España

31.12.2017 00:00

 

Puesto 29

de 180 países, en la CLASIFICACIÓN MUNDIAL 2017 de la Libertad de Prensa

 

Superficie: 505.370 km2

Población: 46.443.960  habitantes

Jefe de Estado: Felipe VI

Presidente del Gobierno: Mariano Rajoy

PIB per cápita (US$ a precios actuales): 26.639

Tasa de alfabetización en adultos (mayores de 15 años): 98,3%

Porcentaje de usuarios de Internet: 80,6%

 

 

 

 

BARÓMETRO 2017

  • 0 Periodistas asesinados
  • 0 Internautas y periodistas ciudadanos asesinados
  • 0 Colaboradores asesinados
  • 0 Periodistas encarcelados
  • 0 Internautas y periodistas ciudadanos encarcelados
  • 0 Colaboradores encarcelados

 

 

 

Más allá de los acontecimientos que han influido en la calidad de la libertad de prensa en España en 2017, Reporteros Sin Fronteras quiere resaltar un hecho que ha marcado no solo la historia reciente de la organización, sino también la del propio periodismo español: el fallecimiento de Malén Aznárez, presidenta de RSF España, el pasado 30 de julio. La muerte de la veterana periodista ha dejado a la organización huérfana del talento y la entrega de quien condujo su trayectoria con maestría, durante más de seis años. La elaboración, publicación y presentación del Informe Anual sobre la Libertad de Prensa, elaborado exclusivamente a nivel mundial por RSF España, era más que un proyecto, un empeño personal de Malén Aznárez, por lo que la organización considera que es a ella a quienes deben consagrarse estas primeras líneas. Al fin y al cabo, con la desaparición de Malén Aznárez la libertad de información en España ha perdido a una de sus mejores guardianas y defensoras.

 

A principios de noviembre, Alfonso Armada, reportero y periodista cultural de larga trayectoria, fue elegido nuevo presidente de RSF España por unanimidad, en asamblea extraordinaria de la organización.

 

Durante todo el año, pero especialmente a lo largo del último trimestre, la crisis catalana ha jugado un papel preponderante en España y la libertad de prensa no ha sido ajena a su impacto. Al contrario, se ha visto muy negativamente afectada. Sin embargo, éste no ha sido el único asunto que ha caracterizado un 2017 convulso para los informadores en España, que han encarado importantes desafíos para ejercer con libertad su trabajo.

 

Durante todo el primer semestre del año, Reporteros Sin Fronteras España ha secundado, como viene siendo habitual, todos los actos de protesta de los Consejos de Informativos de RTVE, a favor de una corporación pública plural, libre de manipulaciones informativas y presiones a los profesionales del medio. En febrero de 2017 se sumó a la campaña #defiendeRTVE, promovida por los Consejos de Informativos, para dar eco a la presentación ante el Congreso de los Diputados de un manifiesto con cerca de 2.000 firmas de profesionales del ente –casi un tercio de la plantilla–, solicitando a los partidos políticos en la oposición (Unidos Podemos, PSOE y Ciudadanos) que cumplieran sus programas electorales y adoptaran medidas para garantizar la independencia de RTVE. Estas reiteradas peticiones a favor de un cambio de modelo en la corporación -cuya reforma por parte del Gobierno, en 2012, ha sido declarada parcialmente inconstitucional, a finales del pasado año- acabaron surtiendo efecto y desembocando, en septiembre de 2017, en la aprobación de la nueva Ley de reforma de RTVE, en el Congreso de los Diputados.

 

El anuncio de cambio en la normativa fue tanto más satisfactorio cuanto que se ratificó finalmente con el consenso de todos los grupos parlamentarios y la abstención del gobernante Partido Popular. Gracias al acuerdo alcanzado por PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos, el ente público debería poder contar, en 2018, con un nuevo presidente y un nuevo Consejo de Administración. Éste estará formado por diez miembros (seis designados por el Congreso y cuatro, por el Senado), será paritario y se elegirá por concurso público, como también lo será el presidente. De esta forma, se vuelve al sistema de elección aprobado por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que el Partido Popular derogó por decreto con su mayoría parlamentaria, durante su primera legislatura, en el marco de una reforma suspendida en parte por el Tribunal Constitucional, recientemente.

 

España ha sido escenario de un hecho insólito: la detención y encarcelamiento de periodistas por orden de otro país. Entre principios y mediados del mes de agosto se produjo el arresto del periodista sueco de origen turco Hamza Yalçin (en Barcelona) y del escritor turco-alemán Dogan Akhanli (en Granada), ambos por sendas órdenes de Interpol emitidas por la justicia turca. Desde hace ya tiempo, Reporteros Sin Fronteras viene denunciando el abuso que determinados regímenes no democráticos realizan de las “red notes” u órdenes de Interpol, para boicotear a los informadores exiliados en otros países e intentar su repatriación.

 

Yalçin y Akhanli fueron víctimas de falsas acusaciones de “terrorismo” por parte del régimen de Recep Tayyip Erdogán, una treta que Turquía utiliza constantemente para tratar de extender sus tentáculos carceleros con la prensa, no solo dentro del país, sino más allá de sus fronteras. Dogan Akhanli fue puesto en libertad por un juez al día siguiente de su liberación, mientras que Hamza Yalçin corrió peor suerte y fue mantenido en prisión desde principios de agosto hasta el 28 de septiembre, por parte del juez, que justificó su decisión en la falta de arraigo en España del periodista. En ambos casos, la justicia española acabó por desestimar las peticiones de extradición de Turquía, un país que, como denuncia reiteradamente RSF, se ha transformado “en la mayor cárcel de periodistas del mundo”. Reporteros Sin Fronteras pide a las autoridades españolas, no obstante, que en el futuro tengan más en cuenta los casos humanitarios (como el estatus de refugiado político previo a la nacionalidad sueca del que gozaba Yalçin) para evitar volver a ejercer, siquiera de forma involuntaria, de carcelero temporal de Erdogán o de otro régimen no democrático.

 

Si el conflicto que ha enfrentado durante los últimos años a las fuerzas independentistas catalanas con el gobierno central ha ido pasando una lenta pero constante factura al periodismo en la región, los últimos tres meses de 2017 figuran ya entre los más negros de la historia democrática en lo que a la libertad de prensa en Cataluña se refiere. La escalada de inigualable tensión vivida desde la proclamación de las llamadas “leyes de desconexión” en el Parlament, los días 6 y 7 de septiembre, hasta la Declaración Unilateral de Independencia, el 28 de octubre y la posterior detención de todo el govern (con la excepción del destituido presidente Carles Puigdemont y de los ex consejeros que permanecen huidos en Bélgica) ha situado a los profesionales de los medios catalanes y enviados a Cataluña ante situaciones tan problemáticas como intolerables.

 

Ya tras los atentados yihadistas del 17 de agosto en Barcelona y Cambrils, RSF tuvo que lamentar el linchamiento en las redes sociales sufrido por el director del diario El Periódico, Enric Hernàndez, quien fue objeto, junto al redactor del diario Luis Mauri, de las invectivas del ex consejero de Interior del gobierno autonómico, Quim Forn, y del ex mayor de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, durante la rueda de prensa que ambos convocaron para desmentir una información de El Periódico en la que se afirmaba que la CIA había alertado a los Mossos de un posible ataque yihadista meses antes de que aconteciera.

 

Como consecuencia de esta información y de las alusiones hechas en la mencionada rueda de prensa a su medio, Enric Hernàndez fue objeto de una avalancha de amenazas y ataques en las redes sociales. No era la primera vez ni parece, lamentablemente, que vaya a ser la última, pero sí fue especialmente virulenta y llamativa por un hecho en el que siempre hace hincapié RSF: se extendió por un señalamiento desde el poder.

 

El fenómeno del “ciberacoso” en el conflicto catalán no es nuevo: Reporteros Sin Fronteras publicó, el pasado 28 de septiembre, un detallado informe sobre las presiones que han sufrido, durante los últimos dos años, los periodistas de medios no alineados editorialmente con el llamado “procés” (independentisa, a favor de la secesión de Cataluña del resto de España). En él quedaron patentes los señalamientos realizados por parte del director de Comunicación Exterior de la Generalitat y director de la campaña del partido Junts per Catalunya, así como por otros políticos independentistas. Esta forma de poner al periodista en evidencia y los consiguientes linchamientos en redes sociales han sido una constante en Cataluña, que se ha recrudecido de forma proporcional al conflicto territorial.

 

A este clima de presiones previo a los acontecimientos de septiembre y octubre se sumaron graves ataques a la libertad de información, como las agresiones a periodistas y reporteros gráficos durante la cobertura del referéndum ilegal de independencia del 1 de octubre. Xabi Barrena, también periodista de El Periódico y varios fotógrafos españoles y extranjeros que, como él, cubrían la jornada en el colegio Ramón Llull de Barcelona, fueron agredidos por las fuerzas de seguridad, como lo fue Sofía Cabanes, redactora de Nació Digital en Tierras del Ebro, que grababa cargas policiales en La Rápita, o Jesús Badenes, jefe de Economía del Diari de Girona, que cubría la huelga que se produjo dos días después de la votación. Reporteros Sin Fronteras también se hizo eco en su informe de la intimidación que supuso el registro del diario El Vallenc, cuyo director está investigado por imprimir material ilegal para el referéndum, así como la entrega de citaciones judiciales por parte de la policía a los medios Nació Digital, El Nacional.cat, Vilaweb, Racó Català, Llibertat.cat y El Punt Avui.

 

Lamentablemente, los amedrentamientos a periodistas no solo se han traducido en agresiones físicas, sino en hostigamientos sobre el terreno, que han dificultado extraordinariamente la labor de la prensa. Los casos de insultos y acosos a periodistas de medios españoles y catalanes, de línea independentista y constitucionalista, se han multiplicado durante los meses de septiembre y octubre -hasta tal punto que ha sido difícil realizar un censo pormenorizado- creando una atmósfera irrespirable para la libertad de información en Cataluña. Periodistas de todas las cadenas de televisión españolas han sido abucheados e interrumpidos en sus directos al grito de “prensa española, manipuladora”, reporteros de televisiones y emisoras catalanas de radio han sido amenazados también en sus conexiones por ultraderechistas, llegando a causar graves desperfectos en las instalaciones de Catalunya Ràdio. Rotura de material, desperfectos en unidades móviles y otros vehículos, amenazas, evacuaciones por peligro de enardecimiento de las masas y otras situaciones de riesgo han sido constantes durante los que, sin duda, serán recordados como los dos peores meses para la libertad de información en Cataluña.

 

Tanto con su informe sobre presiones del poder a periodistas, como con su condena a las agresiones sufridas el 1 de octubre y con un registro de ataques a profesionales lo más detallado posible, Reporteros Sin Fronteras ha tratado de denunciar todos aquellos aspectos que han incidido terriblemente en la libertad de información en Cataluña y reivindicar con rotundidad el lema #RespectPressCAT