INFORME ANUAL 2017 | EUROPA

31.12.2017 00:00

 

Introducción:

La privacidad de los periodistas, más en peligro que nunca en Europa

 

El intento de dar legitimidad al espionaje de las comunicaciones de los periodistas lleva tiempo fraguándose en Europa al amparo de iniciativas legislativas que varios Estados perfeccionan cada año para permitir la vigilancia y el almacenamiento de correos electrónicos, llamadas telefónicas, publicaciones en redes sociales, etcétera. Esta peligrosa realidad para el periodismo, que afecta fundamentalmente al derecho de protección de las fuentes, sería protagonista de la actualidad de la libertad de prensa en el continente si no lo fuera la violencia ejercida contra los periodistas en países como Malta, Rusia, Ucrania, Italia o los Balcanes, y la situación de la prensa en Turquía.

 

El asesinato de la periodista Daphne Caruana, en Malta, en octubre, conmocionó al gremio periodístico. La brutalidad del crimen, con un coche bomba, sirvió para recordar que ejercer el derecho a informar también supone enfrentarse a elevados riesgos en el continente europeo. Sólo en 2017, casi 200 periodistas italianos recibieron protección policial, una decena de ellos la tienen de forma permanente.

 

Tampoco en los Balcanes cesan los casos de agresiones a la prensa. En la región los periodistas continúan recibiendo serias amenazas, que en muchos casos derivan en duras agresiones o incluso intentos de asesinato. La prensa bosnia y montenegrina libra además otra batalla por la defensa de los medios públicos y su independencia.

 

En Rusia se han vuelto a producir asesinatos de periodistas. Nikolai Andrushchenko y Dmitry Popkov han sido víctimas de nuevo de la violencia y misterio que envuelve a los asesinatos en este país. Además, su conflicto con Ucrania continúa afectando gravemente a los periodistas de la zona. Este año hemos visto a informadores entre los prisioneros que se han intercambiado las autoridades ucranianas y los responsables de las regiones separatistas de Donetsk y Luganks.

 

Reino Unido, Alemania y Francia han encabezado en 2017 una ofensiva legislativa con gravísimas consecuencias para el periodismo. Estos países han estudiado medidas que van desde los intentos británicos de criminalizar la mera consulta de contenidos extremistas, o convertir legalmente a los informantes en “espías” -con las consecuencias penales que ello conlleva-, a obligar al bloqueo inmediato de contenidos en plataformas como Facebook, Twitter, Instagram o Youtube, como contempla la 'Ley de Facebook' alemana. En Francia se debatía mantener de forma permanente algunas medidas del estado de emergencia decretado para luchar contra el terrorismo que perpetuarían el seguimiento y vigilancia a la prensa, limitando sus actividades y en especial afectando al secreto de sus fuentes. Precisamente sobre espionaje merece mención especial la victoria histórica en los tribunales que obtuvo la sección alemana de Reporteros Sin Fronteras. La justicia alemana obligó a la agencia de inteligencia BND a aclarar sus técnicas de vigilancia y seguimiento a periodistas, y poner límite al almacenamiento de sus registros.

 

También 2017 ha sido el año de una cierta reacción por parte de la Unión Europea. Las autoridades comunitarias han aplicado por primera vez en la historia el artículo 7 del Tratado de la Unión para sancionar la deriva autoritaria de Polonia. RSF lamentó no obstante que Bruselas se centrara más en la injerencia en la independencia del sistema judicial polaco que en las graves intromisiones oficiales que llevan años produciéndose en la prensa.

 

Los intentos de repolonizar los medios polacos ponen de manifiesto el auge de los nacionalismos en Europa y cómo afectan a la propiedad de los medios y a la presión que se ejerce sobre ellos. Desde lo ocurrido en Polonia hay que resaltar la deriva de la propiedad de los medios en Hungría o la presión que ejerce el nacionalismo croata, mientras que en España el informe que publicó Reporteros Sin Fronteras en octubre detalló ampliamente la difícil situación de la prensa en la crisis catalana.

 

En Turquía el régimen de Recep Tayyip Erdogán no retrocede en su órdago para eliminar el periodismo independiente. Los procesos judiciales contra periodistas se alargaron todo el año mientras las autoridades judiciales abusan de la prisión provisional para tener entre rejas a decenas de informadores. En la actualidad Turquía es, junto con China, la mayor cárcel de periodistas del mundo.

 

Finalmente, en el continente europeo se puso de manifiesto la urgente necesidad de reforma del sistema de alertas de Interpol para evitar que siga actuando al servicio de los intereses de gobierno autoritarios. La detención de periodistas turcos en España, uzbekos en Ucrania, o azerbaiyanos en Turquía reflejó la imperante necesidad de que Interpol revise sus procedimientos.

 

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