Reino Unido

31.12.2017 00:00

 

Puesto 40

de 180 países, en la CLASIFICACIÓN MUNDIAL 2017 de la Libertad de Prensa

 

 

Superficie: 243.305 km2

Población: 65.637.239 habitantes

Isabel II

Presidente del Gobierno: Theresa May

PIB per cápita (US$ a precios actuales): 40.341

Tasa de alfabetización en adultos (mayores de 15 años): 99%

Porcentaje de usuarios de Internet: 95%

 

 

 

 

BARÓMETRO 2017

  • 0 Periodistas asesinados
  • 0 Internautas y periodistas ciudadanos asesinados
  • 0 Colaboradores asesinados
  • 0 Periodistas encarcelados
  • 0 Internautas y periodistas ciudadanos encarcelados
  • 0 Colaboradores encarcelados

 

 

 

El Reino Unido retrocede en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de RSF debido a los ataques a la libertad de prensa del gobierno británico, que éste suele justificar con el argumento de la seguridad interior. El Parlamento adoptó la legislación más severa en la historia del Reino Unido en materia de vigilancia, la Investigatory Powers Act. Esta nueva ley relativa a la información no ofrece suficiente protección a los informantes, a los periodistas ni a sus fuentes y constituye una seria amenaza para el periodismo de investigación. El nuevo proyecto de “ley de espionaje”, presentado por la comisión jurídica, es aún más preocupante pues, de aprobarse, permitirá calificar fácilmente de “espías” a los periodistas que hayan obtenido información confidencial y permitirá condenarlos a penas que van hasta los 14 años de prisión. La “sección 40” de la Crime and Courts Act 2013 también sigue siendo tema de preocupación, sobre todo las medidas de sanción, que pueden obligar a un editor de prensa a asumir el costo de todas las demandas presentadas en su contra, sin distinción. RSF expresó su profunda preocupación por las nuevas propuestas de ley en Reino Unido. Por otra parte, la agencia de control de fronteras británica (UK Border Agency) le quitó el pasaporte a una periodista siria, lo que constituye un mensaje preocupante para los periodistas extranjeros críticos, que podrían ser el blanco de su propio gobierno en territorio británico.

 

En un documento de consulta de 326 páginas recientemente publicado bajo el título de Protección de Datos Oficiales (Protection of Official Data), la Comisión de Derecho propone sustituir la Ley de Secretos Oficiales por una "Ley de Espionaje" actualizada. Aunque la propuesta se abrió para una consulta pública hasta el 3 de abril, la comisión desarrolló las recomendaciones iniciales sin aportaciones significativas de ONG y medios de comunicación, dejando fuera a los principales interesados en un asunto serio y de interés público.

 

Según lo propuesto, la ley redefiniría el espionaje como un acto "capaz de ser cometido por alguien que no sólo comunica la información, sino también por una persona que la haya obtenido o la recoja". No habría "ninguna restricción sobre quién puede cometer el delito", y la máxima pena de prisión por esos delitos se incrementarían de dos años a la asombrosa cifra de 14 años. El ámbito de aplicación de la ley también se ampliaría para incluir información que dañe el "bienestar económico".

 

"La actitud cada vez más hostil del gobierno británico hacia los periodistas y denunciantes es alarmante, sobre todo visto en el contexto de otra serie de preocupantes movimientos contra la libertad de prensa en los últimos meses", dijo Rebecca Vincent, directora de la Oficina de RSF en el Reino Unido.

 

"La amenaza de ser etiquetado como espía y de pasar una larga temporada en la cárcel por hacer un trabajo periodístico legítimo sería un impedimento grave para muchos periodistas y tendría un efecto negativo significativo en los medios de comunicación, lo que restringe el derecho del público a acceder a la información".

 

Siguiendo esa línea de restricción de la libertad de prensa, la ministra del Interior, Amber Rudd, anunció el 2 de octubre un plan para criminalizar las visitas a webs de contenidos extremistas. La nueva legislación contemplaría penas de hasta 15 años de cárcel para cualquier persona que vea de una manera “repetida” este tipo de contenidos.

 

El su anuncio, que se produjo en la conferencia en Manchester del partido conservador, de Rudd añadió que de esa forma se aseguraba “cerrar así una importante laguna legislativa”. Tras las preguntas de la audiencia, afirmó: “No necesito saber cómo funciona la encriptación para saber que está ayudando a criminales”.

 

RSF ya criticó con anterioridad los llamamientos de Rudd –de los que se ha hecho eco la primera ministra, Theresa May– para restringir el uso de herramientas de encriptación, como WhatsApp. En julio, Rudd afirmaba en The Telegraph, que a la “gente real” no le importa la seguridad de sus comunicaciones online.



RSF condenó las amenazas contra la periodista de la BBC Laura Kuenssberg, a finales de septiembre, e informó que se le había asignado un guardaespaldas para protegerla mientras cubría la conferencia del Partido Laborista en Brighton.

 

Desde el año pasado, Laura Kuenssberg -la primera mujer jefe de información política de la BBC- se ha enfrentado a un torrente de abusos online y amenazas relacionadas con sus informaciones de acontecimientos como el referéndum de la UE y las elecciones por el liderazgo del Partido Laborista. Ha sido acusada de parcialidad en su cobertura, y sometida a una petición divulgada por partidarios laboristas pidiendo que la BBC la despida. La propuesta reunió más de 35.000 firmas antes de ser retirada.