Emiratos Árabes Unidos

31.12.2018 00:00

 

Puesto 128

de 180 países, en la CLASIFICACIÓN MUNDIAL 2018 de la Libertad de Prensa

Superficie: 83.600 km2

Población:9.400.145 habitantes

Jefe de Estado: Khalifa bin Zayed Al Nahyan

Presidente del Gobierno: Mohammed bin Rashid Al Maktoum

PIB per cápita (US$ a precios actuales): 40.699

Tasa de alfabetización en adultos (mayores de 15 años): 93%

Porcentaje de usuarios de Internet: 90,6%

 

 

La arbitrariedad con la que las autoridades de los Emiratos Árabes Unidos (EAU) limitan la libertad de expresión y de asociación ha marcado un año más los escasos intentos de informar sobre lo que ocurre en el país.

 

Como muchos otros Estados, los EAU utilizan la Ley contra el terrorismo (2014) para incluir la labor de los informadores, activistas y defensores de derechos humanos, cuyas críticas se convierten en “amenazas contra la seguridad del Estado” o en “incitación al odio y el caos”. En respuesta a la difusión en redes sociales de las revueltas árabes que comenzaron a finales de 2010 y el efecto que tuvieron sobre diferentes países, las autoridades emiratíes aprobaron, en 2012, una Ley de Delitos Informáticos que es la que está permitiendo que, por publicar un tuit o escribir una entrada en Facebook, se condene a sentencias muy duras, que incluyen multas imposibles de pagar para un ciudadano medio.

 

Con la creación de la Fiscalía de Delitos de Tecnologías de la Información, para investigar y enjuiciar delitos que incluyen la expresión pacífica de opiniones, las autoridades pueden bloquear páginas web y ejercer un control minucioso de las cuentas en redes sociales personales y profesionales.

 

La evolución negativa hacia la institucionalización de la censura contrasta con la libertad de expresión que recoge la Constitución, que ya en los años ochenta una ley comenzó a restringir, obligando a que todo lo que se publicase pasase por un censor si había críticas a las políticas nacionales, la economía, la familia gobernante, la religión o las relaciones de los EAU con sus aliados.

 

En mayo, el conocido bloguero y defensor de los derechos humanos Ahmed Mansoor fue condenado a 10 años de cárcel, al pago de 1 millón de dírhams (233.000 euros) y a una orden de vigilancia de tres años a partir de su liberación. Se le acusa de haber criticado las políticas del país. Detenido en marzo de 2017, ha pasado más de un año en prisión preventiva a la espera del juicio. Anteriormente, había sido sentenciado a tres años de cárcel en 2011 por “usar internet para insultar a los EAU y a sus líderes”. Fue perdonado ese mismo año, pero se le prohibió abandonar el país.

 

El 13 de diciembre, el periodista jordano Tyseer al-Najjar completó los tres años de cárcel a los que fue condenado por atacar el “prestigio y la reputación” del Estado, en publicaciones de Facebook. Al-Najjar trabajaba desde abril de 2015 para el periódico emiratí Dar, cuando se le aplicó el artículo 29 de la Ley de Cibercrimen. Además de la pena de cárcel, se le impuso una multa de 115.000 euros que no ha podido pagar, y que, según la ley, le obligará a estar otros seis meses extra en prisión. A Al-Najjar le detuvieron en el aeropuerto, cuando se disponía a regresar a casa. Su familia no supo dónde estaba retenido, ni se le permitió ver a un abogado hasta más de un año después de su detención.

 

En una carta dirigida al ministro de Asuntos Exteriores emiratí, RSF y Human Rights Watch han pedido a las autoridades de los EAU que liberen a Al-Najjar, porque no puede pagar la elevada suma de la multa.