México

31.12.2017 00:00

 

Puesto 147

de 180 países, en la CLASIFICACIÓN MUNDIAL 2017 de la Libertad de Prensa

 

 

Superficie: 1.972.550 km2

Población: 127.540.423 habitantes

Jefe de Estado y Presidente del Gobierno: Enrique Peña Nieto

PIB per cápita (US$ a precios actuales): 8.208

Tasa de alfabetización en adultos (mayores de 15 años): 94,5%

Porcentaje de usuarios de Internet: 59,5%

 

 

 

 

BARÓMETRO 2017

  • 11 Periodistas asesinados
  • 0 Internautas y periodistas ciudadanos asesinados
  • 0 Colaboradores asesinados
  • 0 Periodistas encarcelados
  • 0 Internautas y periodistas ciudadanos encarcelados
  • 0 Colaboradores encarcelados

 

 

 

Desde comienzos de 2017, once periodistas fueron asesinados en México. En cuatro de estos casos se pudo confirmar que el crimen estuvo relacionado directamente con su actividad periodística, lo que hace de este país, supuestamente en paz, el más mortífero del mundo para la profesión. Tan es así que, el 2 de febrero y con el título ‘Veracruz: los periodistas frente al Estado de miedo’, RSF mostraba las dificultades a las que se enfrentan quienes ejercen el trabajo de periodistas en este Estado, uno de los más violentos de México y del continente americano. Asimismo, hacía una serie de recomendaciones para garantizar la libertad de expresión.

 

El primer homicidio se produjo el 2 de marzo en el estado de Guerrero. Cecilio Pineda Birto, de 39 años, fue asesinado a sangre fría en Ciudad Altamirano. Pineda era director del diario La Voz de la Tierra Caliente y colaborador de los periódicos El Universal y El Debate, donde era especialista en información policial. Se expresaba de forma clara y abierta; era un periodista crítico frente a la corrupción del gobierno local. Debido a ello, había padecido amenazas e intentos de asesinato durante años.

 

Diecisiete días después, el 19 de marzo, Ricardo Monlui, de 57 años, fue asesinado de la misma manera que Pineda: a balazos. Fue en Yanga (Veracruz), cuando salía de un restaurante y se dirigía a su automóvil. Iba acompañado por su mujer y su hijo.


Monlui era el director del diario local El columnista y era presidente de la Asociación de Periodistas y Reporteros Gráficos de Córdoba y su región. En sus publicaciones solía abordar temas como los conflictos entre las autoridades de Veracruz y los productores y trabajadores del sector de la caña de azúcar, una de las principales actividades de la región.

 

Los asesinatos no acabaron con éste en el mes de marzo. El día 23, Miroslava Breach, de 54 años, que trabajaba para los diarios La Jornada y Norte de Ciudad Juárez, fue asesinada a balazos cuando se encontraba en su automóvil. Murió mientras era trasladada al hospital. La periodista cubría temas relacionados con el crimen organizado y la corrupción; acababa de publicar un reportaje sobre un conflicto armado entre los líderes de un grupo delictivo relacionado con el Cártel de Juárez.

 

Maximino Rodríguez Palacio repetía que su trabajo no le daba miedo, que estaba dando la cara, firmando sus informaciones. Pero sus artículos y sus columnas molestaron al crimen organizado y fue acribillado a balazos. Eso piensa Cuauhtémoc Morgan, el director del medio para el cual trabajaba en la Baja California. Desde un vehículo le dispararon al estacionar el suyo en un aparcamiento el 14 de abril. Rodríguez tenía 73 años. Su esposa, que también estaba en el coche, sobrevivió al atentado.

 

De tres tiros asesinaron a Filiberto Álvarez Landeros, de 65 años, periodista y locutor de Morelos, cuando salía de su programa de radio, a finales de abril. El homicidio del periodista y locutor ocurrió en el municipio de Tlaquiltenango, en Morelos. La noticia del asesinato no se difundió el mismo día porque no había sido identificado con su nombre completo. Sin embargo, el diputado federal Javier Bolaños Aguilar pidió en las redes sociales el esclarecimiento del crimen y los reporteros terminaron identificando al periodista. “Demando de las autoridades, el esclarecimiento de este delito y la aplicación de sanciones severas para los autores materiales e intelectuales, a pesar de que existe poca confianza de la ciudadanía respecto a la actuación de sus autoridades”, dijo.

 

El 15 de mayo fue asesinado a balazos, a plena luz del día, Javier Valdez Cárdenas, de 50 años, en Culiacán (Sinaloa). Estaba especializado en asuntos del narcotráfico y en 2016 publicó un libro titulado Narco Periodismo. La prensa en medio del crimen y la denuncia. Valdez Cárdenas trabajaba para el diario nacional La Jornada, el semanario local Río Doce y colaboraba con la AFP desde hacía más de 10 años.

 

Tras el asesinato de Valdez Cárdenas, el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, se comprometió a proteger mejor a los periodistas. Desde que Peña Nieto llegó al poder, el 1 de diciembre de 2012, al menos 27 periodistas han sido asesinados debido a su labor informativa.

 

La policía mexicana encontró el cuerpo calcinado de Salvador Adame Pardo a finales de junio. El periodista había desaparecido el 18 de mayo en una carretera de Nueva Italia (Michoacán). El 21 de junio la policía detuvo a dos presuntos responsables del secuestro y asesinato del periodista. Según sus primeras declaraciones, el jefe de un grupo criminal que opera en la región de Tierra Caliente, conocido como El Chano Peña, fue quien dio la orden de matar al reportero y quemar su cuerpo, supuestamente por “problemas personales”. Adame era conocido por su postura crítica frente a las autoridades locales.

 

El 9 de julio fue asesinado en Veracruz a plena luz del día el periodista hondureño Edwin Rivera Paz, quien se había refugiado en México por miedo a represalias, pues el 17 de enero su compañero de trabajo Igor Padilla fue asesinado en Honduras.

 

Cándido Ríos Vázquez, quien gozaba de medidas de protección del gobierno federal desde hacía seis meses, fue asesinado el 22 de agosto. Era corresponsal del Diario de Acayucán y fundador de La Voz de Hueyapán. Otras dos personas fallecieron en el ataque, uno de ellos era Víctor Antonio Alegría, ex inspector de la policía municipal de Acayucán.

 

El cuerpo del joven fotoperiodista Edgar Daniel Esqueda Castro, secuestrado en su casa por varios individuos el 5 de octubre, en San Luis Potosí, fue localizado al día siguiente en las vías del tren. Edgar Daniel trabajaba en el digital Vox Populi de San Luis Potosí, cubría la sección policial. También había colaborado con los diarios locales El Heraldo y Plan Informativo; asimismo, había creado un medio de comunicación en internet: Infórmate Potosino. En junio, cuando cubría la escena de un crimen, la policía le quitó su cámara y le obligó a suprimir las imágenes. Tras ello, Edgar presentó una denuncia ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos en San Luis Potosí. El Mecanismo Nacional de Protección le denegó la protección.

 

En tres días, cuatro periodistas fueron víctimas de amenazas de muerte con el objetivo de que dejasen su trabajo informativo. El 19 de julio, desconocidos dispararon al automóvil de Luis Rubén López Domínguez, corresponsal del diario Tabasco Hoy y dejaron un mensaje en el parabrisas donde le amenazaban de muerte y le exigían que dejara de publicar información de Facebook.

 

Ese mismo día, en las calles de Cancún aparecieron dos mantas firmadas supuestamente por Los Zetas, uno de los cárteles más violentos del país, en las que amenazaban de muerte a Pedro Canché, editor del portal de noticias Pedro Canché Noticias, y Amir Ibrahim, director del portal de noticias El QuintanaRoo.

 

Dos días después, el 21 de julio, en Morelia, José Maldonado Sotelo, director de la agencia de noticias 90 Grados, recibió amenazas por información publicada sobre la Procuraduría General de Justicia del Estado.

 

En una conferencia de prensa celebrada en Ciudad de México el 19 de junio, varios periodistas, activistas y defensores de los derechos humanos denunciaron acciones de vigilancia ilegal llevadas a cabo por el gobierno mexicano. Estas acusaciones se basan en un informe publicado en The New York Times que revelaba que al menos seis periodistas habían recibido sms en su móvil en los que aparecía un link, que, al abrirlo, infectaba su teléfono con el software malicioso (malware). Este programa espía, llamado Pegasus, vendido exclusivamente a gobiernos por la firma israelí NSO, permite tener acceso a toda la información que hay en el teléfono y que el dispositivo sea espiado.

 

Reporteros sin Fronteras, el Club Nacional de Prensa y el Instituto Newseum condenaron la decisión de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos de negar la entrada al país del periodista mexicano Martín Méndez. Estas organizaciones consideran esta decisión como un intento de silenciar a Méndez y evitar que el periodista amenazado narre su historia en Estados Unidos.

 

RSF alertó al Relator Especial de las Naciones Unidas para la Libertad de Opinión y Expresión, David Kaye, y el Relator Especial para la libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA), Edison Lanza, quienes estuvieron en México del 27 de noviembre al 4 de diciembre, en visita conjunta sobre la situación de los periodistas víctimas de desplazamiento forzado. El que los reporteros se vean obligados a dejar su lugar de residencia debido a las amenazas de muerte en su contra es una tendencia cada vez más alarmante en México.

 

Tan sólo en este año, RSF dio seguimiento a 9 casos de periodistas mexicanos que padecían amenazas, habitaban en algunos de los estados más violentos del país (Guerrero, Sinaloa, Tamaulipas, Quintana Roo, Baja California y Michoacán) y habían optado por dejar sus ciudades de origen por razones de seguridad, algunos de ellos acompañados de sus familias. La mayoría de estos reporteros contaban con las medidas urgentes del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y se refugiaron en la Ciudad de México. De 2010 a la fecha 13 periodistas se encuentran refugiados fuera del país.

 

En diciembre RSF condenó el intento de deportación del departamento de inmigración estadounidense del periodista Emilio Gutiérrez Soto, que lleva pidiendo asilo en Estados Unidos desde 2008 por las amenazas de muerte recibidas en conexión con su trabajo periodístico.

 

La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) ha registrado más de 300.000 casos de mexicanos, de todas las profesiones, que han debido desplazarse en el país desde 2009. En 2017, RSF contabilizó 11 casos de periodistas asesinados en los que el crimen estuvo relacionado con su profesión, lo que hace de México el segundo país más mortífero del mundo para la prensa.

 

RSF felicitó al periodista mexicano Marcos Vizcarra, distinguido con el premio Peter Mackler 2017, que recompensa la valentía y la ética periodística. Con base en Culiacán, Vizcarra, de 29 años, publica en el diario Noroeste temas sobre corrupción, violencia, justicia o derechos humanos. Su trabajo se concentra especialmente en las desapariciones de civiles mexicanos, así como en la ineficacia del gobierno en este aspecto. Su trabajo puso al descubierto la corrupción dentro de las instituciones regionales y sus relaciones con el cártel de Sinaloa.

 

Carmen Aristegui, nunca se ha andado con rodeos cuando trata de denunciar la corrupción. Esta periodista, que dirige el programa Aristegui en CNN en español y el sitio web informativo Aristegui Noticias, desde hace años padece presiones y amenazas debido a su posición crítica frente al gobierno. En noviembre de 2016 le sustrajeron de la redacción dossiers de investigaciones en curso. En junio periodistas y activistas denunciaron que el gobierno mexicano empleaba tecnología informática (el software malicioso Pegasus) para vigilar de forma ilegal a periodistas. Aristegui fue víctima de este programa espía. Aristegui Noticias había revelado el escándalo de la Casa Blanca –caso de corrupción en el que estuvo implicada la esposa del presidente de la República–. La periodista fue una de las finalistas al Premio RSF 2017.

 

Río Doce, que optó al Premio RSF 2017, es un semanario publicado en versión impresa y electrónica que fue fundado en 2003 en el estado de Sinaloa, México, uno de los más afectados por el crimen organizado. La revista se especializa en investigaciones de largo aliento. Debido a que posee una línea editorial independiente y una postura crítica, muchos de sus periodistas han sido amenazados y Río Doce ha sido denostado públicamente por las autoridades de Sinaloa. El 15 de mayo, uno de sus fundadores, Javier Valdez Cárdenas, fue asesinado a balazos por hombres encapuchados.