Trinidad y Tobago

31.12.2017 00:00

 

Puesto 34

de 180 países, en la CLASIFICACIÓN MUNDIAL 2017 de la Libertad de Prensa

 

 

Superficie: 5.128 km2

Población: 1.364.960 habitantes

Jefe de Estado: Anthony Thomas Aquinas Carmona

Presidente del Gobierno: Keith Rowley

PIB per cápita (US$ a precios actuales): 16.040

Tasa de alfabetización en adultos (mayores de 15 años): 99%

Porcentaje de usuarios de Internet: 69,2%

 

 

 

 

BARÓMETRO 2017

  • 0 Periodistas asesinados
  • 0 Internautas y periodistas ciudadanos asesinados
  • 0 Colaboradores asesinados
  • 0 Periodistas encarcelados
  • 0 Internautas y periodistas ciudadanos encarcelados
  • 0 Colaboradores encarcelados

 

 

 

En Trinidad y Tobago, un país donde la mayoría de los medios de comunicación son privados (y el gobierno sólo ofrece la publicidad oficial a las publicaciones que lo favorecen), una de las principales amenazas para el ejercicio de la libertad de prensa es la polémica ley que penaliza la difamación, enmendada en 2014. La ley permite castigar con multas y hasta con dos años de cárcel la publicación de información difamatoria y malintencionada. En 2017 se votaron varias propuestas de ley relativas a la cibercriminalidad que podrían tener un efecto nefasto en la libertad de prensa y la libertad de expresión en internet.

 

El 12 de mayo Reporteros Sin Fronteras escribió al primer ministro de Trinidad y Tobago, Keith Rowley, para manifestarle su preocupación por algunas disposiciones de la Ley de Delitos Informáticos cuya reforma estudiaba el Parlamento del país. La legislación amenaza la libertad de prensa, el acceso a la información y los datos que se guardan en internet.

 

La ley, necesaria para luchar contra el fraude informático, la suplantación de la identidad o la pornografía infantil, contiene sin embargo algunos aspectos especialmente dañinos para el libre flujo de información y noticias, que afectarían al debate público.

 

Por ejemplo, la sección 8 (1) establece: “Toda persona que de manera intencionada y sin excusa legal o justificación acceda a un sistema informático sin autorización, o exceda el acceso autorizado, u obtenga datos informáticos, está cometiendo un delito”. Los delincuentes pueden ser sentenciados a penas de hasta tres años de cárcel o el pago de multas de miles de euros.

 

Esta sección puede obstaculizar la libertad de prensa. En concreto, puede ser usada para penalizar a los periodistas y medios de comunicación por publicar informaciones sobre corrupción empresarial obtenida con fuentes confidenciales, aun cuando los periodistas crean que sus fuentes han obtenido legalmente su información” añadía la misiva firmada por Christophe Deloire, secretario general de Reporteros Sin Fronteras.