Sudán

31.12.2018 00:00

 

Puesto 174

de 180 países, en la CLASIFICACIÓN MUNDIAL 2018 de la Libertad de Prensa

Superficie: 1.879 km2

Población: 40.533.330  78.736.150 habitantes

Jefe de Estado y presidente del Gobierno: Omar Hassan Ahmed Al Bashir

PIB per cápita (US$ a precios actuales): 2.899

Tasa de alfabetización en adultos (mayores de 15 años): 58,6%

Porcentaje de usuarios de Internet: 28 %

 

 

 

El pasado año, se han producido en Sudan un total de 52 incautaciones arbitrarias de publicaciones periodísticas y se ha detenido a decenas de reporteros a los que jamás se ha acusado formalmente de nada, pero se les ha tratado de impedir que pudieran informar de lo que estaba pasando en el país. Sudán ha asistido, así, a una ola de detenciones y confiscaciones sin precedentes, que en todo momento ha convertido a los periodistas en el objetivo a batir, para que fuera silenciado el creciente descontento popular, que se ha traducido por numerosas protestas durante todo el año.

 

En enero, las autoridades confiscaron ocho periódicos según salían a la calle, sin explicaciones, ni control judicial de ningún tipo. Los secuestros de las ediciones se extendieron rápidamente a otras siete publicaciones más. El motivo fue que difundían informaciones relativas a la subida del precio del pan. Las confiscaciones y secuestros se volvieron a producir en días sucesivos, cuando se publicaron informaciones sobre las protestas que siguieron a la subida del precio de alimentos básicos, en las que murió al menos una persona.

 

Unos días más tarde, agentes del servicio nacional de inteligencia llegaron a detener hasta 18 periodistas, la mayoría redactores de medios nacionales, pero también de medios internacionales como la BBC, Al-Arabiya, Reuters o France Press, mientras cubrían las manifestaciones de protesta, que se prolongaron varios días en Jartum y otras ciudades. Catorce de los detenidos fueron liberados al día siguiente, pero la detención se prolongó varias semanas en el caso de la periodista Amal Habani, del digital Al-Taghyir, y los redactores Kamal Karrar, del diario Al-Midan; Ahmed Jaddein, del diario Al-Jareeda, y Haji Abdelrahman El Moz, del diario Akhbar El Yowm, a pesar de que ninguno fue acusado formalmente de nada.

 

Un mes después, en marzo, otros dos periodistas del diario independiente Al-Jareeda, Ashraf Abdelaziz y Hassan Warrag, fueron condenados a un mes de prisión, acusados de difamación por haber publicado, en noviembre de 2017, un caso de corrupción y haberse negado a pagar la multa de más de 900 dólares, con la que hubieran evitado la cárcel.

 

En junio, arreció el acoso de los servicios secretos contra la prensa, con nuevos secuestros de periódicos independientes. En el caso del diario Al-Tayyar, por publicar columnas de opinión en las que se sostenía que sería muy beneficiosa para la economía del país la renuncia del presidente Omar al-Bashir, en la lista de depredadores de la libertad de información de RSF, desde hace 30 años. En los interrogatorios a los que fue sometido uno de los periodistas, la policía le recordó que criticar al presidente es traspasar una línea roja. En el caso del diario Al-Jareeda fue por denunciar la persecución de los medios desde el Gobierno.

 

En noviembre, los servicios secretos propusieron una especie de tregua en su acoso a los medios, a cambio de que todos los directores firmasen una carta, denominada “carta del honor”, que prohibía cualquier publicación sobre sus actividades que no proporcionen ellos mismos y cualquier información sobre las relaciones exteriores de Sudan.

 

La tregua duró sólo unos días, ya que en diciembre de nuevo la subida de precios de alimentos y combustible volvió a provocar protestas generalizadas y la consiguiente represión contra los medios y los periodistas por informar sobre ello. Hubo al menos 37 muertos, según Amnistía Internacional, en los enfrentamientos con la policía, pero los servicios secretos pretendieron en todo momento impedir a los periodistas cubrir los acontecimientos, practicando numerosas detenciones, agrediendo a reporteros (tres de ellos resultaron heridos) y organizando redadas y registros en varios periódicos. Incluso se ordenó a las imprentas que no imprimieran nada sin el permiso previo del servicio de inteligencia.