Bahréin

31.12.2018 00:00

 

Puesto 166

de 180 países, en la CLASIFICACIÓN MUNDIAL 2018 de la Libertad de Prensa

Superficie: 712 km2

Población:1.492.584 habitantes

Jefe de Estado: Hamed bin Issa Al Jalifa

Presidente del Gobierno: Jalifa bin Salman Al Jalifa

PIB per cápita (US$ a precios actuales): 23.655

Tasa de alfabetización en adultos (mayores de 15 años): 95,7%

Porcentaje de usuarios de Internet: 98%

 

 

Siguiendo los pasos de Arabia Saudí, el país más pequeño del Golfo Pérsico mantiene una férrea política represora hacia los periodistas, y sobre todo hacia los blogueros y activistas de derechos humanos que desde las revueltas de 2011 no han dejado de intentar alzar la voz.

 

La mayoría chií está gobernada por una minoría suní, bajo el control absoluto de la familia Al Khalifa. Las reivindicaciones siguen siendo las mismas siete años después: la histórica discriminación a la que es sometida la comunidad chíi y una reforma política que lleve a una apertura hacia la democracia. El rey Hamad bin Isa Al Khalifa es uno de los “depredadores” de la lista de RSF desde hace veinte años, por haber sometido a un hostigamiento incesante a periodistas, fotógrafos y blogueros, y permitir que puedan ser condenados a cadena perpetua o a usar como método disuasorio, para que se conviertan en profesionales dóciles, la retirada de la nacionalidad.

 

Nabeel Rajab, detenido en junio de 2016 y condenado a cinco años de cárcel por haber publicado unos tuits criticando las condiciones de una cárcel en Bahréin y la intervención liderada por Arabia Saudí en Yemen, es un ejemplo de la persecución sistemática a la que son sometidos los activistas de derechos humanos que colaboran con medios de comunicación.

 

Más de 50 organizaciones, entre las que figura RSF, han escrito una carta a las autoridades bahraníes para que liberen a Rajab y se retiren los cargos que hay contra él. También piden una investigación independiente e imparcial sobre el maltrato recibido por Rajab en la cárcel. Los cinco años a los que fue condenado, en febrero de 2018, se añaden a la sentencia de otros dos años por criticar a las autoridades del país en entrevistas en televisión, que data de julio de 2017.

 

A Hassan Mohammed Qambar, un fotógrafo independiente, que en 2011 colaboraba con Russia Today Arabic y con Ruptly, le acusaron de haber “quemado ruedas provocando daños en una torre eléctrica”, “haber causado disturbios y caos” y de “pertenecer a una organización terrorista”, a pesar de que, como pudo averiguar RSF, los interrogatorios a los que fue sometido versaron sobre su trabajo como fotoreportero. Ha sido condenado a más de 100 años de cárcel.

 

Entre abril de 2011 y febrero de 2012, fue encarcelado acusado de vandalismo y de difundir noticias falsas. Cuando recuperó la libertad reanudó su trabajo. La Agencia de Seguridad Nacional empezó a perseguirle. Su casa fue asaltada en más de 60 ocasiones, hasta que fue detenido de nuevo, a mediados de 2018.

 

Desde 2012, se ha retirado la nacionalidad a un total de 579 personas, entre ellas a 15 periodistas y ciudadanos periodistas que se encuentran en prisión por haber realizado su trabajo. Ahmed Al Mousawi fue detenido en 2014, cuando estaba haciendo fotos a una manifestación antigubernamental y sentenciado en noviembre de 2015 a diez años de cárcel y a la pérdida de la nacionalidad.

 

En el caso del periodista Mahmoud Al Jaziri y el bloguero Ali Al Maaraj, se les retiró la nacionalidad en octubre de 2017, durante un juicio político junto a otras cinco personas alegando que pertenecían a una célula terrorista. Al Jaziri, que trabajaba en Al Wasat, un periódico que en 2017 era próximo a las autoridades, fue condenado a 15 años de cárcel. Y Al Maaraj, que ya había pasado más de dos años en prisión por “insultar al rey” y “abusar de información tecnológica”, a cadena perpetua.

 

Bahréin no ha firmado la Convención de Naciones Unidas de Reducción o Retirada de la Nacionalidad (1961), pero sí que ha rubricado la Carta árabe de Derechos Humanos en la que se especifica: “todo el mundo tiene derecho a tener una nacionalidad; a nadie se le puede arrebatar de forma arbitraria o ser privado fuera de la ley de su nacionalidad”.

 

Por el momento, las autoridades bahreníes han convertido la acción de retirar la nacionalidad en un arma de represión, sin tener en cuenta las graves consecuencias que conlleva tanto para la persona afectada, que queda completamente desprotegida, como para su familia.

 

Esa es la razón por la que cada vez hay más profesionales que optan por el auto exilio. A Ali Abdel Iman, fundador de la web de noticias BahreinOnline; Abbas Busafwan, presentador de televisión, y el bloguero Hussein Yousef les retiraron la nacionalidad en enero de 2015, sin que fuera ni siquiera necesario que pasaran por un juicio, porque hay una enmienda de 2014 que permite al Ministerio del Interior retirar la nacionalidad a quien se considere que ha ayudado “al enemigo del Estado”, o cuya lealtad a Bahréin sea cuestionable. Un castigo que afecta también a los hijos de la persona a la que se quita la nacionalidad, por lo que el hijo de Ali Abdel Iman nació apátrida en Reino Unido.