Israel

31.12.2018 00:00

 

Puesto 87

de 180 países, en la CLASIFICACIÓN MUNDIAL 2018 de la Libertad de Prensa

Superficie: 20.325 km2

Población: 8.712.400 habitantes

Jefe de Estado: Reuven Riblin

Presidente del Gobierno: Benjamin Netanyahu

PIB per cápita (US$ a precios actuales): 40.270

Tasa de alfabetización en adultos (mayores de 15 años): 91,8%

Porcentaje de usuarios de Internet: 79,7%

 

 

El sistema establecido en Israel para controlar, acosar e incluso agredir a los periodistas que cuestionan o dejan constancia de las actuaciones de las fuerzas del orden o del ejército, ha convertido el país en un lugar en el que aparentemente existe un funcionamiento eficaz en la gestión de permisos y acreditaciones, pero en el que todo se basa en amenazas e intimidación, cuando un medio o un periodista no se pliega al discurso establecido.

 

La mayor parte de las agresiones, que en ocasiones acaban con la vida del profesional, se producen en manifestaciones o concentraciones de las facciones palestinas en Cisjordania o en la Franja de Gaza, así como en los asentamientos de colonos más polémicos o en el casco viejo de la ciudad, donde las medidas de seguridad son muy altas y la tensión se dispara al menor incidente.

 

A finales de julio, los soldados israelíes detuvieron “por razones políticas” a seis periodistas palestinos en Cisjordania. Cuatro de ellos, el jefe de la delegación de Ramallah, Alaa Rimawi; los reporteros Mohamed Hamdan y Qoteiba Hamdan y el cámara Hosni Injas trabajaban para la televisión Al Quds, con sede en el Líbano. Este canal fue acusado por el Ministerio de Defensa israelí de “incitar al odio” y de ser un “ala de la propaganda” de Hamás, el movimiento que controla la Franja de Gaza.

 

También detuvieron en su casa a Mohamed Anwar Mouna, periodista de la agencia Al Quds Press, considerada próxima a Hamás, y director de una emisora de radio local, Nablús. Y la columnista Lama Khater fue arrestada el amanecer del 24 de julio por soldados israelíes, en medio de una ola de detenciones de palestinos considerados partidarios de Hamás, en Ramallah y Qalquiliya. Según Al Jazeera, con el apresamiento de Khater, las fuerzas de seguridad israelíes cumplen su promesa de detenerla si continuaba escribiendo.

 

El ejército israelí defiende que está en su derecho de realizar detenciones en ciertas zonas de Cisjordania, aunque el territorio esté bajo el control de la Autoridad Palestina. Alega razones de seguridad nacional y actúa sin informar ni coordinarse con las fuerzas de seguridad palestinas. Según MADA, una ONG que defiende a los periodistas palestinos, el ejército israelí cerró 17 medios de comunicación palestinos el año pasado, acusando a algunos de ellos de proporcionar secuencias de vídeo a cadenas de televisión partidarias de Hamás, como Al Aqsa y Al Quds. Los cierres fueron acompañados de detenciones de periodistas, algunos de los cuales estuvieron retenidos durante varios meses.

 

Algunos de los detenidos el 30 de julio ya han pasado por las cárceles israelíes antes. Mohamed Hamdan estuvo varios días preso en febrero por grabar una manifestación en apoyo a los presos palestinos, y Rimawi permaneció 12 años encarcelado en Israel. Mouna también fue detenido varias veces por el ejército israelí en los últimos años.

 

Existe una propuesta de ley, presentada por el partido conservador Yisrael Beitenu, que modificaría el artículo 2 del Código Penal sobre “traición”, en particular el párrafo 103, que versa sobre la “propaganda derrotista”. Pretende castigar con diez años de cárcel las grabaciones de soldades israelíes, por “dañar la seguridad del Estado”, y cinco años por “dañar la moral de los soldados”. Esta nueva criminalización del ejercicio de la profesión periodística en Israel, que incluye la prohibición de la publicación de los vídeos o audios en redes sociales y medios de comunicación, viola el derecho a la información. El ministro Tzachi Hanegbi ha reconocido que la propuesta de ley puede mermar la libertad de expresión y ha sugerido que sólo se aplique cuando se dé la “obstrucción de un soldado en el ejercicio de su profesión”, y que se limite la pena a tres años de cárcel.

 

En el punto de mira de esta propuesta de ley están organizaciones y asociaciones críticas con la ocupación israelí de los Territorios Palestinos y con la militarización del Estado, como B’Tselem, MachsomWatch y Breaking the Silence, así como los partidarios de la campaña internacional “Boycott, Divestment and Sanctions (BDS)”.

 

En 2016, un vídeo de un periodista ciudadano que llevaba una cámara de B’Tselem ayudó a probar que el soldado israelí Elor Azaria disparó a un palestino en la cabeza cuando permanecía herido en el suelo. En abril de este año, cuando Israel usó la fuerza contra los residentes de Gaza, que se manifestaban cerca de la frontera, matando al menos a 132 personas, de nuevo dos vídeos de soldados israelíes causaron controversia. El primero mostraba a un francotirador israelí disparando a un ciudadano. El ministro de Defensa israelí dijo que el soldado se había comportado de manera adecuada, al contrario de lo que hicieron los que le grabaron. En el otro video, se mostraba a miembros del grupo Boycott from Within increpando a soldados israelíes preguntándoles: “¿Están contentos vuestros padres cuando volvéis a casa después de haber matado a civiles? Habéis matado a 21 civiles inocentes en la organización del terror de la que formáis parte”.

 

Al igual que los periodistas palestinos y los extranjeros, los profesionales de medios de comunicación israelíes críticos con la gestión gubernamental, o que dan voz a los palestinos, también son considerados una “amenaza nacional”. La respuesta de los periodistas y organizaciones israelíes a la propuesta de ley contra la grabación y difusión de vídeos en los que aparezcan soldados israelíes es contundente: “Si el Gobierno está avergonzado por la ocupación, debería trabajar para acabar con ella. En cualquier caso, los contenidos sobre la vida ocupada continuarán”, advirtió B’Tselem. Y el 17 de junio, el reportero y columnista israelí Gideon Levy escribió en el periódico Haaretz: “Violaremos esta ley con orgullo. No dejaremos de publicar contenidos. No dejaremos de escribir”.

 

El caso omiso a la identificación como periodistas, con chalecos y cascos donde se lee con claridad “TV” o “Press”, volvió a comprobarse durante los enfrentamientos en la Gran Marcha del Retorno (30 de marzo), que convocó a miles de palestinos en la frontera de la Franja de Gaza. RSF pidió en mayo a la Corte Penal Internacional que, basándose en el artículo 15 del Estatuto de Roma, investigue los disparos del ejército israelí contra periodistas palestinos. La actuación de los militares israelíes está considerada por el derecho internacional como una violación del derecho humanitario, un crimen de guerra, que este año ha terminado con la vida de dos reporteros palestinos: Yaser Murtaja, un fotógrafo de 30 años, cofundador de la agencia independiente Ain Media; y Ahmed Abu Husserin, de 27 años, periodista de Radio Shaab y Bisann News.