Bolivia

31.12.2018 00:00

 

Puesto 110

de 180 países, en la CLASIFICACIÓN MUNDIAL 2018bolbolivsjkbdhvjsbvbbbb de la Libertad de Prensa

Superficie: 1.098.581 km2

Población: 11.051.600 habitantes

Jefe de Estado y Presidente del Gobierno: Juan Evo Morales Ayma

PIB per cápita (US$ a precios actuales): 3.394

Tasa de alfabetización en adultos (mayores de 15 años): 95,1%

Porcentaje de usuarios de Internet: 39,7%

 

 

 

En Bolivia los medios de comunicación cuentan con un tentador incentivo para evitar comentarios adversos hacia el Gobierno o el presidente Evo Morales, en el poder desde 2006. En virtud del Decreto Supremo 181, adoptado en 2009, la publicidad oficial no se otorga a medios de comunicación que "mienten", "hacen política partidista" u "ofenden al Gobierno”. Estas presiones financieras no son nada desdeñables, no en vano Bolivia es uno de los países más pobres de Suramérica. Los periodistas que incomodan al Gobierno son víctimas de encarnizamiento judicial, como muestran los casos de Wilson García Mérida (desde 2016) y de Yadira Peláez Imanereico (desde 2017). A estos casos se suman las detenciones arbitrarias de reporteros, así como un alto grado de impunidad, lo que atiza la autocensura.

 

Reporteros Sin Fronteras denunció la amplia campaña de descrédito contra Yadira Peláez Imanereico y pidió que se retiren los cargos presentados contra ella. Los hechos se produjeron tras la denuncia por acoso sexual presentada por la periodista, en diciembre de 2016, contra Carlos Flores Menacho, entonces director de Canal 7. Peláez Imanereico, experiodista de Canal 7, cadena pública del grupo Bolivia TV (BTV), que depende del Ministerio de Comunicación de Bolivia, se enfrenta desde entonces a tres procesos penales emprendidos por miembros del Gobierno de Evo Morales y personas cercanas a él.

 

Semanas después de ser denunciado por acoso sexual, el directivo pidió a los empleados de BTV que firmasen un escrito en el que se ponía en tela de juicio la seriedad y el profesionalismo de la reportera, y lo envió a todas las instituciones públicas del Estado, entre ellas, el Ministerio de Comunicación.

 

El 6 de marzo de 2017 Peláez decidió hacer público el caso. Dos días después, Flores Menacho fue suspendido de su cargo en BTV y presentó una demanda por “difamación” y “calumnias” contra la periodista. Los siguientes meses la reportera tuvo que superar numerosos obstáculos para preparar su defensa: el Gobierno boliviano le prohibió el acceso a edificios públicos y se negó a entregarle información.

 

Además, la periodista se enfrenta a otras dos acusaciones. La primera, presentada por la ministra de Comunicación y exgerente del Canal 7, Gisela López, que le acusa de “acoso político" y “violencia política" contra mujeres. La ministra niega las acusaciones de Peláez. La segunda acusación fue presentada por la actual responsable de Canal 7, Fabiola Rollano Peña, que le acusa de “corrupción pública”.

 

Según los datos del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), los funcionarios bolivianos han utilizado demandas por difamación y otros cargos penales para intimidar a periodistas.