Estados Unidos

31.12.2018 00:00

 

Puesto 45

de 180 países, en la CLASIFICACIÓN MUNDIAL 2018 de la Libertad de Prensa

Superficie: 9.826.675 km2

Población: 325.719.178habitantes

Jefe de Estado y Presidente del Gobierno: Donald J. Trump

PIB per cápita (US$ a precios actuales): 59.532

Tasa de alfabetización en adultos (mayores de 15 años): 99%

Porcentaje de usuarios de Internet: 76,2%

 

 

 

En los últimos años ya se habían registrado atentados contra la libertad de prensa, reconocida en la Primera Enmienda de la Constitución de 1787. Sin embargo, la situación se ha deteriorado aún más: en su primer año de Gobierno, el presidente Donald Trump no ha hecho sino minar el derecho de los periodistas a ejercer su oficio. En una serie de ataques verbales a periodistas, Trump ha calificado a la prensa de "enemigo del pueblo estadounidense", ha intentado impedir el acceso a la Casa Blanca de reporteros de varios medios de comunicación y ha usado con frecuencia el término fake news (noticias falsas) para desacreditar al periodismo crítico. Un tiroteo en la redacción de The Capital Gazette dejó cinco muertos. Un bloguero de Chicago fue asesinado.

 

El 30 de mayo, Zachary Stoner, bloguero y periodista de música con sede en Chicago, fue asesinado. Aunque la mayor parte del trabajo de Stoner estaba relacionado con el rap y los gangs locales, había recibido amenazas por su cobertura del caso Kenneka Jenkins, hallado muerto en un frigorífico de un hotel de Chicago en septiembre de 2017.

 

Un individuo armado atacó en junio la redacción de The Capital Gazette, un periódico local de Annapolis (Maryland), provocando la muerte de cinco personas e hiriendo a varias. Las víctimas mortales fueron los periodistas Gerald Fischman, columnista y responsable de la sección de opinión; Rob Hiaasen, asistente del director y columnista de la edición del fin de semana; John McNamara, reportero de deportes; Wendi Winters, reportera, y Rebecca Smith, ayudante del departamento de ventas de la empresa.

 

Un tribunal federal impuso un total de 63 meses de cárcel a Reality Winner, informante de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA), que se declaró culpable, el 26 de junio, de violar la Ley de Espionaje del país. Winner es la primera de dos informantes juzgados bajo la administración Trump.

 

El 6 de marzo, el senador Ted Cruz y 18 miembros del Congreso enviaron una carta al Fiscal General Jeff Sessions urgiendo al Departamento de Justicia a investigar a Al Jazeera, un medio de comunicación fundado por el Gobierno catarí, para aclarar si debe o no debe inscribirse a tenor de la Ley de Registro de Agentes Extranjeros (FARA). La carta manifestaba su preocupación porque los contenidos de Al Jazeera pudieran afectar a los intereses estadounidenses y suponer una amenaza para la seguridad nacional, por su “cobertura favorable” hacia organizaciones terroristas extranjeras –según la opinión del Departamento de Estado– y sus emisiones radicalmente “antiamericanas”, “antisemitas” y “antiisraelíes”. Al Jazeera rechazó esas acusaiones en un escrito enviado al Congreso, recordando que un regulador británico de comunicaciones acababa de investigar y desestimar acusaciones semejantes lanzadas contra la compañía.

 

La carta de los congresistas se envió después de que el Departamento de Justicia obligara en agosto a la corresponsalía en Washington de RT América (una organización de medios financiada por el Kremlin) a registrarse como agente extranjero al amparo de la FARA. Tras esta designación, el Ministerio de Justicia ruso tachó de agentes extranjeros en Rusia a varias organizaciones de medios estadounidenses, incluidas Voice of America, Radio Free Europe/Radio Free Liberty y siete organizaciones afiliadas.

 

Desde su acceso a la presidencia de los Estados Unidos, Donald Trump no ha dejado prácticamente una semana sin atacar y denigrar a los miembros de la prensa, a quienes acusa de divulgar "noticias falsas" y no cumplir correctamente con su labor. En una de sus últimas invectivas, vía Twitter, Trump anunció que se concederán premios a los medios más "corruptos y tendenciosos".

 

En respuesta a sus constantes ataques contra los medios y al anuncio hecho por el Presidente, Reporteros Sin Fronteras lanzó una campaña en las redes sociales titulada "¡Bravo Donald!". Concebida por la agencia de publicidad BETC, la campaña muestra a depredadores de la libertad de prensa como el presidente chino, Xi Jinping; el líder supremo iraní, Ali Khamenei; el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, y el líder venezolano, Nicolás Maduro, felicitando a Tramp por el esfuerzo y creatividad demostrados en denigrar la libertad de prensa y en vilipendiar a los periodistas.

 

RSF expresó su preocupación por la tendencia de los usuarios de internet a difundir información falsa al suplantar a periodistas y medios de comunicación en las redes sociales. Los hechos ocurrieron después del tiroteo en una escuela secundaria en Parkland, Florida, a primeros de febrero, en el que fueron asesinadas 17 personas.

 

La periodista del Miami Herald Alex Harris se descubrió a sí misma en una cuenta falsa mientras cubría el tiroteo el 14 de febrero. Dos tuits de una cuenta de Twitter con su nombre difundieron información ofensiva e inexacta sobre el tiroteo y la naturaleza de su investigación.

 

El 27 de marzo, el Departamento de Justicia denunció a Terry Albury por haber incumplido la Ley de Espionaje tras haber supuestamente filtrado información clasificada a un reportero, según informó el Minneapolis Star-Tribune.

 

“El uso de la Ley de Espionaje para criminalizar la difusión de información como si se tratara de espionaje es muy preocupante”, afirmó Margaux Ewen, directora de la oficina de América del Norte de RSF. “Las filtraciones son la esencia del periodismo de investigación y la persecución por parte del Gobierno a los informantes tras acusarlos de espionaje tiene repercusiones directas para la libertad de prensa”, advirtió.

 

Los medios de Estados Unidos, que se cuentan entre los más protegidos del mundo, se enfrentan a desafíos que amenazan la libertad de prensa. Es la conclusión de una investigación sin precedentes sobre libertad de prensa llevada a cabo en enero, un año después de la investidura del presidente Donald J. Trump.

 

Publicado el 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa, el informe señala que los ataques del presidente Trump a los medios de comunicación, a través de su cuenta de Twitter y en conferencias de prensa, están ensombreciendo un entorno ya de por sí hostil hacia los periodistas en Estados Unidos.

 

Al acusar abierta y de forma virulenta a periodistas y medios de mentir y difundir noticias falsas, la actual administración estadounidense corre el riesgo de minar la Primera Enmienda y crear una cultura de intimidación y hostilidad en la que los periodistas se encuentren desamparados.

 

Sin embargo, el informe también señala amenazas anteriores a la llegada de Trump a la Casa Blanca. Muchas ya estaban presentes bajo la administración de Barack Obama, que se sirvió de la Ley de Espionaje de 1917 de forma tan frecuente contra informantes que se alcanzó una cifra récord de juicios.

 

Entre otras amenazas a la libertad de los medios en Estados Unidos, se cuenta la supuesta campaña contra las noticias falsas (fake news), que desencadenó Sinclair Broadcast Group, una de las empresas más grandes de comunicación en Estados Unidos, y que impuso a sus afiliados locales. La campaña, que denuncia las historias falsas (fake stories) en los medios nacionales con guiones y orientaciones obligatorias desde la cúpula de la empresa, amenaza a la independencia editorial y credibilidad de los medios locales.

 

En un vídeo ampliamente difundido el 31 de marzo, decenas de presentadores de medios locales de grupo Sinclair recitaron un discurso idéntico denunciando a otros medios nacionales estadounidenses.

 

El grupo Sinclair posee el mayor número de canales locales de televisión de Estados Unidos y la empresa estaba en negociaciones para comprar Tribune Media por 3.900 millones de dólares. La compra proporcionaría al grupo 42 canales más, con lo que sumaría un total de más de 200 canales de televisión en propiedad.

 

RSF expresó su preocupación por el deseo declarado por el multimillonario estadounidense y cofundador de Tesla, Elon Musk, de establecer un sistema de calificación digital para los periódicos y así socavar la confianza en los medios, que se ha debilitado notablemente tras la llegada de Trump a la máxima magistratura de Estados Unidos.

 

Por otra parte, la fiscalía confiscó los registros telefónicos y el correo electrónico correspondiente a varios años de la reportera Ali Watkins, de The New York Times. La medida se enmarca en una investigación sobre James A. Wolfe, del Comité de Inteligencia del Senado, acusado de mentir al FBI sobre sus contactos con tres reporteros.  Wolfe, que también estuvo en contacto con Watkins durante tres años, negó haber filtrado información clasificada a periodistas.

 

La Agencia de Protección Ambiental (EPA), que analiza la contaminación del agua en Estados Unidos, celebró el 22 de mayo una reunión a la que se les impidió el acceso a la agencia AP, el canal de television CNN y E&E News (especializado en información ambiental). Cuando la periodista de AP, Ellen Knickmeyer, intentó atravesar un puesto de control, los agentes de seguridad le impidieron el paso y la echaron.  La prohibición fue revocada cuando AP informó de que su reportera había sido sacada del edificio por la fuerza.

 

Al día siguiente, la agencia estatal volvió a restringir el acceso de la prensa a la reunión, esta vez vetando la entrada a reporteros de Politico, E&E News y Crown Publishing, así como a un productor de CNN.  Varias de las organizaciones informativas excluidas –como CNN y AP– habían publicado historias críticas sobre la dirección de la EPA.

 

La abierta hostilidad de Donald Trump hacia varios corresponsales en la Casa Blanca se agudizó durante una conferencia de prensa el 7 de noviembre. El cruce de palabras desembocó en la retirada de la credencial de prensa del corresponsal de la CNN, Jim Acosta.

 

Horas después, la secretaria de prensa del presidente, Sarah Huckabee-Sanders, explicó en Twitter que el pase de prensa de Acosta había sido suspendido por "ponerle la mano encima" a una asistente de la Casa Blanca que acercaba el micrófono a los periodistas en la sala de prensa. Pero la cobertura en directo de C-SPAN del evento dejó en evidencia las palabas de Huckabee-Sanders. La secretaria de prensa compartió un vídeo manipulado para que pareciera que Acosta se comportaba de manera agresiva con la empleada de la Casa Blanca. En respuesta, CNN calificó la decisión de "represalia" basada en "un incidente que nunca sucedió".

 

El juez federal Timothy A. Kelly falló a favor de que la Casa Blanca le devolviera su credencial a Jim Acosta. Sin embargo, el magistrado hizo hincapié en la naturaleza limitada de esta orden y recordó que la Casa Blanca puede volver a revocar la credencial del periodista de la CNN si actúa de manera indebida.

 

Durante esa misma conferencia de prensa otros reporteros también fueron blanco de la hostilidad del Presidente. Cuando el reportero de NBC News. Peter Alexander. defendió el trabajo de Acosta como periodista, Trump le respondió: "Tampoco soy muy fan de los tuyos". Este reproche venía precedido de otro incidente en el que el Presidente ordenó a la periodista April Ryan, corresponsal en la Casa Blanca para American Urban Radio Networks, que se sentara cuando intentó hacerle una pregunta después de que él diera el turno a otro reportero. Días después la calificó de “asquerosa” y “perdedora”. También, el Presidente acusó a la reportera de PBS Newshour, Yamiche Alcindor, de formular una "pregunta racista" cuando ella señaló que algunos interpretan su profesado "nacionalismo" como un espaldarazo al nacionalismo blanco.

 

Apenas unas semanas antes, la CNN recibió tres paquetes sospechosos que se asemejaban a las 14 bombas de fabricación casera que se cree que un simpatizante del Presidente envió a otros medios críticos hacia Trump.

 

Las relaciones del Presidente con la prensa son conflictivas, y sus expresiones denigrantes hacia tres mujeres periodistas de color fueron ampliamente denunciadas.

 

RSF se hizo eco del rechazo a las expresiones del Presidente Trump hecha por la International Women’s Media Foundation y la National Association of Black Journalists. Las mujeres y personas de color son víctimas en ocasiones de amenazas concretas que las hacen particularmente vulnerables al acoso.

 

El 3 de abril, el periodista independiente Manuel Durán Ortega fue acusado de desorden público y de obstrucción de una carretera cuando cubría en Memphis, Tennessee, una manifestación contra las políticas migratorias para su portal informativo en español Memphis Noticias. Los cargos presentados en su contra fueron retirados, pero la policía lo entregó al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos, que lo mantiene detenido en un centro de Luisiana. Durán Ortega es salvadoreño e inmigrante sin papeles desde 2006.

 

Durán Ortega no es el único periodista extranjero detenido por los servicios de inmigración y que podría ser deportado. El reportero mexicano Emilio Gutiérrez Soto y su hijo de 24 años, detenidos en diciembre de 2017 por agentes de inmigración, actualmente se encuentran en un centro de detención en espera de la respuesta a su solicitud de asilo.

 

RSF expresó su preocupación por el nuevo conjunto de reglas establecidas para los periodistas en las conferencias de prensa de la Casa Blanca. La administración Trump adelantó la nueva normativa el 19 de noviembre, cuando anunció que se devolvía el pase de prensa al corresponsal de CNN, Jim Acosta.

 

Según las nuevas reglas, los reporteros pueden hacer "una sola pregunta" en una conferencia de prensa. La repregunta, una práctica tradicional para los reporteros de la Casa Blanca, solo estará permitida "a voluntad" del Presidente u otros cargos de la Casa Blanca. Las reglas también precisan que los reporteros deben "entregar literalmente" el micrófono cuando se les indique que lo hagan.

 

"Las nuevas reglas para conferencias de prensa de la Casa Blanca parecen convertir en comportamientos indecorosos y punibles las prácticas que, durante mucho tiempo, se han entendido como fundamentales para la manera en que los reporteros realizan sus actividades durante las reuniones informativas oficiales", señaló Margaux Ewen, directora de la oficina de RSF en Norteamérica.