Irán

31.12.2018 00:00

 

Puesto 164

de 180 países, en la CLASIFICACIÓN MUNDIAL 2018 de la Libertad de Prensa

Superficie: 1.648.000 km2

Población:81.162.788 habitantes

Jefe de Estado: [Ayatolá] Seyed Ali Jamenei

Presidente del Gobierno: Hassan Rohani

PIB per cápita (US$ a precios actuales): 5.415

Tasa de alfabetización en adultos (mayores de 15 años): 87,2%

Porcentaje de usuarios de Internet: 53,2%

 

 

Sin posibilidad de que exista una prensa independiente, el régimen islámico que ostenta el poder en Irán mantiene un férreo control sobre la información y la opinión.

 

La fuerte reacción de todas las organizaciones de derechos humanos y de los ciudadanos en las redes sociales ante el discurso de Nowruz, el año nuevo persa que se celebra el 21 de marzo, fue una clara muestra de la incapacidad del líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei, “depredador” en la lista de RSF, de reconocer la realidad del país.

 

Jamenei aseguró que “no se persigue o presiona a nadie por sus pensamientos u opiniones”, obviando que durante 2018 no ha habido una semana que no se han registrado casos de detenciones, condenas, intimidaciones o falta de libertades que oprimen a los ciudadanos.

 

A pesar de la existencia de la Carta de Derechos Civiles, anunciada en diciembre de 2016 por el presidente Hassan Rouhani, en la que se recogían derechos y protecciones que ya existían en la Constitución, no hay un mecanismo para que se implemente y se convierta en una realidad. El país cuenta con una prohibición de facto de las libertades de expresión, asociación y asamblea, que han servido de excusa para imputar a periodistas, activistas y sindicalistas a los que se ha acusado de “actuar en contra de la seguridad nacional”, “propaganda contra el Estado” y “asamblea y colusión para perpetuar el desarrollo nacional”.

 

Las aplicaciones y redes sociales se han convertido en el único espacio, cuando no son censuradas o bloqueadas, en las que es posible expresarse. Hace 39 años que el control de la información es implacable en Irán, lo que lleva a que se haya cerrado el año con 9 periodistas y 20 internautas encarcelados. Las restricciones para conseguir un visado o para obtener una acreditación de prensa han obligado a muchos medios extranjeros a trabajar con periodistas locales, que a su vez arriesgan mucho.

 

La conexión por satélite para acceder a televisiones extranjeras, prohibidas por ley pero que llega a ver el 70% de la población en ciudades como Teherán, es otra ventana que rompe el cerco informativo.

 

Desde la llegada al poder de Jatami, en 1997, al menos 350 medios han sido cerrados, más de 800 periodistas y ciudadanos periodistas han sido detenidos e interrogados negándoles sus derechos, y 500 de ellos han acabado en la cárcel con sentencias desde los 3 meses a los 19 años. Además, millones de páginas de Internet han sido censuradas por informar con libertad e independencia.

 

El año comenzó con la detención, el 3 de enero, de diez ciudadanos periodistas y la restricción a las redes sociales para controlar la ola de protestas antigubernamentales que estaban viviéndose en más de 100 ciudades, en las que murieron 17 personas y 17.000 fueron detenidas. Mohammad Sharifi Moghdam, Mohammad Reza Sharifi, Faezeh Abdipour y Kasra Nouri, de la web Majzooban Noor, fueron detenidos por los servicios secretos y encarcelados en la prisión Evin de Teherán. Las autoridades bloquearon el acceso a Instagram y a los mensajes instantáneos de Telegram, que tiene 40 millones de usuarios en el país, por “animar a una revuelta armada”, según el ministro de Telecomunicaciones, Mohammad-Javad Azari Jahormi. Facebook y Twitter son inaccesibles en el país, desde 2009.

 

El Gobierno estudia la posibilidad de establecer un Halal Internet (en referencia a la comida Halal, que los musulmanes consideran pura por haberse cercenado mirando a la Meca y con un corte en el cuello), una red nacional de información que restrinja el acceso a las redes sociales.

 

A finales de enero, la periodista y defensora de derechos humanos Narges Mohammadi, completó los mil días detenida. Fue condenada a 16 años de cárcel, porque ha recibido tres sentencias: cinco años por “reunirse y conspirar contra la república islámica”, un año por “propaganda antigubernamental” y diez por trabajar con Legam, una campaña para la abolición de la pena de muerte en Irán. Ha estado hospitalizada varias veces, en una ocasión tuvo una hemorragia uterina, fue operada, y a los dos días la enviaron de nuevo a prisión; otra vez por una inflamación de la vesícula biliar y los riñones.

 

En mayo, un tribunal de Irán ordenó la prohibición completa de Telegram, la aplicación de mensajes más popular en el país, por “alterar la seguridad nacional, permitiendo a países extranjeros espiar a Irán y acceder a mucha información sobre el país y sus ciudadanos, difundiendo insultos sobre lo que es sagrado y religioso, diseminando publicidad anti islámica y noticias falsas para confundir a la opinión pública, y por estar siendo usada por DAESH [Estado Islámico] para dañar la seguridad nacional”.

 

Las autoridades sugirieron a los usuarios de Telegram que se pasasen a Soroush, un servicio de mensajería creado por empresas asociadas a la radio y televisión nacional, que está bajo el completo control del Estado.

 

En junio, el bloguero Hengamed Shahidi fue detenido y varios periodistas ciudadanos golpeados, cuando intentaban grabar manifestaciones en Teherán. Los medios nacionales e internacionales tienen prohibido cubrir las manifestaciones, por lo que la única fuente de información directa son los vídeos y fotos de los periodistas ciudadanos. Además, las autoridades confirmaron la detención de Hengameh Shahidi, a la que acusan de haber volado a la isla de Kish, en el sur del país. Algo que su familia niega, advirtiendo que la detuvieron al salir del hospital donde le atendieron por una dolencia de corazón, después de haber publicado varios tuits sobre las condiciones en las que estuvo detenida el año pasado.

 

Arrestado el 22 de mayo, el abogado y el editor de Dolat e Bahar, Mohammad Hossein Hidari, no pudio comunicarse con su familia hasta más de un mes después de ser detenido. Desconocen de qué se le acusa y la web que edita ha sido bloqueada.

 

El 10 de julio, se cumplieron quince años desde la muerte de la fotógrafa iraní-canadiense Zahra Kazemi, como consecuencia de las torturas y el maltrato al que fue sometida en la cárcel de Evin, después de haber fotografiado a familiares de detenidos fuera del recinto. RSF condenó de nuevo la completa impunidad de los responsables, y apuntó al fiscal de Teherán Said Montazavi por haber cometido muchos crímenes contra periodistas.

 

Sepideh Moradi, Avisha Jalaledin y Shima Entesari, ciudadanas periodistas de la web Majzooban Noor, han recibido una sentencia de cinco años de cárcel por parte de la Corte Revolucionaria por “reunirse y conspirar contra la seguridad nacional”. Una sentencia que fue respondida con la negativa de sus 10 colegas hombres de comparecer ante el tribunal.

 

A finales de junio, el bloguero Sakhi Righi, que lleva encarcelado nueve años, estuvo un mes en huelga de hambre para protestar por su detención y por las condiciones del encierro. Pide que se tenga en cuenta la ley que dice que los prisioneros que cumplan un tercio de la condena pueden optar a la libertad provisional, puesto que de los 20 años a los que fue sentenciado ya ha pasado más de dos años de ese tercio.

 

En Agosto, dos miembros del comité editorial de Majzooban Noor, Saleholldin Moradi y Reza Entesari, y el hermano del último, Sina Entesari, un periodista ciudadano que colaboraba con la web, recibieron una sentencia de siete años de cárcel. El periodista ciudadano Mohammad Sharifi Moghadam y el miembro del comité editorial Kasra Nouri fueron condenados a doce años. Mostafa Abdi, de la dirección del comité editorial, fue el que recibió la pena mayor, 26 años.

 

En el mismo mes, a Amir Hossein Miresmaili, periodista de Jahan Sanat, se le impuso una condena de 10 años de cárcel por un tuit en el que criticaba indirectamente al ayatollah Sayyid Ahmad Alamolhoda, un líder fundamentalista que representa a Jamenei en la ciudad de Mashhad. En la publicación, sugirió que el octavo imán de los chíies, conocido como iman Reza, no era un fundamentalista, y que era cercano a los jóvenes de hoy: “el imán come patatas fritas y yogurt, es como nosotros”, rezaba el tuit por el que se le sentenció.

 

Ejlal Ghavami, periodista independiente y defensor de derechos humanos en Sanandaj, al noroeste del Kurdistán, fue acusado de “publicar noticias falsas para disgustar a la opinión pública” con tres artículos sobre presos de conciencia. Se desconoce la fecha del juicio. Y Shoja Hossein Zadeh, otro periodista ciudadano del Kurdistán, fue sentenciado a 74 latigazos por un tribunal criminal local, por insultar al presidente Rouhani en un artículo satírico.

 

En octubre, al periodista ciudadano Saeed Malekpour, detenido durante los últimos 10 años, se le denegaron cuidados médicos, pero tuvo que ser trasladado a un hospital al sufrir un ataque de corazón. Solo le permitieron quedarse dos días, haciendo caso omiso de las recomendación de los facultativos. Era un diseñador de webs que vivía en Canadá, y al que se le detuvo cuando fue a visitar a su familia a Irán. Le condenaron a la pena de muerte conmutada en cadena perpetua, en noviembre de 2010, por crear webs “pornográficas” y por “insultar los sagrados principios del islam” al crear una aplicación para compartir fotos que, sin él saberlo, se usaba para transmitir imágenes pornográficas.

 

El año concluyó con el comienzo del cumplimiento de la condena a un año de cárcel de Salehaldine Ranjbar, editor de Oromieh Dang, de Telegram, en el noroeste de la provincia de Azerbaiyán Occidental, condenado por “incitar a la revuelta”, al cubrir manifestaciones sobre una estudiante de 13 años que sufrió acoso sexual. Assal Mohammadi, una periodista ciudadana detenida el 4 de diciembre en su casa de Teherán, había escrito algunos artículos en varias webs y tuiteado sobre las huelgas de trabajadores de la compañía de azúcar Haft-Tappeh en las que pedían un aumento de salario. Las autoridades no han informado sobre la razón de la detención y su paradero. El segundo editor de web condenado en menos de un mes fue Mohammad Hossein Heidari, de Dolat e Bahar, que tendrá que pasar tres años encerrado por “publicar información falsa para causar disturbios entre la opinión pública”.

 

Todavía en el último mes del año, Hengameh Shahidi, editor del blog Oaineveste, fue condenado a 12 años y nueve meses de cárcel y se le ha prohibido unirse a grupos políticos o a cualquier actividad mediática online, así como abandonar el país. Su delito, según su familia, es haber revelado irregularidades del sistema judicial y la crítica a altos oficiales.

 

Entre las escasas buenas noticias, a principios de noviembre, Massaoud Kazami, antiguo reportero del diario Shargh, fue liberado. También recuperó la libertad Potiya Nourm, un periodista ciudadano que había trabajando para la web sufí Majzooban Noor, tras ocho meses detenido. Y en septiembre, el antiguo editor del periódico Shahrvand y de la agencia de noticias gubernamental Irna, Abdol Reza Davari, salió de la cárcel tras 15 meses por haber “insultado” a Jamenei en un comentario de Facebook.