INFORME ANUAL 2018 | ORIENTE MEDIO Y MAGREB

31.12.2018 00:00

 

Introducción:

Represión, censura y violencia en Oriente Medio y el Magreb

 

Una violencia atroz une a los países de ambas regiones árabes en una mortífera sintonía, que hace que naciones con una historia, estructura y planteamientos diferentes, acaben convergiendo. 

 

Impedir el acceso y sobre todo que se difunda información transparente, rigurosa y contrastada forma parte del acoso al que han sido sometidos durante este año los profesionales, activistas e internautas que han trabajado en Oriente Medio y el Magreb, arriesgando, la mayor parte de las veces, sus vidas. El año ha concluido con 8 periodistas muertos: un saudí, dos sirios y cinco yemeníes; 10 de los 13 periodistas ciudadanos que han muerto en todo el mundo perdieron la vida en Siria (ocho) y en Yemen (dos), y casi la mitad de los colaborados de medios en Siria (uno) y en Yemen (uno).

 

Las guerras de Siria y Yemen, con bombardeos sobre la población civil, entre los que también hay informadores; los enfrentamientos entre facciones del polvorín que sigue siendo Libia; la represión institucionalizada de Irán, Egipto, todos los países del Golfo, con especial mención para Bahréin y Arabia Saudí; la ya instalada y escasamente combatida autocensura en países del Magreb como Marruecos, Argelia o Túnez; y la impunidad, a menudo apoyada por la inacción de Occidente, con la que se limita la libertad de expresión en los Territorios Ocupados y en Israel, son algunas de las situaciones que, un año más, marcan el lamentable estado de la libertad de expresión en Oriente Medio y el Magreb.

 

Las armas con las que cuentan los regímenes autoritarios y teocráticos también coinciden y no son solo de fuego: Ley contra el terrorismo, Ley contra el cibercrimen o contra delitos informáticos, Código Penal que incluye la pena de muerte por atentar contra “la seguridad del Estado”, prohibición de ejercer el derecho a reunión y asociación alegando causas de “traición a la patria, la bandera, la religión”… Las personas que siguen creyendo en la libertad de expresión continúan intentando difundir la información de sus investigaciones, de los hechos que contrastan o ven con sus propios ojos para denunciar, pedir que se rindan cuentas y se asuman responsabilidades. Lo hacen a través de las redes sociales, y, cuando son censuradas y bloqueadas, buscan otras formas de seguir accediendo a ellas y de compartir esos conocimientos. La complicidad de los periodistas ciudadanos, los activistas, internautas y colaboradores de los medios crece cuanto más fuerte es la represión de los regímenes y, más se recrudecen éstos, más se convierten en la única fuente de información.

 

De los 171 periodistas encarcelados en el mundo 71 están en Oriente Medio y el Magreb; también lo están 68 de los 148 periodistas ciudadanos y casi la mitad (7 de 16) de los colaboradores. El papel que juegan ya es imprescindible, porque los periodistas extranjeros sufren las limitaciones de visados, autorizaciones y permisos para ejercer su labor en estos países. A los profesionales locales se les intimida y acosa cada vez más, y al final son las mismas personas que forman parte de las manifestaciones, las que sufren las consecuencias de las medidas económicas y sociales restrictivas, las que pasan la información y dan acceso a las imágenes que muestran lo que ocurre en realidad.

 

Un tuit, una entrada de Facebook, un comentario o un mensaje por alguna red social están siendo motivo suficiente para que en todos los países de ambas regiones se detenga de forma “provisional”, permaneciendo durante meses, a veces años, sin que se conozcan los cargos y sin que se celebre el juicio. Es una realidad que ha dejado de sorprender en países donde la represión es feroz, y donde visibilizar los casos, hacer que se hable de cada persona que sea detenida o desaparecida, permite al menos dar a conocer lo que está pasando para ejercer presión e intentar cambiar la situación.

 

El caso de Jamal Khashoggi, periodista saudí exiliado en Estados Unidos, que entró el 2 de octubre en el consulado de su país en Estambul para hacer un trámite que le permitiera casarse con su prometida turca, y no volvió a salir, mostró la descarada impunidad con la que Arabia Saudí dispone de la vida de sus ciudadanos. Fue torturado, descuartizado y disuelto en una sustancia química por un operativo presuntamente ordenado por el príncipe heredero Mohamed bin Salman Al Saud. Unos meses antes, el príncipe había ordenado una campaña de detenciones contra las activistas de derechos humanos y blogueras del país, que llevan años reivindicando que se deje de considerar a las mujeres menores de por vida. Estas detenciones contrarrestaron los avances que dio el país en los derechos de las mujeres, como la histórica autorización para conducir de las saudíes. El país del Golfo, líder de la coalición árabe en la ofensiva militar que ha provocando una crisis humanitaria que afecta a la mitad de la población de Yemen, retiene en sus cárceles a 28 periodistas e internautas; la mayoría no han sido juzgados y algunos ni siquiera conocen los cargos de los que se les acusa.

 

Siria, uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, ha seguido registrando este año la muerte de periodistas e internautas en bombardeos. El régimen de Bachar al Assad ha recuperado dos terceras partes del territorio, por lo que decenas de periodistas y activistas que colaboran con medios están en peligro, pues llevan años denunciando las graves violaciones de derechos humanos realizadas por el régimen en las zonas que ahora está siendo recuperadas, como Quneitra, en la frontera con Israel, o Deraa, junto a Jordania. Los secuestros son un arma de guerra en el país. El japonés Jumpei Yasuda fue liberado después de tres años de cautiverio, pero quedan otros de los que apenas se tienen pruebas de vida.

 

La sisificación- en referencia al presidente Abdel Fatah Al Sisi- ya es una realidad en Egipto, donde se confirmó la sentencia a 10 años de cárcel para el investigador, experto en grupos yihadistas en el norte del Sinaí, Ismail Alexandri, que lleva tres años encarcelado, y el fotógrafo Mohamed Abu Zeid, conocido como Shawkan, fue finalmente condenado a cinco años de prisión, solo tres semanas antes de que cumpliera esa misma pena, por lo que ahora se espera que no haya más excusas para liberarle cuanto antes. El régimen de Abdelfatah Al Sisi anunció a finales de año una nueva ley que obligará a los periodistas onlinea pagar por trabajar. Cualquier web o blog que tenga más de 5.000 seguidores será considerado un medio online, por el que se deberá pagar un registro que cuesta 33.000 euros. En caso de no obtener el registro tendrá que desaparecer o arriesgarse a ser multado con entre 50.000 y 100.000 euros por incumplir la ley.

 

En Irán, las protestas antigubernamentales de principios de año se extendieron por más de 100 ciudades, en las que la represión fue recogida por medios digitales que sufrieron una fuerte censura. En especial, Majzooban Noor. También se decretó un bloqueo total de Telegram, el servicio de mensajes que utilizan 40 millones de personas en el país, y 15 años después de la muerte de la fotógrafa Zahra Kazemi, detenida en las puertas de la cárcel por hacer fotografías a familiares de presos, no se han asumido responsabilidades, ni se ha llevado a cabo una investigación independiente.

 

La grave situación humanitaria en la que se encuentra sumida la mitad de la población de Yemen apenas está siendo cubierta por los medios de comunicación. De hecho, el movimiento hutí ha declarado una guerra abierta a los periodistas, a los que considera más peligrosos que los aliados de la coalición árabe que encabeza Arabia Saudí. El pasado año, ha muerto el periodista Anwar al Raka por inanición y a consecuencia de las torturas a las que fue sometido tras ser secuestrado por los hutís en un puesto fronterizo de la capital. Su delito: llevar un carnet de prensa.

 

En Bahréin, unos tuits sobre las condiciones de encarcelamiento que estaba sufriendo y contra la ofensiva saudí sobre Yemen, han hecho que Nabeel Rajab sea condenado a cinco años de prisión. Y ya son 15 los periodistas, internautas y colaboradores a los que se les ha retirado la nacionalidad, desde 2012. Una medida que el régimen de los Khalifa utiliza como arma intimidatoria. En cambio, en Irak siguen siendo los secuestros y el bloqueo cada vez más amplio del acceso a Internet los cauces con los que se ejerce la represión. La ola de protestas por casos de corrupción, el desempleo y las precarias condiciones de vida a las que está sometida gran parte de la población fueron el foco en el que se concentraron muchos periodistas e internautas que acabaron figurando en listas, siendo perseguidos e intimidados y que trabajaron bajo mucha presión.

 

El caos y la división que marcan la realidad de Libia han empeorado para los periodistas extranjeros, que, tras el reportaje que publicó la CNN en noviembre de 2017 sobre los casos de esclavitud en los centros de migrantes subsaharianos, han visto más restringido el acceso al territorio. Y también para los periodistas locales, ya que con la aprobación del artículo 13 del Decreto número 555, la milicia Al Radaa, conocida por reprimir y acosar a los periodistas y sus colaboradores, se ha convertido al oeste del país en una unidad contra el crimen, la delincuencia y el terrorismo, con amplios poderes para vigilar y actuar contra los que consideren que desestabilizan el país. También en los Emiratos Árabes Unidos se ha creado, en 2018, una Fiscalía de Delitos de Tecnologías de la Información, que investiga y enjuicia delitos, entre los que incluyen la expresión pacífica de opiniones.

 

En Marruecos, los efectos en los medios de la protesta Hirak en el Rif se han apuntalado con la pena de 4 años de cárcel para Abdelkabir al Horr por “apología del terrorismo” y la de Hamid El Mahdaoui, a 3 años de cárcel por haber grabado una manifestación en Al Hoceima. También se ha confirmado el acoso judicial al periodista Taoufik Bouachrine, condenado finalmente a 12 años de cárcel por un caso de violencia sexual, tras un juicio a puerta cerrada plagado de irregularidades.

 

En los Territorios Palestinos e Israel, se produjo una ofensiva por parte del Ejército israelí por las movilizaciones que comenzaron a finales de marzo, en conmemoración de la Gran Marcha del Retorno, en la que murieron dos periodistas palestinos que iban identificados con chalecos y cascos en la Franja de Gaza, y nueve resultaron heridos de diversa gravedad en las siguientes semanas. 

 

Carla Fibla

 

 

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