INFORME ANUAL 2017 | ORIENTE MEDIO Y MAGREB

31.12.2017 00:00

 

Introducción:

Las guerras y la represión en Oriente Medio obligan a los periodistas a autocensurarse o abandonar la profesión

 

La violencia extrema de las guerras en Siria, Irak, Yemen y Libia sigue arrojando un balance desolador para la libertad de prensa en la región: periodistas -profesionales o no- asesinados en el ejercicio de sus funciones, secuestrados por grupos terroristas u opositores, así como encarcelados por el mero hecho de informar. En el resto de países de Oriente Medio y Magreb la situación tampoco es esperanzadora: detenciones arbitrarias, juicios sin garantías, sentencias a largas penas de prisión que incluyen castigos bárbaros como latigazos, son solo algunos de los métodos de represión y acoso que las autoridades siguen empleando contra la prensa.

 

Así, en 2017, las guerras en la región se cobraron la vida de al menos 22 informadores, del total de 65 que se registraron en todo el mundo: 12 en siria, ocho en Irak y dos en Yemen. Estos países, además, siguen siendo auténticos agujeros negros de la información, en los que reina la impunidad. No obstante, la cifra de muertos es inferior a la registrada en años pasados. Destaca el caso de Libia, donde por primera vez desde que comenzó la guerra no se han registrado muertes. Los motivos, sin embargo, no son nada positivos, ya que muchos periodistas de estos países han optado por abandonar su oficio y ejercer otra profesión menos peligrosa.

 

Por otro lado sigue aumentando el número de secuestros en las zonas en conflicto. A finales de año, al menos 52 periodistas y periodistas–ciudadanos estaban en manos de grupos extremistas, principalmente el Estado Islámico, Al-Nusra y los rebeldes hutíes. Al menos 29 periodistas, más de la mitad del total de rehenes, estaban bajo custodia en Siria; 12 en Yemen y 11 en Irak. Además, en su mayor parte siguen siendo periodistas locales, que a menudo trabajan por su cuenta en condiciones precarias, expuestos a innumerables peligros.

 

En el resto de países de Oriente Medio la situación de la libertad de información, pese a que no se encuentra sometida a este tipo de violencia extrema, es muy preocupante. Irán y Siria, con 21 y 24 informadores en prisión, respectivamente, son dos de las mayores cárceles para periodistas del mundo, solo superados por China y Turquía. En el caso de Siria, la mayoría de informadores fueron detenidos entre 2011 y 2013, y condenados posteriormente por tribunales militares. Cabe mencionar el caso de Bassel Khartabil, desarrollador de software y activista de la libertad de expresión. Detenido en 2012 por los servicios de inteligencia militar siria, el pasado mes de agosto se confirmó que había sido ejecutado por el régimen de Al Asad en octubre de 2015, fecha en la que logró informar a su familia de que lo trasladaban desde la prisión de Adra, en Damasco, a un lugar desconocido. Khartabil había utilizado su experiencia técnica para ayudar a promover la libertad de expresión y el acceso a la información a través de internet.

 

Por su parte, en Irán, las acciones represivas de las autoridades contra los periodistas y los medios de comunicación independientes es constante. Todos los meses se producen detenciones arbitrarias y condenas a largas penas de prisión, que incluyen castigos bárbaros como latigazos tras procesos judiciales irregulares que se instruyen en tribunales revolucionarios. Además, en 2017, aumentó el control y la censura en internet, así como las consecuentes detenciones de blogueros. Hay que tener en cuenta que aplicaciones y redes sociales, como Telegram, Facebook y Twitter, están prohibidas en el país, pero son clave para proporcionar a la ciudadanía información independiente.

 

En el caso de Egipto el deterioro de la libertad de información ha sido una constante desde que el general Abdel Fatah Al Sisi llegó al poder, en junio de 2014. En virtud de falsos cargos con poca relación con delitos de prensa, como “pertenencia a organización terrorista”, “participación en manifestación ilegal”, “difusión de noticias falsas” o “alteración del orden público”, los periodistas críticos con el Gobierno se enfrentan a juicios injustos en los que pueden llegar a ser condenados a cadena perpetua e incluso la pena de muerte. Así, a finales de año, al menos 15 periodistas y blogueros se encontraban detenidos en prisiones del régimen militar.

 

En Israel, a pesar de que existen medios de comunicación libres e independientes, los periodistas siguen enfrentándose a la denominada “censura militar”, especialmente si son palestinos o extranjeros. Además, el sistema de detenciones administrativas del país permite a las autoridades ordenar el arresto de un sospechoso por un periodo indefinido, sin la autorización de un juez, si es percibido como una amenaza para la seguridad nacional, aunque no exista ningún cargo en su contra.

 

Si nos movemos a los Territorios Palestinos, los periodistas se han convertido en las víctimas de la rivalidad política entre las diferentes facciones. Así, los informadores cercanos a Al Fatah que trabajan en la Franja de Gaza, controlada por Hamás, sufren enormes dificultades en su trabajo. Por su parte, en Cisjordania, administrada por la Autoridad Palestina, son los medios simpatizantes de Hamás quienes se enfrentan a obstáculos en el ejercicio de su profesión.

 

En Líbano, donde existe libertad en los medios de comunicación, estos son utilizados por partidos políticos y empresarios como herramientas de comunicación. Además, el código penal del país recoge los delitos de difamación, calumnia y difusión e información falsa. Aunque lo habitual es que los periodistas sean condenados a pagar multas no dejan de correr el riesgo de ser encarcelados.

 

En Jordania, el control de los medios de comunicación es muy fuerte desde la revisión de la ley de prensa y publicaciones, en 2012, con una vigilancia exhaustiva de los periodistas por parte de los servicios de inteligencia. Además, al igual que sucede en el resto de países de la región, la reforma de la ley antiterrorista, en 2010, para luchar contra las amenazas yihadistas, ha supuesto un deterioro significativo de la libertad de información.

 

En cuanto a los países del Golfo, los gobiernos de la región han conseguido acabar con los pocos medios de comunicación independientes que había y la mayoría de periodistas ha optado por la autocensura. Por ello, las diferentes leyes de delitos informáticos y antiterroristas han servicio para acallar cualquier crítica contra los poderes. No obstante, el año se caracterizó por la ofensiva de Arabia Saudí, Bahréin, Egipto y Emiratos Árabes Unidos contra la cadena de noticias Al Jazeera, que se convirtió en uno de los principales daños colaterales del bloqueo a Catar impulsado por Riad.

 

Los países de la región pidieron al emirato catarí el cierre definitivo de la cadena como uno de los 13 requisitos indispensables para levantar las sanciones. Además, en varios países, como Arabia Saudí, Jordania e Israel las autoridades ordenaron el cierre de las oficinas de Al Jazeera y le retiraron su licencia para emitir en el país. Los gobiernos de la zona acusan a la cadena de promover propaganda de grupos terroristas, apoyar a los rebeldes hutíes en Yemen e intentar crear división en la región.

 

Por su parte, en Catar, que precisamente revolucionó el panorama mediático al crear Al Jazeera, el silencio reina cuando se trata de saber lo que sucede en el pequeño emirato. Los periodistas locales disponen de un reducido margen de maniobra frente a un arsenal jurídico represivo y un rígido sistema de censura. Al igual que en el resto de países del Golfo Pérsico, los periodistas, así como los representantes de la sociedad civil, se ven obligados a autocensurarse porque cualquier crítica al gobierno, la familia reinante o el islam están prohibidos.

 

Mientras, en el Magreb el deterioro de la libertad de información es lento pero constante. Destaca el caso de Marruecos, donde la ola de protestar en el Rif se convirtió en otro tabú informativo para los periodistas, junto a los sempiternos asuntos delicados, como la monarquía, el islam y el Sáhara Occidental. A lo largo del año se produjeron numerosas detenciones de informadores, condenas de cárcel y deportaciones de periodistas extranjeros. Así, a finales de año, ocho informadores estaban en prisión por haber cubierto las protestas rifeñas. Cabe destacar que, en la misma fecha en 2016, ningún periodista estaba detenido en el país.

 

En la vecina Argelia los periodistas siguen padeciendo la aplicación arbitraria del código penal, a pesar de que la Constitución de 2016 reconoce la libertad de prensa. Las autoridades no dudan a la hora de hostigar a los medios de comunicación privados, e incluso ordenar su cierre, cuando se abordan cuestiones delicadas, como las propiedades de los dirigentes argelinos o la corrupción.

 

Por último, en Túnez, a pesar de que se han llevado a cabo avances destacables en los últimos años, como la aprobación de una Constitución que consagra la libertad de información y expresión, los periodistas todavía arrostran numerosas presiones y dificultades para ejercer su labor. Así, aunque en el país ya no se registran detenciones arbitrarias ni periodistas encarcelados la acusación por difamación aún se utiliza contra aquellos informadores que resultan incómodos para las autoridades.
 

 

ORIENTE MEDIO Y MAGREB