Irán

31.12.2017 00:00

 

Puesto 165

de 180 países, en la CLASIFICACIÓN MUNDIAL 2017 de la Libertad de Prensa

 

 

Superficie: 1.648.000 km2

Población:80.277.430 habitantes

Jefe de Estado: [Ayatolá] Seyed Ali Jamenei

Presidente del Gobierno: Hassan Rohani

PIB per cápita (US$ a precios actuales): 5.219

Tasa de alfabetización en adultos (mayores de 15 años): 86,8%

Porcentaje de usuarios de Internet: 44%

 

 

 

 

BARÓMETRO 2017

  • 0 Periodistas asesinados
  • 0 Internautas y periodistas ciudadanos asesinados
  • 0 Colaboradores asesinados
  • 9 Periodistas encarcelados
  • 12 Internautas y periodistas ciudadanos encarcelados
  • 0 Colaboradores encarcelados

 

 

 

En un paisaje mediático controlado casi por completo por el régimen islámico, la represión de los periodistas y los medios de comunicación independientes es una constante en Irán. Así, los informadores se enfrentan en su trabajo diario a intimidaciones, detenciones arbitrarias y severas condenas de prisión, que incluyen castigos bárbaros como los latigazos tras juicios injustos llevados a cabo por tribunales revolucionarios.

 

Por otro lado, aunque están prohibidas, las aplicaciones y las redes sociales, como Telegram, Facebook y Twitter, desempeñan hoy un papel importante a la hora de proporcionar a los iraníes noticias e información. Se calcula que sólo Telegram tiene más de 15 millones de usuarios en Irán. Como consecuencia, la censura en internet y el acoso a los periodistas-ciudadanos es cada vez mayor en el país.

 

Así, con 9 periodistas profesionales y 12 periodistas-ciudadanos detenidos a finales de año, Irán es, un año más, una de las cinco mayores prisiones del mundo para los informadores. Los principales cargos a los que se enfrentan aquellos que critican a las altas esferas del poder siguen siendo “atentar contra la República Islámica”, “ofender al Guía Supremo” y “difundir información falsa”. Por todo ello, el líder supremo de la República Islámica, Ali Jamenei, figura en la lista de depredadores de la libertad de prensa de RSF.

 

El año comenzó con el cumplimiento de la condena a 40 latigazos dictada contra Hossien Mohavehi, periodista del diario digital Najafabad News, por “publicar información falsa”. Los hechos se remontaban a junio de 2016, cuando el periodista informó de que la policía había requisado 35 motocicletas en un centro femenino de enseñanza secundaria, cuando según los agentes sólo habían sido ocho. A pesar de que Movahedi se disculpó por su error y ofreció la posibilidad de rectificar la información, la policía mantuvo la acusación contra el periodista y un tribunal de Najafabad lo condenó a recibir 40 latigazos.

 

También en febrero, el clérigo progresista Ahmad Montazeri, director de una web dedicada a su padre, el desaparecido ayatolá Hossein Ali Montazeri, fue enviado a la cárcel después de que, en noviembre de 2016, fuese sentenciado por un tribunal especial para clérigos a diez años de prisión por “poner en peligro la seguridad del Estado”, otros diez años por publicar una "grabación de audio clasificada" y un año más por “propaganda contra el gobierno”. Unos meses antes, Montazeri había publicado en la web una vieja grabación en la que se oía a su padre criticar la ola de ejecuciones de presos políticos en la década de 1980.

 

A finales de ese mismo mes, la fiscalía de la ciudad de Qom suspendió el diario Shakheh Sabz, después de que publicara un artículo en el que criticaba el nivel de violencia en uno de los distritos más pobres de la ciudad. La suspensión fue ordenada después de que 136 parlamentarios apoyaran una resolución acusando al diario de "insultar a la población de la Ciudad Santa de Qom”.

 

En marzo, el periodista Hossein Karaubi fue sentenciado a seis meses de cárcel por difundir una carta abierta que su padre, Mehdi Karoubi, escribió al presidente Hasán Rohaní. En la misiva, fechada en abril de 2016 y publicada por numerosos medios extranjeros, así como en las redes sociales, Mehdi Karoubi pedía al presidente iraní que lo juzgaran ante un tribunal público para presentar las pruebas sobre el fraude masivo durante las elecciones presidenciales de 2005 y 2009.

 

Ex director ejecutivo del periódico Etemad Melli, clausurado en agosto de 2009, y ex portavoz parlamentario, Mehdi Karoubi ha estado bajo arresto domiciliario desde febrero de 2011, un destino que compartió con el ex primer ministro Mir Hossein Mousavi -dueño del diario Kalameh Sabaz, también cerrado- y la esposa de éste, la escritora Zahra Rahnavard. Mousavi y Karoubi, ambos ex candidatos presidenciales, fueron detenidos ilegalmente y se les han negado sus derechos. Su estado de salud, además, es muy preocupante.

 

También en marzo fue detenida la periodista Henghameh Shahidi, que inició una huelga de hambre según ingresó en prisión, el 9 de marzo. El trato inhumano y degradante que el régimen iraní reserva a los presos de conciencia, especialmente a los periodistas y periodistas-ciudadanos, ha provocado que muchos de ellos utilicen la huelga de hambre, ya que es el único recurso del que disponen para protestar contra las condiciones de detención y la prisión arbitraria.

 

La periodista y destacada defensora de los derechos humanos Narges Mohammadi comenzó a cumplir en abril una sentencia de diez años de prisión nada más terminar de expiar otra de seis. Detenida en 2010 y condenada dos meses más tarde por los cargos de "reunión y conspiración contra la República Islámica", "propaganda antigubernamental" y "colaboración con el Centro de Defensores de los Derechos Humanos”, Mohammad fue condenada a una pena de 11 años de cárcel que se redujo a seis en la apelación, en marzo de 2011.

 

Un mes después de comenzar a cumplir la nueva condena la periodista fue ingresada en el hospital con hemorragia uterina grave. Tras ser operada de urgencia, dos días más tarde, fue devuelta a prisión. Mohammadi sufre varias dolencias, entre ellas parálisis muscular, pero se le ha denegado tanto la atención médica que necesita como la libertad provisional por motivos de salud.

 

También en abril, los periodistas-ciudadanos Mohammad Mohajer, Alireza Tavakoli y Mohammad Mehdi Zaman Zadeh fueron condenados a doce años de cárcel por “insultar al líder supremo Ali Jamenei y al fundador de la República Islámica Ruhollah Jomeini”, “insular lo más sagrado del islam” y “propaganda antigubernamental” en unos comentarios en Telegram.

 

A finales de mayo, Abdol Reza Davari, ex consejero de prensa del ex presidente iraní Mahmoud Ahmadineyad, fue detenido para cumplir una condena de tres años de prisión. Davari, que fue director del periódico Shahrvand y de la agencia de noticias gubernamental Irna, fue condenado en septiembre de 2013 por "insultar" al líder supremo Ali Jamenei en tres comentarios publicados en Facebook. Se le impuso una condena de seis años de prisión que se redujo a tres años en la apelación.

 

El 19 de junio, Issa Saharkhiz, ex director de varios periódicos reformistas cerrados por las autoridades, fue condenado a seis meses de cárcel por “insultar al jefe del sistema judicial”. La sentencia llegaba sólo dos meses después de que fuera puesta en libertad por una condena anterior. Saharkhiz fue una de las víctimas de la ola de detenciones de principios de noviembre de 2015. Un tribunal revolucionario de Teherán lo sentenció, en agosto de 2016, a tres años de prisión por los cargos de “propaganda contra el Gobierno” e “insultos al líder supremo”. Entonces, su abogado informó de que el periodista sería juzgado por separado por otros dos cargos -“publicar noticias falsas” e “insultos al jefe del sistema judicial”-, ante una corte penal y como delitos políticos. Desde 2009, el periodista ha sido detenido y encarcelado en varias ocasiones.

 

Ya en agosto, Mehdi Khazali, editor del blog Baran, muy crítico con las autoridades iraníes, fue detenido en una calle de Teherán por hombres vestidos de civil y trasladado a prisión, donde inició una huelga de hambre. Khazali había criticado abiertamente al jefe de la autoridad judicial en los meses previos a su detención. Al igual que la mayoría de periodistas iraníes, es un viejo conocido de las autoridades. En 2011, fue condenado a 14 años de prisión.

 

En septiembre, una decisión judicial prorrogó un mes la detención provisional de SaSan Aghai, jefe adjunto del periódico Etemad, y Yaghma Fashkhami, periodista de la web de noticias Dideban e Iran, lo que supuso una violación tanto de la ley iraní como de los estándares internacionales. Además, se les negó el derecho a ver a un abogado o ser visitados por sus familias. Los dos habían sido detenidos en agosto en sus lugares de trabajo sin que las autoridades diesen a conocer los motivos.

 

A finales de ese mismo mes, Souroush Farhadian, colaborador de varios periódicos reformistas y editor de la revista opositora Ro Beh Ro, fue condenado a un año de prisión por un tribunal revolucionario. Según su abogado, se trataba de la segunda vez que era enjuiciado y condenado por los mismos artículos. Farhadian fue detenido en la ciudad de Arak, en mayo de 2016, acusado de “publicidad antigubernamental” y “actividades que amenazan la seguridad nacional”. Cuatro meses más tarde, fue condenado a siete años de prisión, pero un tribunal de apelación redujo la sentencia a una multa. En ambos casos fue condenado por los mismos artículos, que denunciaban la ilegalidad de las detenciones del ex primer ministro Mir Hossein Mousavi; su mujer, la escritora Zahra Rahnavard; y el ex parlamentario Mehdi Karoubi.

 

También en septiembre, Bakhtyar Khoshnam, periodista de la web de noticias Mokeryan, fue detenida en Saghez, en la provincia de Kurdistán, para cumplir una sentencia de tres meses de prisión por contactar con medios extranjeros “opuestos a la República Islámica”. Inicialmente detenida en junio, había sido puesto en libertad bajo fianza un mes más tarde.

   

Ehssan Mazndarani, director del diario Farhikhteghan y una de las víctimas de la ola de detenciones de noviembre de 2015 en el país, fue puesto en libertad a finales de octubre tras completar una condena de dos años de prisión, durante la cual fue hospitalizado varias veces por problemas de salud derivados de una huelga de hambre que duró tres semanas. El periodista había sido puesto en libertad en febrero. Sin embargo, un mes después, el 12 de marzo, volvió a ser detenido por agentes de la Guardia Revolucionaria con el argumento de que no había cumplido toda su condena.

 

Ese mismo mes, Hamzeh Zargani, Saleh Torfi y Adel Sadoni, tres periodistas-ciudadanos con base en Ahvaz, capital de la provincia de Khuzestan, fueron puestos en libertad condicional: Torcí y Sadoni al cumplir la mitad de su condena y Zargani tras pagar una fianza de unos 40.000 euros. Los tres fueron detenidos en abril de 2013 y condenados a tres años de prisión por “propaganda antigubernamental”. Su único delito fue la creación de varias páginas de Facebook.

 

También en octubre, la oficina para la cultura y los medios de comunicación de la fiscalía ordenó la suspensión del diario reformista Mostaghel por publicar una fotografía del ex primer ministro Mir Hossein Mousavi, lo que suponía una violación de una orden del Alto Consejo para la Seguridad Nacional y la Justicia, que prohíbe difundir en los medios cualquier información sobre los líderes de las protestas de 2009 contra el ex presidente Mahmoud Ahmadineyad.

 

Además de los casos de los informadores citados anteriormente, a lo largo del año aumentó la preocupación por las condiciones carcelarias de los detenidos, especialmente de aquellos que estaban enfermos o en huelga de hambre. Se trata de la única vía de la que disponen para protestar por los malos tratos que sufren o para exigir una atención médica adecuada. Este fue el caso, por ejemplo, de Soheil Arabi, un periodista-ciudadano encarcelado desde diciembre de 2013. En agosto inició una huelga de hambre para protestar por la forma en que los servicios de inteligencia de la Guardia Revolucionaria habían estado acosando y amenazando a su esposa, Nastaran Naimi.