Kenia

31.12.2017 00:00

 

Puesto 95

de 180 países, en la CLASIFICACIÓN MUNDIAL 2017 de la Libertad de Prensa

 

 

Superficie: 582.646 km2

Población: 48.461.570  habitantes

Jefe de Estado y Presidente del Gobierno: Uhuru Kenyatta

PIB per cápita (US$ a precios actuales): 1.455

Tasa de alfabetización en adultos (mayores de 15 años): 78%

Porcentaje de usuarios de Internet: 26%

 

 

 

 

BARÓMETRO 2017

  • 0 Periodistas asesinados
  • 0 Internautas y periodistas ciudadanos asesinados
  • 0 Colaboradores asesinados
  • 0 Periodistas encarcelados
  • 0 Internautas y periodistas ciudadanos encarcelados
  • 0 Colaboradores encarcelados

 

 

 

El año informativo en Kenia ha estado marcado por el acoso del gobierno sobre medios y periodistas, con medidas de asfixia económica, restricciones legislativas, expulsiones, despidos, agresiones y persecuciones que, según los medios independientes del país, respondió a la preparación del terreno para las elecciones que se celebraron en agosto, y que fueron anuladas por la Corte Suprema del país por graves irregularidades. Se produjeron disturbios con docenas de muertos. Las elecciones se repitieron en octubre con la victoria aplastante del presidente Uhuru Kenyatta, dado que la oposición boicoteó los comicios al no considerarlos fiables.

 

A principios de año fue expulsado del país sin ninguna explicación el periodista británico Jerome Starkey, que había estado trabajando como corresponsal en Kenia los últimos cinco años para The Times. En las mismas fechas el jefe de fin de semana del Daily Nation fue despedido después de publicar un editorial con un balance negativo del mandato del presidente Kenyatta. No era el primer caso. El año anterior fue despedido del mismo periódico por las presiones del gobierno el humorista gráfico Godfrey Gado Mwampembwa, por una caricatura del ex presidente de Tanzania Jakaya Kikwete.

 

Estos hechos se suman a otros que menudean desde años anteriores. El caso más grave fue en 2015 con el asesinato, aún sin resolver, de John Kituyi, director del Mirror Weekly, que investigaba la intimidación que sufrían los testigos del caso contra el presidente suplente Willian Ruto en la Corte Penal Internacional.

 

En marzo las autoridades prohibieron insertar publicidad institucional en los medios privados, según detalló el Daily Nation, que reveló que la orden fue dictada por el jefe de estado mayor y la ministra de la Función Pública, y que la prohibición incluye  las ofertas de empleo y la convocatoria de concursos públicos, lo que priva a las empresas de hasta un tercio de sus ingresos anuales.

 

La situación no es mejor en los medios estatales de la Kenya Broadcansting Cooperation, por la constante presión del gobierno, que obliga a dar menos tiempo en antena a los rivales políticos del partido en el gobierno y a retratar sus actividades de forma negativa. La autocensura es la única garantía para no ser despedido.

 

Según se fueron acercando las elecciones periodistas y medios se convirtieron en víctimas preferentes de los ataques del gobierno contra la libertad de información. Se aplicaron nuevas medidas reguladoras sobre medios y redes sociales y disminuyó considerablemente la capacidad de producir y difundir noticias e información libre. Se contabilizaron al menos cinco casos de violencia contra ocho periodistas por parte de personalidades públicas o de sus guardaespaldas después de que los informadores tocaran temas delicados, especialmente si cubrían actos organizados por la oposición, o si publicaban comentarios negativos sobre el partido del presidente Kenyatta. No se han abierto investigaciones por ningún caso a pesar de las denuncias.

 

En abril fue agredida la reportera Winnie Atieno, del grupo Nation Media, que estaba cubriendo las primarias de un partido opositor. La policía le quitó su teléfono y le borró todas las fotos y notas.

 

En mayo, Dan Ocholla, periodista del diario Standard, recibió una paliza de los guardaespaldas del gobernador del condado de Kakamega cuando fotografiaba a unos trabajadores heridos por el derrumbe de un edificio en construcción.

 

En junio fue detenido Walter Menya, reportero del periódico Sunday Nation, después de escribir artículos que implicaban a altos funcionarios en el uso de una fundación para sufragar la campaña de reelección de Kenyatta con fondos ilegales.

 

También en junio el reportero Emmanuel Namisi, del grupo Royal Media, sufrió una grave herida en la cabeza al ser atropellado y maltratado por los guardaespaldas del gobernador del condado de Bungoma, al que el periodista había acusado de corrupción en un reportaje de radio. En esa información también acusó a los guardaespaldas del gobernador de haber causado la muerte por atropello de una mujer durante una manifestación.

 

Además, tres periodistas del grupo Mediamax, Sarah Ndungu y Charles Mathai, del People Daily, y el cámara televisión Patrick Kimanthi, del canal K24, resultaron gravemente heridos por los manifestantes mientras cubrían una visita del gobernador de Nairobi al distrito de Dandora para resolver una disputa de tierras.

 

En cuanto a la legislación, desde principios de 2017, se enviaron directrices a los medios sobre cómo cubrir las elecciones. Para "evitar la violencia" se prohibía a los medios anunciar los resultados electorales, y se exigía que los periodistas guardaran sus notas y grabaciones durante seis meses y se aseguraran de que los invitados en programas de radio y televisión midieran sus palabras y no incitaran al odio durante las emisiones. Los periodistas serían responsables, según la directiva gubernamental.

 

En junio se impusieron además "directrices" para controlar y restringir comentarios en Facebook, WhatsApp y Twitter durante las elecciones, con multas de hasta 7.700 euros y penas de cinco años de prisión por discursos de odio o incitación a la violencia y un sistema de revisión y validación previa a la publicación de mensajes de carácter político.

 

Kenia invirtió en 2016 más de tres millones de euros en una tecnología para vigilar las comunicaciones de telefonía móvil que permite controlar llamadas, mensajes SMS y transacciones de dinero sin necesidad de una orden judicial. En Kenia no hay ninguna ley de protección de datos.