India

31.12.2018 00:00

 

Puesto 138

de 180 países, en la CLASIFICACIÓN MUNDIAL 2018 de la Libertad de Prensa

Superficie: 3.287.595km2

Población: 1.339.180.127habitantes

Jefe de Estado: Ram Nath Kovind

Presidente del Gobierno:Narendra Modi

PIB per cápita (US$ a precios actuales): 1.940

Tasa de alfabetización en adultos (mayores de 15 años): 72,2%

Porcentaje de usuarios de Internet: 29,5%

 

 

El año de 2017 dejó como herencia un alarmante incremento de asesinatos de periodistas en el país. Una tendencia que ha decrecido ligeramente en cifras en 2018, pero no en violencia. El año ha estado marcado también por el aumento exponencial de las campañas en internet contra periodistas y las revelaciones de la Operación 136, de la web Cobrapost, cuyo trabajo de investigación mostró que la mayoría de los grupos de prensa del país recibe fondos del partido en el poder a cambio de una cobertura favorable.

 

El periodista Sandeep Sharma fue asesinado en marzo, atropellado deliberadamente por un camión en la localidad de Bindh, del estado de Madhya Pradesh. Investigaba la denominada “mafia de la arena”, sobre la obtención ilegal de materiales por parte de empresas de construcción. Había denunciado con anterioridad amenazas de muerte.

 

Ese mismo mes dos reporteros fueron de nuevo brutalmente embestidos por otro vehículo en la localidad de Bhojpur, del estado de Bihar. Navin Nischal y Vijay Singh murieron en el acto.

 

El periodista Shujaat Bukhari fue asesinado en junio, en Cachemira. Tenía protección policial desde el año 2000, y fue asesinado apenas una semana después de que Naciones Unidas pidiera una investigación por la violación de derechos humanos en esa región.

 

En octubre una guerrilla maoísta mató al cámara Achyutananda Sahu en una emboscada en una zona rural del estado de Chhattisgarh, un día antes de la brutal agresión al periodista Chandan Tiwari, secuestrado y hallado inconsciente en una zona forestal del estado de Jharkhand. Murió mientras era trasladado al hospital.

 

La presión de varios sectores de la población contra los periodistas adopta niveles impensables que han creado un clima irrespirable y muy peligroso para ejercer el periodismo. Máxime en el caso de las mujeres. El caso más grave se produjo en noviembre, con las agresiones por parte de fundamentalistas hindúes a decenas de periodistas, sobre todo mujeres, que cubrían la entrada por primera vez al templo de Sabarimala de mujeres de 10 a 50 años, después de que el Tribunal Supremo del país levantara la prohibición vigente.

 

Patricia Mukhim fue blanco, en abril, de un intento de asesinato con queroseno que provocó un incendio en su casa de Shillong. Culpó al Gobierno y a algunas “organizaciones” del ataque.

 

Rana Yyyub sufrió un auténtico infierno ese mismo mes cuando se publicó una información falsa que le atribuía la petición de libertad de los detenidos por violar y asesinar a una menor. Los insultos, montajes pornográficos y hasta llamamientos en las redes a violarla alcanzaron dimensiones inéditas.

 

Y Swathi Vadlamudi fue blanco de amenazas en redes sociales después de ser acusada por las autoridades de ofender los sentimientos religiosos por publicar en Twitter una caricatura sobre las manifestaciones de nacionalistas que pedían la libertad de los detenidos por una violación múltiple y asesinato de una niña de ocho años de una comunidad musulmana.

 

También el periodista Ravish Kumar fue blanco de una campaña especialmente virulenta contra su persona, que incluía videos con amenazas de muerte de supuestos simpatizantes del grupo nacionalista Bajrang Dal. Kumar acababa de publicar el libro La voz libre, donde describía el declive de los medios en India desde que Narendra Modi tomó posesión como primer ministro en 2014.

 

Y la periodista Swati Chaturvedi recibió decenas de amenazas de muerte después de ser galardonada con el Premio al Coraje 2018 de Reporteros Sin Fronteras.

 

Los procesos electorales son momentos de especial tensión. Durante las elecciones municipales de mayo en el estado de Bengala Occidental varios activistas y partidarios de los candidatos agredieron a una decena de periodistas.

 

Separatistas y fuerzas de seguridad agredieron a periodistas en el valle de Cachemira en el mes de junio. El largo conflicto en esta región se agudiza desde 2016. Las fuerzas de seguridad están involucradas en toda una serie de abusos, como la detención del periodista Aasif Sultan. Medio centenar de policías irrumpió en su domicilio, le agredieron y le exigieron que “explicara su ideología política” por supuestamente “dar cobijo a un periodista.

 

En julio se produjo un nuevo ataque contra la residencia de un informador. Desconocidos lanzaron una granada de gas lacrimógeno a la casa del periodista Fahad Shah, cofundador de la web Kashmir Walla. Un grupo paramilitar había vandalizado su coche un mes antes.

 

En agosto RSF pidió la ilegalización de un grupo nacionalista hindú que lanzó una campaña contra la prensa para “reclutar voluntarios” en redes sociales para luchar contra los medios que publican “contenidos distorsionados que pueden dañar los sentimientos religiosos o romper la armonía social”.

 

A la violencia ejercida en las calles y la presión vertida en internet se suman los procesos judiciales y detenciones para censurar e intimidar a la prensa.

 

La periodista Rachna Kharia, de The Tribune, fue denunciada en enero por revelar que se podía comprar información personal de mil millones de ciudadanos de la  base de datos Aadhaar, previo pago de 6,5 euros a una cuenta de WhatsApp.

 

Kamal Shukula, editor del portal de internet Bhumkal Samachar, fue denunciado por sedición por compartir en Facebook una caricatura sobre la negativa de un tribunal a investigar el asesinato de un juez en 2014.

 

En febrero las autoridades pusieron en libertad al fotoperiodista Kamram Yaousuf, detenido meses antes durante una manifestación en Cachemira. La agencia antiterrorista india le acusaba de “no ser un verdadero patriota” porque sólo cubría actividades “anti-nacionales”.

 

En diciembre el periodista Kishorechandra Wangkhem recibió una notificación oficial de las autoridades de Manipur que le informaban de su inminente detención provisional durante un año, a la espera de juicio, para “impedir que actúe de ninguna forma perjudicial a la seguridad del Estado”. El origen de la denuncia, haber calificado de “títere” del primer ministro Modi y de un grupo paramilitar nacionalista al jefe del Gobierno local.

 

También la prensa extranjera tiene dificultades para ejercer su profesión en India. Al periodista australiano Amruta Slez las autoridades le preguntaron por las actividades que iba a desarrollar en el país, los eventos a los que iba a acudir y le pusieron un guía para que le “acompañara”.