Estados Unidos

31.12.2017 00:00

 

Puesto 43

de 180 países, en la CLASIFICACIÓN MUNDIAL 2017 de la Libertad de Prensa

 

 

Superficie: 9.826.675 km2

Población: 323.127.513 habitantes

Jefe de Estado y Presidente del Gobierno: Donald J. Trump

PIB per cápita (US$ a precios actuales): 57.638

Tasa de alfabetización en adultos (mayores de 15 años): 99%

Porcentaje de usuarios de Internet: 76,2%

 

 

 

 

BARÓMETRO 2017

  • 0 Periodistas asesinados
  • 0 Internautas y periodistas ciudadanos asesinados
  • 0 Colaboradores asesinados
  • 0 Periodistas encarcelados
  • 0 Internautas y periodistas ciudadanos encarcelados
  • 0 Colaboradores encarcelados

 

 

 

El año 2017 fue para la libertad de prensa en Estados Unidos nefasto, sin precedentes. El presidente Donald Trump ha hecho de su hostilidad hacia la prensa parte intrínseca de su política, a través de un incontable número de ataques verbales a los periodistas en ruedas de prensa, y sobre todo en sus declaraciones a través de las redes sociales. Reporteros Sin Fronteras ha creado un seguimiento ad hoc de todo ello bajo el título US–#WeeklyAddress.



Los periodistas en Estados Unidos han sido perplejos protagonistas de vetos a las ruedas de prensa, expulsiones, amenazas, y todo tipo de arbitrariedades de la administración Trump. El presidente no sólo ha mermado considerablemente las ruedas de prensa de la Casa Blanca, impidiendo a los medios ejercer su labor de control e información de los asuntos de Estado, sino que ha creado un clima de impunidad -e incluso aliento- de los ataques a la prensa, que se ha traducido en todo tipo de lamentables episodios. En 2017 hemos visto a autoridades agredir a periodistas, periodistas esposados por agentes de seguridad o periodistas hospitalizados por agresiones de manifestantes.



Ya en enero, varios periodistas vieron denegada su acreditación en el acto de toma de posesión del presidente Trump y tres informadores fueron detenidos mientras cubrían las protestas en Washington convocadas para ese día. Se les acusó de “participar en un motín”, y se exponían a penas de hasta diez años de cárcel y una multa de 25.000 dólares.


 
Associated Press informó, aún en enero, de una directriz interna enviada a los funcionarios de agencias federales, como los departamentos de Agricultura o Interior, prohibiéndoles contestar directamente a las solicitudes de información remitidas por la prensa, y obligándoles a redirigirlas a la Oficina de Administración y Recursos de Gestión (Office of Administration and Resources Management) para su mejor análisis. El secretario de prensa de la Casa Blanca negó tal injerencia.

 

Pero las sospechas sobre la nueva relación de los organismos estatales con la prensa continuaron y en febrero el FBI informó de que, a partir de marzo, limitaría las solicitudes de información amparadas en la Ley de Libertad de Información (FOIA, en sus siglas en inglés). Una legislación que hasta la fecha había servido de herramienta a la prensa para acceder a documentos gubernamentales desclasificados.



En febrero continuaba el juicio a la periodista Jenni Monet, acusada de participar en un “motín” por cubrir las protestas contra la construcción de un oleoducto en Dakota del Norte. En marzo, una coalición de ONG internacionales pedía a las autoridades la retirada de los cargos contra una decena de periodistas por cubrir las protestas desatadas por el oleoducto.



En mayo, el reportero Dan Heyman fue detenido después de intentar hacer una pregunta al secretario de Salud, Tom Price, sobre la legislación sanitaria recientemente adoptada por la Cámara de Representantes estadounidense. Fue puesto en libertad bajo fianza a las pocas horas.



Ese mismo mes, John M. Donnelly, veterano corresponsal de CQ Roll Call, fue maniatado por los guardias de seguridad en la sede de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) durante una comparecencia pública sobre “neutralidad en la red”.



Aún en mayo, el reportero de The Guardian Ben Jacobs fue agredido por Greg Gianforte, candidato republicano por Montana al Congreso, después de haber intentado hacerle una pregunta relacionada con la postura republicana sobre la legislación sanitaria.



Los conflictos raciales continúan generando fuertes tensiones sociales en Estados Unidos. En junio, dos periodistas estaban entre los 18 detenidos en las protestas suscitadas en Minneapolis por la absolución del jefe de policía que disparó a Philando Castile. David Clarey y Susan Du fueron acusados de asamblea ilegal.



Ese mismo mes, el semanario local californiano The Sacramento Valley Mirror denunció las amenazas de muerte que llevaba meses recibiendo después de haber cubierto un asesinato local.



En julio la policía detuvo a los manifestantes que protestaban frente al Senado y obligó a los periodistas a eliminar las imágenes que habían tomado de las detenciones. Cabe recordar que las leyes del Congreso prohíben grabar vídeos o registrar fotos de los exteriores de la Cámara.



También en julio se supo que la gobernadora de Alaska, Sarah Palin, denunció por difamación a 23 reporteros de The New York Times por haber publicado documentos que podían provocar “sentimientos negativos hacia ella”.



En agosto la prensa volvió a sufrir las consecuencias de intentar cubrir los conflictos sociales derivados de la tensión racial. Los enfrentamientos en Virginia entre miembros del movimiento Unite the Right y sus opositores alcanzaron niveles de alta violencia. Un manifestante atropelló a un grupo de personas, matando a una de ellas, y la periodista Taylor Lorenz fue agredida por otro individuo que intentaba impedir que lo emitiera en directo. Al día siguiente, un fotoperiodista de la CBS 6 tuvo que ser hospitalizado tras ser agredido por otro manifestante en Richmond.


 
De nuevo en octubre, varios periodistas fueron detenidos mientras cubrían las protestas desatadas en St. Louis, Misuri, contra la absolución del policía que disparó a un negro.

 

En noviembre un cámara de Fox News fue agredido por el equipo del candidato al senado Roy Moore cuando intentaba fotografiar su intento de llegar a un mitín en Henagar, Alabama.

 

El derecho al secreto de las fuentes también se ve amenazado de manera creciente en Estados Unidos. En diciembre, el periodista independiente Jamie Kalven defendía ante un tribunal de Illinois su derecho a mantener en secreto a las fuentes de sus escritos sobre el juicio al policía Jason Van Dyke, acusado de asesinar a Laquan McDonald.

 

El año concluyó de manera drástica con otra medida destinada a poner a la prensa en el epicentro de las tensiones políticas, cuando la administración Trump decidió obligar al canal ruso RT a registrarse como “agente extranjero” en Estados Unidos.



En paralelo, la política migratoria es otro de los frentes más controvertidos de la administración Trump. A sus intentos de controlar la entrada de extranjeros al país se suma la política hacia los solicitantes de asilo, que ha tenido a varios informadores mexicanos retenidos en los centros de detención de la frontera.



En marzo, numerosas organizaciones de defensa de los derechos humanos y las libertades civiles se oponían al anuncio del responsable de Interior, John Kelly, contra la posible medida de exigir los datos de las redes sociales (contraseñas incluidas) en los procesos de solicitud de visados para entrar a Estados Unidos.



En abril, el periodista mexicano Martin Méndez Pineda llevaba más de dos meses detenido en el centro de detención de El Paso, Texas, a la espera de que las autoridades estadounidenses dirimieran sobre su solicitud de asilo. Méndez Pineda había huido a Estados Unidos por las amenazas de muerte recibidas en el estado mexicano de Guerrero. En mayo seguía detenido. La fiscalía le denegó por segunda vez su solicitud de libertad. El periodista terminó retirando su solicitud de asilo y regresando a México.



Meses más tarde, en diciembre, el periodista mexicano Emilio Gutiérrez Soto, solicitante de asilo en Estados Unidos desde 2008, intentaba evitar ser deportado al país del que tuvo que huir por las amenazas de muerte derivadas del ejercicio de su profesión.



A la realidad de los periodistas locales -con continuas amenazas, vetos y detenciones- y la realidad de los informadores extranjeros –que ven impedida su entrada al país– se añade la realidad de la red global de internet, amenazada en todo el planeta de una manera creciente y también en Estados Unidos.



El debate sobre el encriptado –y desencriptado– de las comunicaciones electrónicas irrumpió con fuerza en julio, ante la reunión de las agencias de espionaje de Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Reino Unido y Estados Unidos. Numerosas organizaciones internacionales pidieron a los responsables de los países citados que respetasen el fuerte encriptado de las comunicaciones como medida de privacidad (esencial entre otras cosas para el ejercicio del periodismo y la seguridad de las fuentes).



En noviembre, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, en sus siglas en inglés) votó a favor de retirar las medidas que garantizaban el concepto conocido como “neutralidad en la red” que pretende velar por la igualdad de las comunicaciones con independencia de los métodos de acceso a ella. La comisión revocaba las medidas impuestas por la administración del presidente Barack Obama para limitar a los proveedores de internet su dominio del mercado.