Rusia

31.12.2017 00:00

 

Puesto 148

de 180 países, en la CLASIFICACIÓN MUNDIAL 2017 de la Libertad de Prensa

 

 

Superficie: 17.075.400 km2

Población: 144.342.400 habitantes

Jefe de Estado: Vladimir Putin

Presidente del Gobierno: Dmitry Medvedev

PIB per cápita (US$ a precios actuales): 8.748

Tasa de alfabetización en adultos (mayores de 15 años): 99,7%

Porcentaje de usuarios de Internet: 76,4%

 

 

 

 

BARÓMETRO 2017

  • 1 Periodista asesinado
  • 0 Internautas y periodistas ciudadanos asesinados
  • 0 Colaboradores asesinados
  • 5 Periodistas encarcelados
  • 1 Internauta y periodista ciudadano encarcelado
  • 0 Colaboradores encarcelados

 

 

 

Rusia ha dado en 2017 un paso más en su control de internet, con la aprobación en verano de dos leyes destinadas a prohibir el software que elude la censura online y a aumentar la presión sobre los buscadores y los servicios de mensajería. La gravedad de un ciberespacio hipercontrolado camina en paralelo al riesgo siempre existente en Rusia para ejercer el periodismo: periodistas asesinados en extrañas circunstancias, intentos de asesinato, detenciones masivas por cubrir protestas, encarcelamientos y humillaciones hacen de la Federación Rusa un peligroso lugar para ejercer el periodismo. La aprobación de la Duma de una nueva legislación que permite a las autoridades rusas declarar a cualquier medio como “agente extranjero” -medida adoptada tras la decisión del gobierno estadounidense de registrar al canal RT en los mismos términos (agente extranjero)- culminó un año de una fuerte ofensiva legislativa contra la libertad de información.

 

Los asesinatos de Nikolai Andrushchenko y Dmitry Popkov recuerdan el riesgo de investigar temas incómodos, a menudo vinculados con la corrupción, y la dificultad para luchar contra la impunidad de los asesinatos a periodistas, rodeados de intrigas e incertezas.

 

Andrushchenko, cofundador del semanario Novy Peterburg y conocido por sus investigaciones sobre corrupción, murió en un hospital de San Petersburgo el 19 de abril, 40 días después de haber recibido una severa paliza por individuos sin identificar que le dejaron tirado, inconsciente, en la calle.

 

Popkov fue hallado muerto el 24 de mayo, con nueve disparos. “Contamos lo que otros mantienen en silencio”, reza el eslogan de Ton-M, web especializada en política local, corrupción y abuso de poder, de la que era fundador y editor.

 

En marzo, la redada en el domicilio de la periodista Zoya Svetova, conocida opositora al gobierno ruso y activista de derechos humanos, puso de manifiesto el trato que otorgan las autoridades rusas a la prensa incómoda. Oficialmente la policía investigaba una malversación de fondos públicos hace 15 años del opositor Mikhail Khodorkovsky, exiliado en la actualidad, y fundador de varias organizaciones de la sociedad civil.

 

Ese mismo mes las autoridades detuvieron en Moscú al periodista uzbeko Khudoberdi Nurmatov y amenazaban con deportarle pese a llevar más de un año en Rusia trabajando para Novaya Gazeta. Todavía en marzo el Tribunal Supremo juzgaba el recurso de apelación interpuesto por el bloguero siberiano Alexei Kungurov, condenado en diciembre de 2016 a dos años y medio de cárcel por criticar la intervención rusa en Siria.

 

Las protestas que se produjeron contra la corrupción en varias ciudades del país a finales de marzo, concentraciones sin precedentes desde 2012, mostraron la dificultad que existe en el país para ejercer el derecho a la manifestación. Las cifras hablaban de casi 1.800 civiles detenidos, entre ellos al menos 14 periodistas. El periodista Aleksandr Nikishin, de Otkryty Kanal, fue condenado a cuatro días de detención administrativa por participar en manifestaciones “no autorizadas”. Y la periodista Sofiko Arifdzhanova fue juzgada meses más tarde por los mismos cargos.

 

En abril, Reporteros Sin Fronteras volvió a recordar la impunidad con la que actúa el régimen del presidente checheno Ramzan Kadyrov, ante las amenazas a los periodistas de Novaya Gazeta desde que el medio denunció la persecución que sufren los homosexuales en Chechenia. Tras la publicación en Novaya Gazeta de la detención de cientos de ciudadanos por parte de las autoridades chechenas, un asesor del presidente Kadyrov declaró que el periódico era: “un enemigo de nuestra fe y de nuestra patria”.

 

A lo largo del mes de julio el Parlamento ruso aprobó dos leyes que marcaban un punto de inflexión en la censura en internet. La primera obligaba a los servicios que eluden el bloqueo de sitios web -como VPN, servidores proxy o la red Tor- a bloquear páginas web que estuviesen prohibidas en Rusia, so pena de volverse ellas mismas inaccesibles en el país. La segunda, permitía a las autoridades exigir a las plataformas de servicios de mensajería, como WhatsApp y Telegram, la identificación de sus usuarios, y ordenar el bloqueo a ciertos abonados o mensajes.

 

La presión a plataformas extranjeras aumentaría a finales de año con una nueva ofensiva de multas y amenazas de cierre a plataformas como Telegram. Las autoridades rusas pretendían obtener los códigos que desencriptaban los mensajes de sus usuarios y amenazaban con cerrar la plataforma si persistía la negativa de Telegram.

 

Además de nuevas leyes sobre internet y el registro de medios de comunicación extranjeros, Rusia aplica desde hace tiempo una estricta legislación contra los movimientos extremistas que necesita ser reformada para impedir que continúe siendo utilizada con propósitos represivos. El periodista Alexander Sokolov fue condenado a tres años y medio de cárcel por “desarrollar las actividades de una organización extremista”, en alusión a la edición de la web de un grupo denominado Por un Gobierno Responsable” que pedía una referéndum para cambiar la Constitución rusa y permitir que los políticos puedan ser juzgados bajo el código penal.

 

El caso de Alexander Batmanov mostró la dureza e intransigencia represiva a la que están expuestos los periodistas en Rusia: pese a tener los tobillos rotos, estuvo meses en prisión preventiva por riesgo de fuga en Volgogrado. Había saltado por la ventana de la comisaría intentando huir, después de llevar un fin de semana preso, sin agua, sin comida, y sin intervención ni referencia a una autoridad judicial. Presentador del canal NGO-TV, Alexander Batmanov fue acusado de robar pan y salchichas.

 

En noviembre el periodista Igor Rudnikov, editor del semanario Novye Kolesa, tuvo que ser atendido médicamente tras pasar dos días detenido por el personal de seguridad de la asamblea regional de Kaliningrado. Le obligaron a salir del hospital -donde le curaban el brazo roto y las contusiones recibidas- para inspeccionar su domicilio y llevarle, aún en ropa interior, ante el juez de investigación. Se enfrentaba a una posible pena de 15 años de cárcel, acusado de chantajear al general Viktor Ledenev, director local del Comité de Investigación, órgano responsable de investigar los crímenes más graves en Rusia.

 

La periodista Yulia Zavyalova denunció un intento de asesinato, después de que su coche se quedara sospechosamente sin frenos, la noche del 25 de noviembre, en la ciudad de Volgogrado. Zavyalova edita la web Bloknot Volgograda, conocida por sus reportajes de investigación sobre casos de corrupción.

 

Además, el conflicto de Crimea continúa afectando a los periodistas años después de su anexión a Rusia. Nikolai Semana, reportero del servicio en Crimea de Free Europe/Radio Liberty, fue juzgado a principios de año-y condenado en septiembre- por “pedir públicamente la violación de la integridad territorial de la Federación Rusa”. Su delito, haber criticado la anexión de Crimea a Rusia.