Egipto

31.12.2017 00:00

 

Puesto 16 

de 180 países, en la CLASIFICACIÓN MUNDIAL 2017 de la Libertad de Prensa

 

 

Superficie: 1.001.450 km2

Población:95.688.680 habitantes

Jefe de Estado: Abdelfattah El Sisi

Presidente del Gobierno: Sherif Ismail

PIB per cápita (US$ a precios actuales): 3.477

Tasa de alfabetización en adultos (mayores de 15 años): 75,2%

Porcentaje de usuarios de Internet: 39,2%

 

 

 

 

BARÓMETRO 2017

  • 0 Periodistas asesinados
  • 0 Internautas y periodistas ciudadanos asesinados
  • 0 Colaboradores asesinados
  • 14 Periodistas encarcelados
  • 1 Internauta y periodista ciudadano encarcelado
  • 0 Colaboradores encarcelados

 

 

 

Desde 2014, el gobierno de Abdel Fatah Al Sisi, quien figura en la lista de depredadores de la prensa de RSF, ha llevado a cabo una caza de aquellos periodistas que sospecha tienen una relación estrecha con los Hermanos Musulmanes. Todo un arsenal jurídico amenaza cada vez más a la libertad de prensa. Así, la ley contra el terrorismo de 2015 impone, en nombre de la seguridad nacional, que los periodistas respeten la versión oficial de los hechos cuando cubran atentados. Además, la aprobación de la ley de medios de comunicación, a finales de diciembre de 2016, ha supuesto que el poder ejecutivo controle aún más los órganos de prensa. Dicha norma prevé la creación de un Consejo Supremo para la administración de los medios de comunicación, dirigido por personas designadas por el presidente con la finalidad de supervisarlos y de garantizar que no pongan en peligro la seguridad nacional.

 

Así, a finales de año, al menos 15 periodistas y blogueros se encontraban detenidos en prisiones del régimen militar. Algunos informadores han pasado años en prisión preventiva en espera de juicio o sin que siquiera se haya presentado un cargo oficial en su contra. Estos periodistas suelen ser detenidos arbitrariamente por cargos falsos con poca relación con delitos de prensa, como “pertenencia a organización terrorista”, “participación en manifestación ilegal”, “difusión de noticias falsas” o “alteración del orden público”, y se enfrentan a juicios sin las mínimas garantías en los que pueden llegar a ser condenados a cadena perpetua e incluso la pena capital.

 

El 25 de marzo, el tribunal de apelación de El Cairo condenó al ex presidente del Sindicato de Prensa Egipcio, Yahya Qallash; al jefe de la comisión de libertades, Khaled El-Balshy, y al ex secretario general, Gamal Abdel Raheem, a un año de prisión en suspenso por haber dado cobijo en el seno del sindicato a dos reporteros buscados por la justicia. A pesar de que el tribunal redujo la pena de dos años dictada en el primer juicio, celebrado en noviembre de 2016, se aplicarán si los periodistas afrontan acusaciones similares en los tres años posteriores a la sentencia.

 

Los tres ex líderes sindicales están condenados por acoger a Mahmoud Saqqa y a Amr Badr, dos periodistas del diario digital de oposición Yanair que organizaron una sentada en la sede del sindicato y que fueron detenidos cuando la policía irrumpió en el lugar, el 1 de mayo el 2016. Acusados de difundir falsos rumores sobre la decisión de Egipto de devolver a Arabia Saudí dos pequeñas islas, Tirán y Sanafir, y de incitar a las protestas contra el gobierno, ambos informadores fueron puestos en libertad unos meses después y los cargos fueron retirados posteriormente.

 

Ese mismo mes, la detención provisional de Ismail Alexandrani, un periodista independiente especializado en el Sinaí, se amplió por cuarta vez desde que un juez penal ordenara su puesta en libertad, en noviembre el año 2016, solo por el bloqueo de un fiscal. Acusado de “difundir información falsa” y de “pertenecer a un grupo terrorista”, Alexandrani llevaba detenido sin juicio desde noviembre de 2015.

 

En mayo, las autoridades iniciaron una ola de bloqueos de medio digitales que se extendió a lo largo del año. Más de 110 webs fueron censuradas, entre ellas la de RSF, una situación que no sucedía desde el levantamiento de 2011, cuando el Gobierno apagó internet. Más de la mitad de las páginas web bloqueadas estaban dedicadas a la información. Además, la mayor parte eran consideradas como medios de comunicación o plataformas de activistas próximos a los calificados como “enemigos” del país, como Catar o los islamistas. Sin embargo, algunos sólo eran medios en árabe o en inglés cuya independencia irritaba al régimen militar.

 

En junio, las autoridades judiciales condenaron a los periodistas Samhi Mostafa y Abdullah Fakharany, de la web de oposicion Rassd, y Mohamed Adly, presentador de Amgad TV, a cinco años de cárcel, revocando la cadena perpetua impuesta en abril de 2015, a la vez que decidieron la absolución de otros dos informadores, en un juicio masivo de medio centenar de acusados. En ningún momento trascendió una explicación oficial del motivo de la absolución de unos y la condena de otros. Los tres periodistas, junto a sus compañeros absueltos (Hani Salah Al-Deen, antiguo editor del canal afiliado a los Hermanos Musulmanes Misr 25 -cerrado por las autoridades en julio de 2013- y Mossab Al Barbary, director de Ahrar 25) habían sido acusados de “difundir informaciones falsas”, “incitar a la violencia y el caos” y formar parte de la “sala de operaciones” que pretendía organizar ataques contra el Gobierno durante las manifestaciones de la plaza Rabaa Adawiya del Cairo, en agosto de 2013, en apoyo del depuesto presidente Mohamed Morsi.

 

También en junio, Egipto, junto a Arabia Saudí, Bahréin y Emiratos Árabes Unidos anunció que rompía sus relaciones diplomáticas con Catar. Desde entonces, los gobiernos de la región han iniciado una particular ofensiva contra la cadena catarí Al-Jazeera, exigiendo su cierre. Además, solicitaron la clausura de otros medios directa o indirectamente apoyados por Catar, como Al-Araby Al-Jadeed y Middle East Eye. En el caso de Egipto, las autoridades bloquearon el acceso a su web, ya que la cadena fue obligada a poner fin a sus actividades en el país en el 2013.

 

A mediados de agosto, las autoridades egipcias pusieron en marcha la conocida como “nacionalización en tres fases”, que afectó a los periódicos Daily News Egypt (DNE) y Borsa, así como a los diarios digitales Masr al Arabiya y Bawabat al Qahira. Se trataba de un nuevo método impulsado por el Gobierno para controlar los medios de comunicación con supuestos vínculos con los Hermanos Musulmanes, considerada una organización terrorista en el país. En la primera fase, las autoridades elaboran una lista con personas o entidades sospechosas de apoyar o pertenecer a los Hermanos Musulmanes. Sobre la base de este listado, los bancos congelan sus activos, impidiéndoles seguir operando. En la etapa final, el medio de comunicación designado quedó bajo el control administrativo del periódico estatal Akhbar al Youm, que lo relanzó.

 

Uno de los casos más emblemáticos de la difícil situación que viven los informadores en Egipto es el del reportero gráfico Mahmoud Abou Zeid, conocido como Shawkan. Detenido de forma arbitraria desde 2013, en febrero fue incluido entre los acusados en un masivo juicio en El Cairo. Shawkan fue detenido mientras cubría para las agencias Demotix y Corbix los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los partidarios de Morsi. Su juicio comenzó en diciembre de 2015, junto a más de 700 acusados, entre ellos multitud de miembros de los Hermanos Musulmanes. Se le acusa, entre otros cargos, de “asesinato”, “intento de asesinato” y “pertenencia a un grupo prohibido”, por lo que podría ser condenado a cadena perpetua. Anímicamente agotado y puesto en régimen de aislamiento durante varios días, este reportero está enfermo y padece hepatitis C.

 

Sin embargo, el caso de Shawkan no es el único, ya que las autoridades militares suelen encarcelar a periodistas con el objetivo de aterrorizar y acallar a sus colegas de profesión o para ejercer presión en conflictos. Así, por ejemplo, el periodista egipcio Mahmoud Hussein Gomaa llevaba a finales de diciembre un año en prisión preventiva sin que existiese ningún cargo sólido en su contra. Gomaa ejercía su profesión de periodista en Doha, donde trabajaba para la cadena catarí Al-Jazeera. Regresó a su país por las fiestas de fin de año y fue detenido, convirtiéndose en una víctima de la guerra que libra el Gobierno egipcio contra el medio de comunicación para el que trabaja. El periodista está acusado de “incitación al odio y publicación de información falsa”.

 

Por otro lado, a lo largo del año numerosos medios de comunicación egipcios fueron adquiridos por empresarios con vínculos al gobierno y los servicios de inteligencia, incluyendo aquellos con líneas pro-gubernamentales. Este fue el caso del canal Al Hayat, fundado en 2008 por Sayed el Badawi, dirigente del partido secular Al Wafd, que solía respaldar al gobierno de Al Sisi. Aunque la identidad del nuevo propietario no fue anunciada oficialmente, varios medios de comunicación apuntaron a que fue adquirida por Falcon, una empresa de seguridad egipcia dirigida por un oficial del espionaje militar retirado y exdirector de la agencia reguladora de la radio y la televisión.

 

Semanas antes de la venta, las autoridades demandaron repentinamente a Al Hayat el pago de facturas pendientes que forzaron la suspensión temporal de las emisiones. La presión económica se produjo poco después de que representantes de Al Wafd en el Parlamento expresaran su oposición al controvertido plan del gobierno de dar a Arabia Saudí el control de las islas Tiran y Sanafir.


 

Previamente, Asema TV pasó a ser dirigida por un militar retirado de la inteligencia. También el canal ONTV, que apoyaba al Gobierno y difundía ocasionalmente comentarios críticos, pasó a ser propiedad de Ahmed Abu Hashima, un poderoso multimillonario al que se relacionaba con la inteligencia militar y el presidente. Un mes después de su adquisición, las autoridades expulsaron a la conocida presentadora del canal, Liliane Daoud, por su doble nacionalidad británica y libanesa. No era la primera vez que Hashima adquiría medios de comunicación. En 2016 compró dos canales de televisión, Al Naharand y CBC, y cuatro periódicos, Sout Al Omma, Ain, Dot Masr y Al Youm al Sabea.