Brasil

31.12.2018 00:00

 

Puesto 102

de 180 países, en la CLASIFICACIÓN MUNDIAL 2018 de la Libertad de Prensa

Superficie: km2

Población: 209.288.278  habitantes

Jefe de Estado y Presidente del Gobierno: Michel Miguel Elias Temer

PIB per cápita (US$ a precios actuales): 9.821

Tasa de alfabetización en adultos (mayores de 15 años): 92,6%

Porcentaje de usuarios de Internet: 60,9%

 

 

 

Brasil sigue siendo uno de los países más peligrosos de América Latina para ejercer el periodismo: se registran amenazas, agresiones durante las manifestaciones y asesinatos. El país carece de un mecanismo nacional que proteja a los periodistas amenazados o en situación de riesgo. A esto se suma el clima de impunidad, nutrido por una corrupción omnipresente, lo que dificulta aún más la labor informativa. La elección del ultraderechista Jair Bolsonaro el 28 de octubre como presidente de Brasil hace temer un mayor encarnizamiento contra la prensa. Este año, cuatro periodistas han sido asesinados.

 

En apenas dos días fueron asesinados dos periodistas en Brasil: Ueliton Bayer Brizon, propietario del canal de noticias Jornal de Rondônia, y Jefferson Pureza Lopes, presentador de un programa en Beira Rio FM.

 

Bayer Brizon fue asesinado el 16 de enero en Cacoal (Rondônia). Según la prensa local, murió alcanzado por las balas que le disparó un individuo desde una motocicleta cuando el reportero se desplazaba también en moto con su mujer.

 

Bayer Brizon solía publicar noticias relacionadas con la política local de Cacoal. Era presidente municipal del partido PHS y concejal suplente.

 

Un día después, el 17 de enero, dos individuos asesinaron a Pureza Lopes en su domicilio de Edealina (Goiás). La policía investigó a un concejal de la ciudad a raíz del crimen.

 

Reporteros Sin Fronteras pidió a las autoridades brasileñas que dieran prioridad al móvil profesional en la investigación del asesinato del periodista de radio Jairo Sousa, que ocurrió el 21 de junio en Bragança (Pará), frente a la emisora Rádio Pérgola.

 

Sousa, que denunciaba con frecuencia casos de corrupción en los que podrían estar involucrados políticos locales, recibió varios disparos por dos individuos desde una motocicleta.

 

El reportero recibía amenazas regularmente y llegó a cambiarse el número de teléfono varias veces. Había comentado las amenazas con su abogado días antes de su asesinato, y usaba ocasionalmente chaleco antibalas.

 

A Marlon Carvalho, de 37 años, lo mataron a tiros en su casa en Riachão do Jacuípe (Bahía) el 16 de agosto. Abiertamente crítico con las autoridades locales, Carvalho trabajaba para dos emisoras, Gazeta y Jacuípe. También publicaba vídeos a diario en su página de Facebook sobre supuestos casos de corrupción y confabulación entre funcionarios locales y grupos delictivos. Un amigo lo describe como una persona popular que "molestaba a muchos políticos".

 

"Esto es para que te calles y dejes de decir tonterías por la radio", le dijeron a Sandoval Braga Junior los dos pistoleros que irrumpieron en su estudio el 21 de septiembre y lo inmovilizaron en el suelo. Después le dispararon en la pierna, le rompieron la tibia y se fueron.

 

Gerente de Radio União FM en Jaguaruana, una pequeña ciudad de Ceará, y presidente de la Asociación de Radio y Televisión del Estado de Ceará (ACERT), Braga Junior suele criticar a las autoridades y políticos locales en sus programas de radio. Otro locutor, Hamilton Alves, escapó milagrosamente a un ataque en el estado norteño de Rondônia en abril.

 

Las emisoras de radio locales tienen una función clave en Brasil, especialmente en las ciudades pequeñas y medianas del interior, donde son una popular fuente de noticias, y a menudo la única.

 

El 5 de febrero, la sede de TV Bandeirantes, en Curitiba, fue blanco de un ataque con cócteles molotov. Un agente de seguridad resultó herido leve. Otro ataque violento se produjo contra la sede del Jornal dos Bairros do Litoral (Paraná). El 26 de marzo, un individuo disparó cuatro veces contra la sede del periódico en Paranaguá. No hubo víctimas. El 7 de abril, al menos ocho periodistas fueron víctimas de agresiones por manifestantes que se reunieron frente al Sindicato de los Metalúrgicos para apoyar el expresidente Luis Inácio Lula da Silva, condenado a ocho años de cárcel. Reporteros de las radios CBN, Bandnews FM y Jovem Pan, y de los canales Bandnews, Rede TV y Globo fueron agredidos física y verbalmente cuando cubrían el ingreso en prisión de Lula.

 

Las agresiones a la prensa se habían producido también en las protestas cuando se decretó la orden de prisión para Lula. Los vehículos de Bandnews FM y de Correio Brazilense sufrieron desperfectos en São Paulo y Brasilia. En João Pessoa (Paraíba), los manifestantes atacaron la sede de TV Cabo Branco, afiliada local de Globo.

 

La elección de Jair Bolsonaro el 28 de octubre como presidente de Brasil estuvo marcada por nuevos ataques a la libertad de prensa. El clima de odio en el que está inmerso el país americano hace cada vez más complicado ejercer el periodismo.  Pocos minutos después del anuncio oficial de su elección, Bolsonaro se congratulaba de su victoria electoral en Facebook Live “pese a las críticas e insultos de los grandes medios”.

 

Horas antes, su responsable de prensa, Carlos Eduardo Guimarães, mandaba el siguiente mensaje a una lista de periodistas que habían informado en la campaña: “¿Así que estábamos cerca del empate? ¡Sois el mayor engaño del periodismo en Brasil! BASURA”.

 

En las celebraciones posteriores a la elección, los periodistas del diario Folha de São Paulo –que ya habían sido víctimas de ataques durante la campaña electoral–, del periódico O Povo y del canal Verdes Mares fueron agredidos e insultados por partidarios del presidente electo. Un equipo del canal France24 recibió un tratamiento similar: intimidaciones, insultos e invitaciones a “volverse a su país”.

 

Folha de Sâo Paulo sufrió numerosos ataques tras destapar, el 18 de octubre, que Bolsonaro habría recibido donaciones ilegales en su campaña. Según un reportaje publicado algunos empresarios habrían hecho pagos ilegales para beneficiar a Bolsonaro, promoviendo una campaña de desinformación, así como para influir en el electorado a través de wastsapp. El 19 el Tribunal Superior de Brasil abrió una investigación.

 

La empresa WhatsApp, que ya había suprimido miles de cuentas sospechosas de difundir información falsa durante la campaña a través de una herramienta de detección de spam, inició por su parte una investigación interna sobre el caso. También afirmó que estaba tomando “todas las medidas legales necesarias” para impedir el envío masivo de mensajes desde cuentas que registren un comportamiento anormal con el fin de que no puedan ser usadas para propagar desinformación.

 

Este caso, conocido como #Caixa2doBolsonaro, tuvo un gran impacto en el país y provocó la ira del candidato y de sus seguidores. “Folha de São Paulo es la mayor fake news de Brasil y ya no tendrá más la publicidad del Gobierno”, afirmó  Bolsonaro, hablando de "prensa vendida, mis condolencias", en un vídeo que envió a sus partidarios el 22 de octubre.

 

Patrícia Campos Mello, la veterana periodista de Folha de São Paulo que reveló el caso, sufrió llamadas anónimas, insultos y amenazas en las redes sociales por parte de simpatizantes de Bolsonaro. Su cuenta de whatsapp fue pirateada y se vio obligada a cerrar el acceso público a su cuenta de Twitter.

 

El 20 de octubre el Sindicato de Periodistas de São Paulo denunció las presiones que habían sufrido numerosos periodistas del grupo Record, uno de los más importantes del país y propiedad del pastor Edir Macedo, fundador de la Iglesia Universal del Reino de Dios y abiertamente próximo a Bolsonaro. Según el sindicato, estos colegas “sufren presiones permanentes de la dirección de la emisora para que las noticias favorezan al candidato a la presidencia Jair Bolsonaro”.

 

El 21 de octubre el Tribunal Electoral del estado de Río ordenó que se confiscaran miles de ejemplares de una edición especial sobre las elecciones del diario Brasil de Fato. El juez que dictó la orden señaló que el semanario tenía “claramente el objetivo de hacer propaganda electoral a favor del candidato Fernando Haddad [...] mientras que contiene elementos peyorativos sobre su adversario, Jair Bolsonaro”.

 

Un juez del estado de Río prohibió el 17 de noviembre cualquier información, después de que TV Globo emitiera –el 14 de noviembre–, dos reportajes basados en información obtenida de la investigación policial sobre los disparos mortales a la concejala y activista de derechos humanos Marielle Franco y a su conductor, Anderson Gomes, el 14 de marzo.

 

TV Globo explicó que sus informaciones se cuidaron de no revelar datos que pudiera poner en peligro a los testigos o amenazar la investigación policial.

 

Pero el juez prohibió a TV Globo difundir más informes sobre la investigación policial con el argumento de que “las filtraciones de la investigación del caso son muy perjudiciales porque exponen los datos personales de los testigos y amenazan el progreso de la investigación”. La cadena dijo que apelará el fallo.

 

RSF publicó el 29 de noviembre un informe Los periodistas, la pesadilla de la mafia. En él citaba a Brasil, país asolado por los cárteles de la droga, donde ha habido asesinatos de periodistas por miembros de estas mafias. Por ello, cada vez más profesionales optan por poner en común su trabajo y emprender investigaciones de forma colaborativa en grandes consorcios internacionales. Una respuesta colectiva frente a los tentáculos de la mafia.