Honduras

31.12.2018 00:00

 

Puesto 141

de 180 países, en la CLASIFICACIÓN MUNDIAL 2018 de la Libertad de Prensa

Superficie: 112.492 km2

Población: 9.265.067habitantes

Jefe de Estado: Jovenel Moïse

Presidente del Gobierno: Jean Henry Ceant [desde el 16 de septiembre de 2018, en sustitución de Jack Guy Lafontant

PIB per cápita (US$ a precios actuales): 766

Tasa de alfabetización en adultos (mayores de 15 años): 60,7%

Porcentaje de usuarios de Internet: 12,2%

 

 

La prensa hondureña ha sufrido una lenta caída desde hace casi una década, desde el golpe de Estado de 2009. El grado de impunidad en Honduras –país gangrenado por la violencia del crimen organizado y la corrupción– es uno de los más elevados del continente. Los periodistas que trabajan para los medios de comunicación de oposición o comunitarios a menudo son agredidos o amenazados de muerte, y en muchos casos se ven obligados a exiliarse. Por otra parte, suelen emprenderse procesos judiciales abusivos contra periodistas por difamación, delito que suele ser castigado con penas de prisión y que puede llegar a ser sancionado con la prohibición de ejercer el periodismo.

 

El 27 de enero Juan Orlando Hernández fue investido como presidente para un segundo mandato. Antes, el 5 de enero, en Choluteca, Kevin Castillo, que trabaja para Televida, fue golpeado por militares, que tiraron su cámara al suelo y la rompieron.

 

El 12 de enero, en Tegucigalpa, César Silva, Rony Martínez, José Flores y Pedro Amador, de Une TV, así como Claudia Mendoza, corresponsal del espacio “Primer Impacto”, de Univisión, y Gerson Maldonado, de TV Azteca, fueron golpeados por militares, que destruyeron su material de trabajo. El 20 de enero, también en Tegucigalpa, la capital, miembros de la policía le fracturaron una pierna al corresponsal de la cadena iraní Hispan TV, Dassaev Aguilar Moncada, al lanzar una bomba de gas lacrimógeno.

 

A principios de año, diez periodistas reconocidos por su posición crítica frente a las autoridades vieron cómo se difundían en Facebook fotografías suyas, asociadas a los medios de comunicación para los que trabajan, acompañadas del mensaje: “conozca los asesinos de la democracia y la verdad”. Estos son Gilda Silvestrucci (Radio Globo); Dasaev Aguilar Moncada (Hispan TV); Rony Martínez, César Silva, Ivis Alvarado, Mauricio Rivera, Edgardo Castro y Jorge Aldana (UneTV); Ariel D. Vicente (Prensa Libre), y Jairo López (Canal 21), quien ya había sufrido campañas similares en 2017.

 

Defensores de los derechos humanos y de la libertad de expresión, como Eddy Tabora, director de C-Libre, también se vieron afectados por estas acusaciones, que fueron ampliamente difundidas en las redes sociales. Por esta razón, el 18 de enero se presentó una denuncia ante el Ministerio Público, pero las autoridades no abrieron ninguna investigación por este caso.

 

Frente a este estado de cosas, el 21 de enero la Conadeh pidió al Estado hondureño que investigara las amenazas a periodistas, identificara a sus autores materiales e intelectuales y presentara los requerimientos necesarios para su sanción penal. También reafirmó que es urgente que ofrezca protección a los periodistas.

 

El 18 de enero, Ismael Moreno, director de Radio Progreso, denunció que existía un boicot contra su medio de comunicación –sabotearon su antena– debido a la difusión de información relacionada con las protestas ciudadanas.

 

Por querer cubrir el conflicto minero en el departamento de Colón, varios periodistas fueron víctimas de actos de violencia, amenazas e intentos de soborno.

 

El 27 de octubre, en la comunidad de Guapinol, cerca de Tocoa (Colón), los periodistas Rigoberto Mendoza, Vitalino Álvarez , Erick Mendoza y Osman Corea (de Comunicaciones Mendoza); Wenceslao Canales (Canal 29); Donaldo Domínguez, Jennifer Molina y César Obando (Radio Progreso); Jhony Castillo (Canal 5) y Miguel Dubón (Radio Globo) fueron agredidos por la policía y el Ejército hondureños cuando cubrían el desmantelamiento de un campamento de activistas defensores del medio ambiente.

 

Se sospecha que la empresa minera Inversiones Los Pinares obtuvo de forma ilegal un permiso de perforación y de explotación en la región de Guapinol, que alberga una reserva natural protegida. Más de 350 pobladores de la zona establecieron un campamento de resistencia para protestar por las actividades de esta empresa privada.

 

Según testimonios recabados por RSF, Inversiones Los Pinares incluso intentó en varias ocasiones comprar el silencio de los periodistas: les ofreció 4.000 lempiras (unos 150 euros) a cambio de que no informaran sobre lo que acontecía.

 

Los periodistas que rechazaron el soborno y que acudieron al lugar cuando se desmantelaba el campamento fueron agredidos por policías y militares.