Tanzania

31.12.2018 00:00

 

Puesto 93

de 180 países, en la CLASIFICACIÓN MUNDIAL 2018 de la Libertad de Prensa

Superficie: 883.749 km2

Población: 57.310.019  78.736.150  habitantes

Jefe de Estado y Presidente del Gobierno: John Pombe Magufuli

PIB per cápita (US$ a precios actuales): 936

Tasa de alfabetización en adultos (mayores de 15 años): 80,4%

Porcentaje de usuarios de Internet: 13%

 

 

 

El año comenzó bajo la sombra de la desaparición, en noviembre de 2017, del periodista Azori Gwanda, corresponsal del periódico The Citizen (en suajili Mwananchi), mientras investigaba una serie de misteriosos asesinatos de policía y funcionarios en la región de Pwani. Un año después, el reportero sigue desaparecido y la inclinación del Gobierno tanzano de silenciar a todos los medios de comunicación posibles se ha intensificado extraordinariamente, sobre todo con la implantación de una nueva ley que impide en la práctica publicar libremente en Internet.

 

En abril, se aprobó y entró en vigor la Ley de contenidos en línea, que endurece e intensifica el control de las publicaciones en Internet, empezando por las tasas exorbitantes que se exigen para incluir las publicaciones en el registro obligatorio del país. Los permisos de publicación deben renovarse cada tres años y las tarifas son anuales. Por ejemplo, mantener un blog cuesta 900 dólares, una cantidad astronómica en relación con el salario mínimo. Aparte de eso, la nueva norma establece que cualquier contenido que pueda provocar desorden público o amenazar la seguridad nacional será sancionado con un año de prisión y elevadas multas de más de 2.000 dólares. Las organizaciones de derechos humanos denunciaron que el Gobierno pretende conseguir silenciar la blogosfera, ya que la nueva ley impide en la práctica que puedan crearse páginas web.

 

En junio, al cumplirse los plazos para regularizar el pago de las tasas establecidas, empezaron a ser evidentes las consecuencias de esa ley: se prohibió la publicación de noticias en foro Jamii, el más popular del país, por no cumplir, entre otros, con los requisitos de identificar sus fuentes y a sus suscriptores si lo piden las autoridades, y pagar las elevadas tasas establecidas.

 

En noviembre, dos activistas de la organización internacional Comité para la Protección de Periodistas fueron detenidos durante varias horas y sus pasaportes retirados cuando visitaban el país.