INFORME ANUAL 2017 | AMÉRICA

31.12.2017 00:00

 

Introducción:

De la intolerable violencia en México a la irrupción de Donald Trump y su campaña contra la prensa y la verdad, un inquietante en América

 

México vuelve a ser el país más mortífero para los medios de comunicación en América, pese a que la nación no está en guerra aunque sí se vive en un ambiente violento fundamentalmente por las mafias y los cárteles que conviven con los poderes políticos y gubernamentales. Este año los periodistas asesinados han sido once, pese a que muchos profesionales se autocensuran para evitar represalias. En República Dominicana las víctimas fueron dos periodistas radiofónicos durante una emisión en directo. En Colombia la muerte de una periodista llegó el 8 de octubre, cuando cubría una intervención del Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía Nacional contra un movimiento social de comunidades indígenas, en el departamento de Cauca. En agosto, RSF se había reunido con el presidente Juan Manuel Santos, quien se había comprometido a mejorar la situación de la libertad de prensa en Colombia y a reforzar la protección que se ofrece a los periodistas.

El 2 de febrero se publicó el informe Veracruz: los periodistas frente al Estado del miedo, fruto de una misión que Reporteros Sin Fronteras realizó en México en junio de 2016, en la cual nuestra organización se puso en contacto con periodistas de esta región, organizaciones no gubernamentales e instituciones locales y federales encargadas de la defensa de la libertad de prensa en México. En este informe se muestra el deplorable ambiente de trabajo en el que se desempeñan los periodistas del estado de Veracruz, la zona más peligrosa de América Latina para el gremio periodístico. Por un lado, los investigadores se enfrentan a cárteles ultraviolentos y, por otro, a políticos corruptos; si se interesan “demasiado” en casos delicados o concernientes al crimen organizado padecen amenazas, intimidaciones y hasta pueden ser ejecutados a sangre fría, como ha sido el caso de cinco reporteros.

 

Finalmente, en este informe se hace una serie de recomendaciones a las autoridades federales, así como al nuevo gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, heredero del dramático balance que dejó Javier Duarte de Ochoa, su predecesor, quien tras verse acusado de enriquecimiento ilícito desapareció. No se tienen noticias de él desde el 12 de diciembre de 2016.

Tras el asesinato de Javier Valdez, el sexto periodista asesinado desde que se inició el año, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, se comprometió a fortalecer el Mecanismo para la Protección de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos y la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Contra la Libertad de Expresión, así como a establecer un protocolo de operación a escala nacional para coordinar las investigaciones por los crímenes cometidos contra periodistas y la atención a las víctimas.

 

Desde que Enrique Peña Nieto llegó al poder, el 1 de diciembre de 2012, al menos 27 periodistas han sido asesinados debido a su labor informativa.

La lista de periodistas asesinados no acaba en este país latinoamericano. En República Dominicana, el 14 de febrero un hombre entró en los estudios de la radio 103.5 FM, ubicada en un centro comercial de San Pedro de Macóris, y disparó contra la secretaria de la emisora, Dayana García; el director, Leónidas Antonio Evangelista Martínez, y el periodista Luis Manuel Medina Pérez. Los dos murieron y la mujer tuvo que ser hospitalizada.

 

El Salvador no se libró de la violencia. El 8 de mayo, el responsable de la antena transmisora de Radio Cadena Mi Gente fue asesinado por supuestos miembros de pandillas en Apopa, al norte de la capital salvadoreña.

La llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos ha supuesto un serio retroceso para la libertad de prensa en el país. Desde el primer momento, Trump ha puesto trabas y vetos a determinados medios de comunicación y a periodistas en concreto, negándose en muchas ocasiones a permitir que le hagan preguntas o asistan a sus intervenciones públicas.

 

En las primeras 72 horas desde que se convirtiera en el 45º presidente de Estados Unidos, Trump y su equipo de gobierno desencadenaron un ataque coordinado contra los medios de comunicación y mostraron un claro desprecio a los hechos.

“De hecho, los repetidos ataques a la prensa por difundir supuesta información errónea y el uso del término hechos alternativos por parte de la administración, son tácticas de gobiernos autoritarios”, recordaba Delphine Halgand, directora de RSF-América del Norte. “Los depredadores de la libertad de prensa observan a Trump y toman nota. Resulta aterrador pensar en lo que le puede suceder a los periodistas en el mundo ahora que el líder de Estados Unidos está dando un ejemplo como este”, añadía.

 

Por otra parte, la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) anunció el 6 de febrero que, a partir del 1 de marzo, dejaría de aceptar emails con peticiones amparadas en la Ley de Libertad de Información (FOIA). La agencia precisó que sí atendería peticiones llegadas por fax, correo postal o a través del portal de internet en ciertos casos y siempre que cumplieran determinadas condiciones. Entre dichos requisitos, no establecidos en la ley, está que las peticiones se limiten a una por día y por solicitud, o que el texto no sobrepase los 3.000 caracteres.

En este año se acusó a periodistas de cometer delitos por el hecho de cubrir las manifestaciones de protesta en la toma de posesión de Trump en Washington DC, o en Dakota del Norte, donde informaban de las protestas por la construcción de un oleoducto. Cuatro reporteros fueron detenidos en la frontera, uno más fue agredido físicamente. Según datos recabados por U. S. Press Freedom Tracker, en 2017, 19 periodistas fueron detenidos mientras realizaban su trabajo y al menos diez se enfrentaron a procesos judiciales. Pero el caso más significativo fue el de Dan Heyman, reportero de Public News Service, que intentaba hacerle una pregunta al secretario de Salud y Servicios Humanos, Tom Price, en el capitolio de West Virginia. Fue detenido y encarcelado. Posteriormente fue puesto en libertad bajo fianza.

 

El 7 de marzo, la Real Policía Montada de Canadá anunció que denunciaba criminalmente a 28 individuos por su supuesta vinculación en las protestas contra el proyecto hicroeléctrico Muskrat Fallas. Además, el 22 de septiembre la agencia de los servicios de frontera canadiense impidió la entrada al país de Chelsea Manning.

 

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