Pakistán

31.12.2018 00:00

 

Puesto 139

de 180 países, en la CLASIFICACIÓN MUNDIAL 2018 de la Libertad de Prensa

Superficie: 796.095 km2

Población: 197.015.955 habitantes

Jefe de Estado: Arif Alvi [desde el 9 de septiembre de 2018, en sustitución de Mamnoon Hussain]

Presidente del Gobierno: Imran Khan [desde el 18 de agosto de 2018, en sustitución de Shahid Khaqan Abbasi]

PIB per cápita (US$ a precios actuales): 1.548

Tasa de alfabetización en adultos (mayores de 15 años): 56,4%

Porcentaje de usuarios de Internet: 15,5%

 

 

El poder de traficantes y políticos locales continúa siendo la principal amenaza para el ejercicio del periodismo en Pakistán, un país demasiado acostumbrado a perder anualmente víctimas mortales en el gremio de los informadores.

 

Zeeshan Ashraf Butt fue asesinado el 27 de marzo en Begowala, en la provincia de Punjab. Le disparó el alcalde Iniran Chhema cuando intentaba entrevistarle a la salida del ayuntamiento. El periodista se había desplazado a la localidad para cubrir las protestas desatadas por los nuevos impuestos a comerciantes.

 

Abid Hussain fue tan brutalmente agredido en la misma provincia de Punjab que murió al día siguiente en un hospital. “Hoy te vamos a dar una lección por escribir contra nosotros”, le advirtieron sus asaltantes. Hussain era autor de numerosos artículos sobre el tráfico de drogas en la provincia.

 

En octubre, de nuevo un periodista paquistaní rompió el código de silencio sobre las actividades de los narcotraficantes. Sohail Kkan fue asesinado en Haripur, a 60 kilómetros de Islamabad, justo después de haber pedido protección policial por las amenazas recibidas con anterioridad.

 

Mientras, los servicios de Inteligencia continúan persiguiendo a la prensa. En enero las autoridades ordenaron el cierre de Radio Mashaal, a petición del espionaje paquistaní, porque sus contenidos eran “contrarios a los intereses de Pakistán” y “en línea con una agenda de Inteligencia hostil”.

 

Ser periodista en Pakistán supone hacer frente a varios enemigos de la libertad de prensa, entre los que destacan las autoridades. En marzo se produjo de nuevo un nuevo ejemplo del acoso constante de las fuerzas de seguridad de la región de Sindh, una provincia marcada por el feudalismo y el conservadurismo tribal. Rafakat Ali Jarar, del Daily Koshish, y Kamran Sahito, fueron detenidos por la policía, que tardó varios días en reconocer que estaban bajo su custodia. Jarar fue acusado de terrorismo y Sahito de allanamiento de morada.

 

En abril se suspendieron las emisiones de GEO TV en el 80% del país, mientras el Gobierno negaba su responsabilidad y la Autoridad Reguladora de Medios ordenaba su restablecimiento. Sin autor reconocido, las sospechas de la suspensión se volvieron contra el Ejército y su control de las redes de cable de todos los distritos, incluidas las emisiones de GEO TV.

 

Ese mismo mes medio centenar de periodistas lanzó una recogida de firmas para protestar por la censura de varios medios de comunicación que se negaban a dejar de cubrir las actividades que el Ejército quiere mantener al margen del escrutinio informativo.

 

El diario The News censuró a tres colaboradores de sus páginas de opinión y se negó a publicar un editorial de Mosharrat Zaidi que quería abordar el movimiento Pashtun Tahafuz, que defiende los derechos de la minoría pashtum y denuncia las violaciones de sus derechos por parte de los militares.

 

Igualmente se censuraron las palabras del primer ministro apartado por el Tribunal Supremo en 2017, Nawaz Sharif.

 

Un mes más tarde las autoridades retiraron la distribución de Dawn, uno de los diarios más antiguos del país, por publicar una entrevista con el ex primer ministro. Se acusó al diario de “intentar minar la soberanía o integridad de Pakistán como un país independiente”. En septiembre las autoridades detuvieron al periodista Cyril Almeida por la entrevista.

 

En julio la campaña electoral estuvo marcada por numerosos ataques a la prensa. El deseo de control del Ejército puso de manifiesto su resistencia a someterse a la democracia. El 13 de julio las autoridades censuraron la cobertura de la detención del ex primer ministro, condenado a diez años de cárcel días antes.

 

Finalmente, una redada en noviembre de la policía en el Club de Prensa de Karachi, sin orden judicial, supuso un acto de intimidación y provocación contra los profesionales de la información sin precedentes en el país.