España

31.12.2018 00:00

 

Puesto 31

de 180 países, en la CLASIFICACIÓN MUNDIAL 2018 de la Libertad de Prensa

 Superficie: 505.370 km2

Población: 46.572.028  habitantes

Jefe de Estado: Felipe VI

Presidente del Gobierno: Pedro Sánchez Pérez-Castejón [desde el 2 de junio de 2018, en sustitución de Mariano Rajoy]

PIB per cápita (US$ a precios actuales): 28.156

Tasa de alfabetización en adultos (mayores de 15 años): 98,1%

Porcentaje de usuarios de Internet: 80,6%

 

Aunque no con el mismo nivel de crispación que el año anterior, el foco de atención se ha posado, de nuevo en 2018, sobre Cataluña, que ha vuelto a ser testigo de un clima de hostilidad con los periodistas, especialmente duro para los reporteros a pie de calle. El entorno de polarización extrema que vive la política catalana se ha trasladado a unos medios, cuyos profesionales acaban siendo las principales víctimas de las tensiones para informar. El año comenzaba con el ataque al periódico digital con sede en Barcelona Crónica Global, reivindicado por la asociación juvenil independentista y anticapitalista Arran, en lo que constituye un hecho insólito desde el fin del terrorismo de ETA.

 

A la brutal agresión sufrida por el fotoperiodista Jordi Borràs, presuntamente a manos de un miembro de la Policía Nacional, se sucedieron los puñetazos recibidos por un cámara de Telemadrid, que cubría una protesta contra los lazos amarillos, los símbolos con los que los independentistas reivindican la liberación los políticos encarcelados por proclamar unilateralmente la independencia de Cataluña, en octubre de 2017. Como era previsible, en el aniversario del 1 de octubre -cuando se cumplía un año del referéndum ilegal, que las fuerzas españolas de seguridad trataron de impedir con duras cargas-, se produjeron, durante los directos, toda clase de hostigamientos a reporteros de las cadenas de televisión españolas, por parte de manifestantes independentistas. Del mismo modo, como era previsible, el 12 de octubre, fiesta nacional de España, periodistas de medios catalanes sufrieron las mismas increpaciones y muestras de agresividad, por parte de manifestantes españolistas. RSF hace un llamamiento a que la situación se normalice y a que los medios colaboren para ello, si bien cree que los incidentes están lejos de haber terminado.

 

La polémica reforma de la corporación pública RTVE y la pugna de los partidos políticos en torno a cómo implementarla ha sido otro de los hechos clave del año pasado. La reforma que se aprobó en septiembre de 2017, con el consenso inicial de los grupos parlamentarios, pretendía poner fin a años de politización, bajo el mandato del ex presidente Mariano Rajoy. La nueva norma prevé la elección por concurso público del presidente y del Consejo de Administración de la corporación, en un proceso transparente y monitorizado por el Parlamento. Sin embargo, las rencillas entre grupos parlamentarios han hecho imposible aún la aplicación de la nueva ley. El nombramiento de una Administradora Única de la Corporación, con carácter provisional, ha calmado temporalmente las aguas, si bien urge que se desbloquee el desacuerdo partidista sobre el modo en que ha de realizarse el concurso para designar al presidente y al Consejo de RTVE.

 

En el capítulo de las televisiones de propiedad pública, 2018 destaca también por el polémico sesgo independentista que la CCMA (Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals) -que engloba a la cadena TV3 y a la emisora Catalunya Ràdio-aplica a sus contenidos informativos, según denuncia la oposición, y por una decepcionante renovación de sus órganos de Gobierno, que mantiene la opacidad y la falta de independencia en la elección de sus miembros. Todo ello ha sido denunciado por sus profesionales.

 

2018 ha sido también un año controvertido para la libertad de expresión en España y su impacto en la libertad para informar. Un exceso de condenas amparadas en delitos como enaltecimiento del terrorismo, injurias a la Corona u ofensa a los sentimientos religiosos ha creado un clima con demasiadas rigideces para el libre ejercicio de la expresión y la información.

 

De igual modo, los periodistas se han seguido topando con obstáculos por atribuírseles un deber que en ningún modo les corresponde: el de la custodia de los casos bajo secreto sumarial. La revelación de secretos se sigue usando como arma arrojadiza contra los profesionales de los medios. Especialmente llamativo ha sido el caso de la redactora de la delegación de Europa Press en Palma de Mallorca y del periodista de Diario de Mallorca, a quienes la Policía Nacional confiscó los teléfonos móviles, ordenadores y otro material de trabajo, para dar con el autor de una filtración.

 

Por último, RSF quiere llamar la atención sobre la siempre aplazada reforma de la “Ley Mordaza”, que el PSOE se había comprometido a derogar en la oposición. Pese a los atisbos de negociación con el resto de fuerzas parlamentarias para dejar sin efecto algunos de sus artículos más polémicos, y aunque los grupos políticos en el Congreso se han reunido para abordar tímidamente el asunto, la norma sigue vigente y en pie, penalizando a ciudadanos anónimos y periodistas.