China

31.12.2018 00:00

 

Puesto 176

de 180 países, en la CLASIFICACIÓN MUNDIAL 2018 de la Libertad de Prensa

Superficie: 9.596.900 km2

Población: 1.378.665.000 habitantes

Jefe de Estado: Xi Jinping

Presidente del Gobierno: Li Keqiang

PIB per cápita (US$ a precios actuales): 8.123

Tasa de alfabetización en adultos (mayores de 15 años): 96,4%

Porcentaje de usuarios de Internet: 53,2%

 

 

El año que la Asamblea Nacional Popular aprobó el cambio legislativo que permitirá a Xi Jinping convertirse en presidente vitalicio, China continuó ampliando su poder, censura, vigilancia y represión sobre los informadores, nacionales y extranjeros.

 

La detención y encarcelamiento de periodistas no sólo continúa siendo una constante en la República Popular China, sino que el régimen mantiene durísimas condiciones de detención que en muchas ocasiones ponen en peligro la integridad física de los prisioneros.

 

En enero fue detenido el editor de nacionalidad sueca Gui Minhai, bajo estricta vigilancia después de haber sido puesto en libertad en octubre del año anterior, cuando viajaba a Pekín para recibir tratamiento médico por su delicado estado de salud. A mediados de año Reporteros Sin Fronteras pidió al Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas que examinara su caso.

 

El periodista ciudadano Zhen Jianghua cumplió en marzo seis meses de detención “incomunicada”, prevista en la legislación china, pero limitada a ese periodo de tiempo. Se le acusaba de “incitar a la subversión contra una autoridad del estado”. Su delito, gestionar la web que documenta las actividades de la sociedad civil bajo el título Human Rights Campaign in China, y la plataforma Across the Great FireWall, para intentar eludir la censura.

 

En junio, las autoridades incrementaron la censura ante la proximidad del aniversario de la matanza de Tiananmen. Conocidos periodistas y blogueros fueron brevemente detenidos, forzados a unas “vacaciones” bajo escolta policial, o retenidos bajo arresto domiciliario.

 

En julio se produjo la sentencia más severa de los últimos 15 años por subversión. El periodista ciudadano Qin Yongmin fue condenado a 13 años de cárcel, después de haber pasado más de tres años detenido por “asamblea ilegal” y por “utilizar internet y medios extranjeros” para intentar “derrocar la autoridad del Partido Comunista Chino”. Su delito, además de dirigir Human Rights Watch China, crear el grupo “Rose Team” para pedir una transición pacífica a una democracia constitucional.

 

Ese mismo mes, el periodista independiente Chen Jieren, crítico con los abusos de los responsables del Partido Comunista Chino, fue detenido y acusado de “extorsión”, “chantaje” y “operaciones ilegales” en la provincia de Hunan, según fuentes locales.

 

Apenas semanas después, también por extorsión, el caricaturista Jiang Yefei fue sentenciado a seis años y medios de cárcel. Residente en Tailandia desde 2008, había sido “repatriado” en 2015 a petición de las autoridades chinas. Reporteros Sin Fronteras pidió al Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas que analizara su caso.

 

En agosto el profesor Sun Wenguang, conocido por sus declaraciones contra la censura y la propaganda china, fue detenido por la policía cuando participaba en una entrevista en directo para Voice of America. Ese mismo mes se cumplió un año de la detención, sin juicio, del periodista Zhen Jianghua, acusado de “incitar a la subversión contra un poder estatal”.

 

En septiembre saltaron las alarmas sobre el estado de salud en prisión de Huang Qi, fundador de la web de derechos humanos 64 Tinwang y galardonado en 2016 por Reporteros Sin Fronteras con su Premio a la Libertad de Prensa. Detenido desde 2016, en julio de 2018 se volvió a posponer su juicio, alargando una prisión provisional por “divulgar secretos de Estado”, unos cargos que siempre se ha negado a confesar. En noviembre, una coalición de organizaciones no gubernamentales insistió en el creciente deterioro de su estado de salud, y Reporteros Sin Fronteras llevó su caso ante el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas.

 

A finales de octubre, un tribunal de la provincia autónoma de Mongolia Interior condenó a los periodistas Zou Guangxiang y Liu Chengkun a doce y ocho meses de cárcel, respectivamente, por revelar la existencia de una investigación abierta contra el dirigente del grupo Yili Industrial.

 

En noviembre desapareció en la región de Xinjiang el reconocido fotoperiodista Lu Guang, ganador de varios premios World Press Photo. Su familia tardó días en saber que estaba retenido por las autoridades.

 

Ante estos niveles de persecución, muchos informadores chinos optan por el exilio, como el cineasta Dhondup Wangchen, que huyó a Estados Unidos en enero, o Liu Xia, viuda del premio Nobel de la Paz, Liu Xiaobo, que voló a Alemania en julio. Wangchen estaba bajo arresto domiciliario después de haber pasado seis años encarcelado por proyectar en Pekín el documental Dejando atrás el miedo a una delegación de periodistas extranjeros con motivo de los Juegos Olímpicos de 2008. La libertad y la autorización para salir del país a Liu Xia se produjo tras una reunión entre el primer inistro Li Keqiang y la canciller alemana Angela Merkel.

 

Pero la presión no termina fuera de las fronteras chinas. Una vez en el extranjero, muchos denuncian persecuciones a sus familiares o allegados, como el periodista Chen Xiaoping (Sam Chen), residente en Estados Unidos, que aseguraba que las autoridades chinas mantenían detenida a su mujer, Li Huaiping, para intentar impedir que él hiciera declaraciones comprometedoras sobre líderes chinos. Li Huaiping había sido secuestrada de su casa de Guangzhou cuatro meses antes.

 

En marzo, Reporteros Sin Fronteras pidió de nuevo a las autoridades chinas que dejaran de acosar a los familiares de periodistas de la versión en lengua uyghur de Radio Free Asia residentes en Estados Unidos.

 

La censura a la realidad de la comunidad uyghur persigue a numerosos informadores. El periodista ciudadano Ilham Tohti cumplió en enero su cuarto año encarcelado en China, después de haber sido condenado en 2015 a cadena perpetua por escribir sobre temas de la comunidad uygur.

 

El columnista sudafricano Azad Essa denunció en septiembre la cancelación de su columna ‘En el fin del mundo’ del grupo Independent Media, parcialmente controlado por inversores chinos, tras escribir sobre la persecución a la comunidad uyghur.

 

Y a finales de julio las autoridades detuvieron a cuatro miembros del Xinjiang Daily acusándoles de “duplicidad” en la sección uygur del periódico, una forma de denominar a la supuesta oposición secreta a las políticas del Estado.

 

En paralelo, la prensa extranjera está lejos de librarse de la férrea vigilancia de las autoridades chinas. A principios de año, los periodistas del Club de Corresponsales Extranjeros de China publicaron un informe alertando del incremento del acoso a los periodistas extranjeros, desde dificultades en la obtención o renovación de visados (como el de Megha Rajagopalan, o el de Victor Mallet), a la existencia de zonas prohibidas (como la región de Xinjiang), amenazas, agresiones, o presión a sus fuentes.

 

Las quejas se volvieron a repetir en mayo, junto a la Asociación de Periodistas de Hong Kong, tras varias agresiones de la policía, en Pekín y Sichuan, a periodistas de Hong Kong. Posteriormente en julio, el informe anual de la Asociación de Periodistas de Hong Kong describía no sólo las agresiones físicas sino también las presiones económicas y judiciales de la Administración china en Hong Kong.

 

En agosto las autoridades chinas intentaron impedir que el Club de Corresponsales Extranjeros de Hong kong se reuniera con Andy Chan, fundador del primer partido pro independencia. Y un mes después, en septiembre, funcionarios del Ministerio de Asuntos Exteriores chino se presentaron en las reuniones editoriales del periódico South China Morning Post. Su paso a manos del conglomerado chino Alibaba en 2016 ha aumentado la influencia de Pekín en este diario histórico fundado en 1903.

 

En agosto el ministro de Exteriores chino vetó a un periodista japonés del diario Sankei Shimbun la cobertura de una reunión diplomática entre autoridades chinas y japoneses.

 

En septiembre también la Comisión de Asuntos del Ciberespacio, controlada por el presidente Xi Jinping, castigó a la web australiana ABC con diez días de suspensión por “dañar el orgullo nacional (de China)”. En octubre se ordenó el bloqueo de la web con sede en Estados Unidos, IP Video Market (IPVM), dedicada a la industria de la vídeo vigilancia. Y la presión de las autoridades chinas obligó al cierre in extremis, en noviembre, de la exposición organizada por el Hong Kong Free Press y Amnistía Internacional de las obras del caricaturista australiano de origen chino Badiucao.

 

En noviembre la delegación china excluyó a varios medios internacionales de sus reuniones con motivo del foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) celebrado en Papúa Nueva Guinea. Entre los vetados, el grupo australiano ABC y el diario local The National Newspaper.

 

La presión del Gobierno chino también afecta a los periodistas de Taiwan –no reconocido por Naciones Unidas como Estado independiente– y nunca acreditados para cubrir las Asambleas Generales de la ONU y otras reuniones, como la Asamblea Mundial de la Salud de Ginebra.

 

Finalmente, este año también ha sido testigo de los intentos de renovación por parte de Google de una iniciativa abandonada en 2010 para no ceder a las demandas de censura de China. El proyecto, presentado bajo el nombre Dragonfly, pretendía retomar la creación de un buscador para el mercado chino. Decenas de ONG alertaron todo el año de los riesgos en materia de censura y vigilancia digital de los usuarios. Una vigilancia incrementada también en 2018 con el traspaso de la gestión de los contenidos almacenados en Apple iCloud China a manos estatales chinas.