Nicaragua

31.12.2018 00:00

 

Puesto 90

de 180 países, en la CLASIFICACIÓN MUNDIAL 2018 de la Libertad de Prensa

Superficie: 31.12.2018 00:00 km2

Población: 6.217.581habitantes

Jefe de Estado y Presidente del Gobierno: José Daniel Ortega Saavedra

PIB per cápita (US$ a precios actuales): 2.222

Tasa de alfabetización en adultos (mayores de 15 años): 82,5%

Porcentaje de usuarios de Internet: 24,6%

 

 

 

Censura, intimidaciones, amenazas. Las elecciones presidenciales en las que Daniel Ortega fue reelegido para un tercer mandato consecutivo (noviembre de 2016) estuvieron marcadas por una serie de ataques contra los medios de comunicación nicaragüenses, sobre todo independientes y de oposición. El gremio periodístico está muy estigmatizado en Nicaragua. Los periodistas suelen ser víctimas de campañas de acoso, de detenciones arbitrarias y de amenazas de muerte; en las manifestaciones a menudo son agredidos, pues se considera que toman partido. La Constitución de Nicaragua sólo tolera las críticas "constructivas", un término impreciso que permite al Gobierno censurar y limitar la libertad de información. Este año, un periodista fue asesinado mientras transmitía en directo protestas contra el régimen.

 

El periodista Ángel Eduardo Gahona fue una de las numerosas víctimas de la ola de protestas e indignación que sacude a Nicaragua desde el 18 de abril. Los enfrentamientos entre manifestantes –muchos de ellos estudiantes– y la policía, acusada de un uso excesivo de la fuerza, han dejado un saldo de al menos 42 muertos y 48 desaparecidos, según el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).

 

Ángel Gahona, de 42 años, era director del noticiero El Meridiano y corresponsal de Canal 6 Nicaragua. Fue asesinado el 22 de abril de un disparo en la cabeza cuando transmitía en directo en Facebook Live las manifestaciones en Bluefields. Aún se desconoce la identidad del asesino, pero según colegas del diario La Prensa, cuando ocurrieron los hechos solo la policía y los agentes antidisturbios estaban armados.

 

El Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones (Telecor) ordenó que dejaran de difundirse cuatro canales de televisión –Canal 100% Noticias, Canal 12, Canal 23 y Canal 51– que informaban sobre las protestas. Una operación de censura denunciada el 24 de abril por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

 

Por otra parte, desde el inicio de las manifestaciones se registraron en el país varios ataques informáticos a medios de comunicación del Estado o cercanos al Gobierno del Presidente Daniel Ortega, reivindicados por el colectivo Anonymous.

 

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y Reporteros Sin Fronteras (RSF), en una conferencia de prensa celebrada en Managua a mediados de agosto, demandaron al Gobierno de Daniel Ortega el cese de la violencia, así como que se investigaran y sancionaran las agresiones, y se respete el cumplimiento de las medidas cautelares reclamadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a periodistas y sus familiares.

 

Ambas organizaciones consideraron que la libertad de prensa se halla bajo un claro acoso por parte de autoridades y agencias policiales, y señalaron que la responsabilidad política y jurídica de esta regresión en el ejercicio de las libertades corresponde en términos políticos, jurídicos e históricos al Gobierno que encabezan el Presidente Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.

 

Ambas organizaciones aplaudieron el creciente uso de las redes sociales para difundir contenidos noticiosos, lo que permitió a la población participar y estar informada frente a la censura oficialista. Asimismo, destacaron que los medios de comunicación y los periodistas estén desarrollando modelos de solidaridad y autoprotección, y propusieron que fueran extendidos a sus colegas del interior del país.

 

El 24 de noviembre, el periodista de Radio Corporación, Gustavo Jarquín, fue detenido e insultado por tres policías, cerca de las oficinas de la emisora, en Managua. “Ah, vos trabajás en la radio terrorista, golpista”, le dijo uno de los policías que lo golpearon violentamente en la cara.

 

Ese mismo día, unos policías amenazaron de muerte a Miguel Mora, director y propietario del Canal 100% Noticias y a su esposa, Verónica Chávez, presentadora del programa “Ellas lo dicen”. La policía llevaba varias semanas acosando al periodista, quién se percató de que había individuos que lo vigilaban fuera de su casa y de su trabajo. El 25 de noviembre, un dron sobrevoló durante varias horas su domicilio. El 30 de noviembre, lo subieron a la fuerza a una patrulla de policía; los agentes lo golpearon y lo amenazaron de muerte mencionando a miembros de su familia. Desde el 24 de noviembre, Miguel Mora fue detenido seis veces por la policía. Fue presentada una denuncia de las autoridades contra él  por incitar al odio y por difundir campañas de odio en su canal y su web.

 

Carlos Salinas Maldonado, periodista y editor del digital confidencial.com.ni, y corresponsal de El País en Nicaragua, sufrió frecuentes ataques informáticos y campañas de acoso en internet. A veces, patrullas de policía vigilan su casa. El 27 y el 28 de noviembre, unos hombres que circulaban en motocicleta lo siguieron en el trayecto de su casa a la redacción de Confidencial y le gritaron: “estás cagado, verdad, estás cagado”.

 

La censura y los intentos de desestabilización adoptan formas variadas. El 30 de noviembre, el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor) pidió a las empresas operadoras de cable que dejaran sin servicio al Canal 100% Noticias sin ofrecer ninguna explicación. Y lo mismo les ha ocurrido a lo largo del año a numerosas empresas: Canal 12, Telenorte, CDNN23, Canal 23 y Canal 51, entre otros. Días antes, en el departamento de León, agentes de policía irrumpieron en la casa de Álvaro Montalván, director de Radio Mi Voz, donde se encuentran las instalaciones de la emisora, y desmantelaron las antenas.

 

Los medios de comunicación comunitarios y las radios locales, alejados de los centros urbanos, padecen de lleno esta purga mediática. El 23 de noviembre, en el departamento de León –uno de los más afectados por la censura y la represión donde los partidarios del Gobierno sandinista y la Policía Nacional son particularmente  activos–, miembros de la redacción de Radio Darío fueron interceptados, insultados y detenidos arbitrariamente por la policía antimotines, que los dejaron en libertad horas después. Con anterioridad, las instalaciones de la emisora fueron incendiadas y destruidas por simpatizantes de Daniel Ortega.

 

En Matagalpa, miembros de la redacción de Radio Vos sufrieron una suerte similar. El 3 de diciembre, un grupo de policías se presentó en el lugar desde donde opera actualmente Radio Darío y ordenó apagar los equipos a la vez que intimidó a los empleados. También RSF registró otros casos de periodistas perseguidos en León; de Eddy López, corresponsal del diario La Prensa; de Álvaro Montalván y de varios trabajadores de Radio Mi Voz.

 

La noche del 13 de diciembre, la policía asaltó, sin orden judicial, la redacción del Confidencial, dirigido por un hijo de la expresidenta Violeta Chamorro.

 

RSF también lamentó y denunció la detención arbitraria de Luis Sánchez Sancho, periodista y columnista del diario La Prensa, de 76 años, quien pasó seis días detenido tras un accidente de tráfico banal, así como el exilio forzado de Carlos Pastora (Canal 10), de Edgardo Pinell (VOS TV y Canal TV) y Jaime Arellano, conductor del programa “Jaime Arellano” en La Nación, transmitido por 100% Noticias, y de Goette-Luciak, quien el 25 de noviembre decidió salir del país. Goette-Luciak, periodista independiente de nacionalidad austríaco-estadounidense, vivía desde hacía tres años en Nicaragua, donde trabajaba como corresponsal de diversos medios de comunicación internacionales, entre ellos el diario británico The Guardian. Su dirección fue publicada en las redes sociales, donde se incitó a asesinarlo. Amenazado de muerte, el reportero se vio obligado a esconderse y finalmente fue detenido por la policía. El 1 de octubre, fue expulsado del país. Actualmente vive en Estados Unidos.