 medios de comunicación, rescindir más de 750 carnets de prensa y confiscar sin justificación ninguna pasaportes y bienes de periodistas. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el pluralismo y la libertad de información en Turquía ya estaban muy mermados con anterioridad al golpe, aunque fue la excusa perfecta de las autoridades para acabar con cualquier crítica a los poderes del país.

 

Uno de los ejemplos más claros de esta situación es el caso del periódico kurdo Özgür Gündem. En mayo de 2016, decenas de periodistas y activistas de derechos humanos participaron en una campaña de solidaridad en la que ejercieron simbólicamente de “directores por un día” del periódico para protestar por su cierre, que se hizo efectivo en agosto de ese mismo año. De ellos, unos 40 fueron acusadas de “propaganda terrorista” y “publicación de comunicados de una organización terrorista”. A lo largo del año, 13 fueron condenados a una media de 15 meses de prisión, en la mayoría de los casos en suspenso, y una multa de 1.500 euros.

 

Así sucedió, por ejemplo, con el defensor de los derechos humanos Şanar Yurdatapan y el editor İbrahim Aydın Bodur, condenados en enero; el periodista y escritor Cengiz Baysoy, el activista pacífico İmam Canpolat y el líder de la oposición Çilem Küçükkeleş, sentenciados en febrero; o el periodista Murat Çelikkan, aunque en su caso la pena de prisión dictada en mayo fue en firme.

 

Por esta misma causa, a finales de año todavía estaban pendientes de una sentencia el representante de RSF en Turquía, Erol Önderoğlu, la defensora de los derechos humanos Şebnem Korur Fincancı y el escritor Ahmet Nesin, que se encontraba en el exilio en Francia. Tras pasar diez días en prisión, en junio de 2016, fueron puestos en libertad condicional a la espera de juicio, que comenzó en noviembre de ese mismo año.

 

A finales de año se reanudó otro macrojuicio contra unos 30 experiodistas del diario Zaman, disuelto por decreto tras el golpe de Estado. La mayoría de los trabajadores de este medio estaba en detención provisional, entre ellos, Şahin Alpay, Ahmet Turan Alkan y Ali Bulaç. Su caso, como los anteriores, se basaba principalmente en el mero hecho de que trabajaban para un periódico con afinidad al movimiento Gülen, impulsado por el clérigo musulmán Fethullah Gülen, que reside desde 1999 en Pensilvania, Estados Unidos. Una acusación que podría suponer la cadena perpetua.

 

Otro de los claros ejemplos de cómo las autoridades supieron aprovechar la excepcionalidad tras la intentona golpista para acabar con los medios críticos es el caso del diario Cumhuriyet. Casi 20 trabajadores de este medio fueron detenidos tras la asonada y acusados de apoyar a las tres organizaciones consideradas terroristas en Turquía: el movimiento del clérigo Gülen, el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) y el grupo de izquierdas DHKP/C. A finales de año, cuatro empleados de este medio todavía estaban en prisión provisional. Se trataba del editor Murat Sabuncu; el reportero de investigación Ahmet Sik; el presidente del equipo ejecutivo, Akın Atalay; y el contable Emre İper.

 

Por su parte, Oğuz Güven, director de la web de este diario, fue condenado el 21 de noviembre a tres años y un mes de prisión bajo el cargo de “propaganda terrorista”. Sin embargo, el periodista apeló su sentencia, por lo que a finales de año estaba en libertad condicional a la espera de un segundo juicio. Detenido en mayo, y privado de libertad durante un mes, una de las principales pruebas de la fiscalía contra Güven fue un mensaje de Twitter sobre la muerte de un fiscal en un accidente automovilístico, que fue eliminado 55 segundos después de ser publicado.

 

El acoso a este medio de comunicación y sus trabajadores, sin embargo, no era algo nuevo. En los años previos al intento de golpe de Estado Cumhuriyet multiplicó las revelaciones embarazosas para las autoridades, llegando a ser la punta de lanza de una prensa independiente. De hecho, su director, Can Dündar, y el representante del periódico en Ankara, Erdem Gül, fueron condenados en mayo de 2016 a cinco años de prisión por “obtener y divulgar secretos de Estado”. Afortunadamente, consiguieron exiliarse antes de que el tribunal de apelación confirmase la pena. Los cargos contra Dündar y Gül eran fruto de la publicación, un año antes, de un reportaje que demostraba la entrega de armas turcas a grupos islamistas en Siria.

 

En este sentido, a finales de septiembre, el fiscal de Diyarbakir, en el sudeste de Turquía, pidió al ministro de Justicia turco que cursase una “alerta roja” de la Interpol para detener a Dündar, justo un día después de que el periodista fuera nominado al Premio Nobel de la Paz. Las autoridades turcas basaron su petición en una nueva acusación de propaganda del PKK, debido a un discurso pronunciado por Dündar en abril de 2016 en el que criticaba el hostigamiento de periodistas críticos y acusaba a los informadores progubernamentales de ser cómplices de crímenes de guerra apoyando las operaciones militares del gobierno en las provincias kurdo-turcas.

 

En este sentido, RSF, así como otras organizaciones de defensa de derechos humanos, pidieron a Interpol una revisión de este tipo de alertas para tener más cautela con el uso abusivo de las solicitudes de detención emitidas por Turquía y otros países represivos, ya que en numerosas ocasiones son utilizadas para perseguir a los disidentes exiliados, como sucedió en el caso del escritor turcoalemán Dogan Akhanli y el periodista sueco de origen turco Hamza Yalzin, detenidos en España. (Ver el apartado de este informe dedicado a España).

 

A pesar de que la mayoría de periodistas que permanecían en prisión a finales de año fueron detenidos en los meses posteriores al fallido golpe de Estado, a lo largo de 2017 también se produjeron nuevos arrestos. Este fue el caso de Mediha Olgun y Gökmen Ulu, el editor y un reportero del diario Sözcü, uno de los pocos medios críticos que no fueron cerrados por las autoridades. Olgun y Ulu fueron detenidos el 26 de mayo por publicar un artículo sobre las vacaciones de Erdogán la víspera de la asonada. Se les acusó de “intentar asesinar al presidente” y de apoyar al movimiento Gülem.

 

También el creador de documentales Kazım Kızıl pasó casi tres meses en prisión provisional antes de ser puesto en libertad bajo control judicial, el 10 de julio. Fue detenido mientras cubría una manifestación y acusado de “insultar al presidente" en sus tuits.

 

Por otro lado, una vez en prisión, los periodistas sufren condiciones de encarcelamiento inhumanas, al negarles la libertad provisional incluso cuando padecen enfermedades que ponen en riesgo sus vidas. Así sucedió, por ejemplo, con Sahin Alpay, columnista retirado del periódico Zaman. A pesar de tener problemas respiratorios y cardiacos, que le obligaban a dormir con la ayuda de una máscara para respirar, y de ser diabético, las autoridades judiciales lo han mantenido en prisión desde julio de 2016.

 

Además, muchos de los detenidos estaban en régimen de aislamiento, o con una reducción de las visitas al mínimo, y la prohibición de recibir correspondencia, lo que supone una forma más de maltrato. Entre las víctimas se encontraban el corresponsal del periódico alemán Die Welt, Deniz Yücel, periodista de doble nacionalidad turca y alemana, en detención provisional desde el pasado febrero por “propaganda para una organización terrorista”. Su único delito fue entrevistar a Cemil Bayık, uno de los líderes del PKK, aunque en realidad su detención se debió a una disputa diplomática entre Turquía y Alemania.

 

Por otro lado, la situación de la prensa extranjera se ha visto cada vez más complicada por la denegación de visados para entrar en el país e incluso la deportación de periodistas. Este fue el caso del fotógrafo francés Mathias Depardon. El 8 de mayo fue detenido en la localidad de Hasankeyf, en el sureste del país, mientras hacía un reportaje sobre los ríos Tigris y Éufrates para la revista National Geographic. Pasó un mes privado de libertad en un centro de detención en la ciudad de Gaziantep, supuestamente por ser sospechoso de “propaganda para una organización terrorista”, en aparente alusión a unas imágenes tomadas a miembros del PKK que habían sido publicadas en el pasado en medios franceses. Finalmente, fue deportado el 10 de junio.

 

En septiembre, las autoridades turcas anunciaron la puesta en libertad del periodista francés Loup Bureau y su consecuente deportación a Francia, tras pasar más de 50 días en un centro de detención. Bureau fue detenido al sureste de Turquía, el 26 de julio, y trasladado, en prisión preventiva, a la cárcel de Şırnak, el 1 de agosto, acusado de “pertenecer a una organización terrorista”. Este cargo estaba basado en su trabajo periodístico en la región para un reportaje de televisión en 2013 sobre las milicias kurdas que combatían contra el Estado Islámico.

 

Por último, cabe destacar que debido a las amenazas de muerte que reciben los periodistas sirios en su país, muchos optaron por buscar refugio en Turquía, así como en otros países vecinos. Sin embargo, pese al exilio, la mayoría siguió temiendo por su seguridad y, a menudo, continuó siendo perseguida. En este sentido, al menos tres refugiados sirios han sido asesinados en Turquía desde 2015 en circunstancias todavía sin aclarar. El primero fue Naji Jerf, asesinado en Gaziantep, en diciembre de 2015. El pasado mes de junio se condenó a un miembro del Estado Islámico por el crimen, pero su familia no tuvo permitido estar representada en el juicio.