Egipto

31.12.2018 00:00

 

Puesto 161 

de 180 países, en la CLASIFICACIÓN MUNDIAL 2018 de la Libertad de Prensa

Superficie: 1.001.450 km2

Población:97.553.151 habitantes

Jefe de Estado: Abdelfattah El Sisi

Presidente del Gobierno: Moustafa Madbouly [desde el 7 de junio de 2018, en sustitución de Sherif Ismail

PIB per cápita (US$ a precios actuales): 2.413

Tasa de alfabetización en adultos (mayores de 15 años): 75,8%

Porcentaje de usuarios de Internet: 41,2%

 

 

El periodismo independiente está muriendo en Egipto. Lo que algunos periodistas califican como la sisificación de los medios, en referencia al presidente Abdel Fatah Al Sisi, es la vuelta a la peor represión de la libertad de expression, con el añadido de que los militares están ejerciendo un control bajo la premisa de que en Egipto el mero hecho de ejercer el periodismo se convierta en un delito.

 

La represión absoluta no se limita a momentos concretos, como podía pasar durante la época de Hosni Mubarak, sino que se ha armado con leyes que no dejan ningún resquicio para la crítica. El año en el que Sisi ha sido reelegido con el 97% de los votos -en un proceso electoral plagado de irregularidades, calificado por la oposición como “una mascarada”-, y en el que su único rival, Musa Mustafa Moussa, era su aliado (hizo público que era partidario del president), se cerró con el anuncio de una nueva ley de prensa por la que los periodistas tendrán que pagar para trabajar.

 

Los periódicos online tienen que solicitar un registro y para las webs que han sido bloqueadas será casi imposible conseguirlo. Los artículos 34 y 36 de esta nueva norma estipulan que deben depositar en una cuenta bancaria 33.000 euros y que es necesario un depósito inicial de 2.450 euros. Unas cantidades completamente fuera del alcance del nivel de vida del país e inasumibles para las webs independientes.

 

En caso de no solicitar el permiso en un tiempo muy breve, se enfrentan a multas que van desde los 50.000 a los 150.000 euros. La web Marryat ya ha suspendido sus actividades, mientras estudia posibles gestiones legales para enfrentarse a esta nueva situación. No quieren arriesgarse a ser multados y perder la posibilidad de seguir trabajando.

 

La coercitiva ley también plantea, en el artículo 19, que cualquier web personal, blog o red social que tenga más de 5.000 seguidores será considerada un medio de comunicación. El Consejo Supremo para la Regulación de los Medios es el encargado de bloquear o suspender las cuentas personales si considera que publican “noticias falsas”.

 

Para los periodistas que han intentado ejercer su profesión en Egipto, el año ha estado marcado por las detenciones arbitrarias, los interrogatorios, la desaparición, juicios sin garantías, el cierre o bloqueo de medios online, y la sensación de que la gravísima situación sigue yendo a peor.

 

El 24 de diciembre, el periodista Ismail Alexandrani supo que la condena de 10 años de cárcel se mantiene. Se le acusa de “divulgar secretos de Estado” y “pertenecer a un grupo prohibido” y lleva más de tres años en prisión preventive, a pesar de que la duración máxima de la misma son dos años. Detenido el 29 de noviembre de 2015 en el aeropuerto de Hurghada, es un conocido investigador especializado en los grupos yihadistas del norte del Sinaí, y se ha mostrado siempre muy crítico con el Gobierno egipcio y con el papel del ejército en la política. En 2016, fue candidato al premio Libertad de Prensa de RSF, escribía para MadaMasr (un medio online censurado desde mayo de 2017), Saflir Arabi, Al Jazeera English y Orient XXI.

 

En Egipto se ha duplicado el número de periodistas y periodistas ciudadanos encarcelados, en relación al barómetro del año pasado, lo que indica el aumento de la desprotección. El Grupo de Detenciones Arbitrarias de la ONU ha reconocido que Hisham Gaafar, detenido en octubre de 2015 por “pertenecer a un grupo prohibido”, y cuyo estado de salud es delicado, es uno de ellos. La alusión a un “grupo prohibido” se refiere a los Hermanos Musulmanes, que lideraban el gobierno que fue derrocado por los militares con un golpe de estado, en 2013. En el caso de Gaafar, las autoridades egipcias incumplen la Convención Internacional de Derechos Civiles y Políticos ratificada por el país árabe, porque el periodista necesita urgentemente ser operado.

 

También se ha superado el plazo de prisión preventiva en caso de Mahmoud Hussein Gomaa, un periodista egipcio de la televisión Al Jazeera que ha completado su segundo año en la cárcel acusado provisionalmente, porque no ha pasado aún por un juicio, de incitar al odio, publicar noticias falsas y pertenecer a una organización prohibida.

 

En diciembre, el bloguero Wael Abbas y el realizador de documentales Momen Hassan fueron liberados provisionalmente, porque no se les han retirado los cargos, tras pasar más de siete meses en la cárcel acusados de estar conectados con el conocido como Caso 441, con el que las autoridades se refieren a la existencia de “células mediáticas de los Hermanos Musulmanes” y cuya acusación es la “afiliación y apoyo a un grupo terrorista y difusión de noticias falsas”.

 

Pero, el caso que está recibiendo una de las mayores movilizaciones, y que con más virulencia se están comportando las autoridades egipcias es el de Mahmoud Abou Zeid, un fotoperiodista conocido como Shawkan, que el 14 de agosto cumplió cinco años en prisión. Tres semanas antes, un tribunal le condenó a cinco años de cárcel, por lo que el fiscal asegura que saldrá a mediados de febrero de 2019. Shawkan, Premio UNESCO-Guillermo Cano 2018, fue detenido cuando estaba cubriendo lo que se convirtió en la matanza de Rabaa, una protesta multitudinaria a favor del depuesto gobierno de los Hermanos Musulmanes, que se dispersó con tanta violencia que hubo más de 800 muertos. Le acusaron de intento de asesinato, pertenencia a un grupo ilegalizado, participación en una manifestación ilegal y de posesión de armas, cuando lo único que tenía en las manos era su cámara.

 

El último medio víctima de la represión oficial ha sido el diario Al Mesryoon (“Los egipcios”) cuya redacción fue tomada por las fuerzas de seguridad y que ha quedado bajo la tutela de Akhbar El Yom, que fue lo mismo que le ocurrió a este último periódico, cuando lo asignaron a Daily News Egypt. El Sindicato de Periodistas se ha convertido en una instancia progubernamental, por lo que no queda la posibilidad de unirse en un frente común.

 

Ratificada el 18 de agosto, la Ley de cibercrimen impone medidas restrictivas draconianas a los derechos digitales, autoriza la vigilancia masiva de comunicaciones y legaliza el método del Gobierno de la censura online, que comenzó en la primavera de 2017 y que ha permitido que se bloqueen más de 500 páginas de Internet, incluida la de RSF. Una ley que viola el artículo 57 de la Constitución egipcia, en la que se protege la privacidad y las garantías de confidencialidad del correo.

 

Los blogueros han estado especialmente en el punto de mira de las autoridades este año. Es el caso de Shadi Abu Zeid, popular por sus vídeos satíricos seguidos por miles de personas en las redes sociales, incluida una famosa broma sobre el gasto de la policía egipcia, en enero de 2016. Formaba parte del equipo de Abla Fahita, una comedia de televisión suspendida por ser demasiado atrevida. Le detuvieron el 6 de mayo bajo la sospecha de “publicar mentiras” y “pertenencia a un grupo ilegalizado”, a pesar de que los Hermanos Musulmanes son el centro de sus críticas. Otro caso es el de Sherif Gaber, detenido en el aeropuerto el 2 de mayo. Había empezado un blog, tras llevar años exponiendo sus ideas en las redes sociales. Le acusan de defender el ateísmo. Y el bloguero Mohamed Radwan Mohamed, más conocido como Mohamed Oxygen, está detenido desde el 6 de abril por sus entrevistas con el público y con figuras conocidas sobre temas políticos y sociales, que le han hecho ganar cientos de miles de seguidores en Facebook y Youtube.

 

A pesar de la presión a los periodistas extranjeros, con la amenaza constante de que se les retire la acreditación o de que no se les facilite el permiso de grabación (para trabajar en la calle), que deben renovar cada mes a pesar de ser corresponsalías permanentes, el Gobierno se concentra en el control de los medios nacionales. Adel Sabry, director del diario digital Masr al Arabiya, está recluido desde el 3 de abril, cuando miembros de las fuerzas de seguridad cerraron las oficinas de su medio argumentando que estaba operando ilegalmente, porque no tenía licencia del Servicio de Información del Estado (SIS), un trámite que ni siquiera existe. Masr al Arabiya fue multada con 50.000 libras egipcias (2.300 euros) el 1 de abril por reproducir información de un artículo de The New York Times sobre presuntas irregularidades durante las elecciones. Mohamed el Sayed Salah, director del diario Al Masry Al Youm, fue despedido por la gerencia del periódico el 4 de abril, después de que el medio fuera multado con 150.000 libras egipcias (7.000 euros) y de verse obligado a modificar un titular, en su edición del 29 de marzo, sobre los incentivos utilizados para que los egipcios voten.

 

La fobia mediática actual ha llevado a detener, durante 15 días, a dos periodistas que hacían un reportaje sobre el encanto de los viejos tranvías de Alejandría, como sospechosos de terrorismo y de poseer “equipo fotográfico” que podría utilizarse para difundir “noticias falsas”. El país es una enorme cárcel para los periodistas, y los medios de comunicación que se atreven a ejercer la profesión son considerados el enemigo.

 

La involución es alarmante porque, a finales de 2012, había un bloguero en la cárcel acusado de blasfemia y un conocido activista, Alla Abdel Fattah, había pasado unos meses en prisión el año anterior, pero cinco años después Abdel Fatah está de nuevo entre rejas, ya lleva tres años, y le acompañan al menos 30 periodistas egipcios detenidos mientras informaban o investigaban.

 

Por si no fuera suficiente que prácticamente solo queden medios estatales o privados que han sido adquiridos por grupos empresariales vinculados a los servicios secretos, la fiscalía estableció, a mediados de marzo, líneas telefónicas para que la población denuncie “informaciones falsas” de los medios. Y las autoridades llegaron a reconocer a principios de año haber ordenado el boicot a medios extranjeros como la BBC, exigiendo a funcionarios del Gobierno y miembros de la élite egipcia que no concedan entrevistas.