Bahréin

31.12.2017 00:00

 

Puesto 164

de 180 países, en la CLASIFICACIÓN MUNDIAL 2017 de la Libertad de Prensa

 

 

Superficie: 712 km2

Población:1.425.170 habitantes

Jefe de Estado: Hamed bin Issa Al Jalifa

Presidente del Gobierno: Jalifa bin Salman Al Jalifa

PIB per cápita (US$ a precios actuales): 22.579

Tasa de alfabetización en adultos (mayores de 15 años): 95,7%

Porcentaje de usuarios de Internet: 98%

 

 

 

 

BARÓMETRO 2017

  • 0 Periodistas asesinados
  • 0 Internautas y periodistas ciudadanos asesinados
  • 0 Colaboradores asesinados
  • 9 Periodistas encarcelados
  • 6 Internautas y periodistas ciudadanos encarcelados
  • 0 Colaboradores encarcelados

 

 

 

Desde los levantamientos de la oposición chiita en la parte este de Bahréin, en 2011, el régimen ha aumentado la represión y la censura de las voces disidentes por temor a su derrocamiento. Los informadores a menudo son acusados de participar en manifestaciones, de vandalismo o de apoyar el terrorismo, por lo que enfrentan penas de prisión que pueden ir hasta la cadena perpetua, e incluso, perder la nacionalidad. Muchos de ellos sufren maltrato físico cuando son detenidos. Los periodistas locales que trabajan para medios de comunicación internacionales encaran dificultades para renovar su acreditación de prensa. Asimismo, es muy complicado para los periodistas extranjeros obtener un visado.

 

A finales de 2017, al menos 15 informadores se encontraban en prisión, la mayoría acusados de cargos falsos de “reunión ilegal”, “ataque al Estado” y “terrorismo”. Por todo ello, el rey Hamed bin Isa Al Khalifa, que gobierna el país con mano de hierro, figura en la lista de depredadores de la libertad de prensa de RSF desde 1999.

 

En junio, Bahréin, junto a Arabia Saudí, Egipto y Emiratos Árabes Unidos anunció que rompía sus relaciones diplomáticas con Catar. Desde entonces, los gobiernos de la región han iniciado una particular ofensiva contra la cadena catarí Al Jazeera, exigiendo su cierre como una de las condiciones para levantar las sanciones al emirato. Además, solicitaron la clausura de otros medios directa o indirectamente apoyados por Catar, como Al-Araby Al-Jadeed y Middle East Eye.

 

Las autoridades regionales acusan a la cadena de promover propaganda de grupos terroristas, de apoyar a los rebeldes hutíes en Yemen y de intentar crear división en los países en los que emite. Además, el Ministerio de Información de Bahréin advirtió a los medios de comunicación que publicar cualquier información que pudiese dañar los intereses del Estado podría suponer una elevada multa y hasta cinco años de prisión.

 

También el Ministerio de Información anunciaba ese mismo mes la suspensión del diario árabe Al Wasat, uno de los pocos medios independientes que tenía el país, tras la publicación de un artículo de opinión sobre las protestas en Marruecos. Según publicó la agencia estatal Bahrain News Agency, la suspensión se debió a la difusión en el diario de contenidos que “podían sembrar la división en la comunidad y afectar a las relaciones del Reino de Bahréin con otros países”.

 

Creado en 2002, Al Wasat ha sufrido el acoso de las autoridades durante años. En enero, la versión digital fue suspendida durante tres días por incitar a “la discordia en la sociedad y el espíritu de sedición”. Además, sus trabajadores suelen enfrentarse a cargos como “publicar información falsa” o “poner en peligro la seguridad del Estado”.

 

En julio, el bloguero y director del Centro de Bahréin para los Derechos Humanos, Nabeel Rajab, fue condenado a dos años de cárcel por “difundir rumores e información falsa” después de publicar dos entrevistas para canales locales e internacionales, entre 2014 y 2015, sobre la situación de los derechos humanos en el país. Rajab, que lleva desde 2011 siendo blanco del acoso judicial, fue condenado en ausencia, ya que se encontraba hospitalizado por motivos de salud. 

 

A finales de año, el activista todavía tenía pendiente otro juicio por "publicación y difusión de falsos rumores en tiempos de guerra", "insultos a una institución" e "insulto a países vecinos”, tras la publicación de varios mensajes en Twitter en los que criticaba el sistema penitenciario y la implicación del gobierno en la guerra de Yemen. 


 

También en julio, un tribunal de apelación de Manama confirmó la multa de 1.000 dinares (2.320 euros) que un tribunal de primera instancia le impuso a la laureada periodista Nazeeha Saeed en mayo por trabajar como corresponsal de medios extranjeros sin autorización. El Ministerio de Información había presentado la acusación contra la periodista un año antes, después de negarse a renovar su acreditación de prensa por primera vez en 12 años. También le prohibieron, sin explicación alguna, salir del país.

 

Saeed, que colaboraba con los medios franceses France 24 y Radio Monte-Carlo Doualiya, lleva años luchando para que se haga justicia por las torturas que sufrió en una comisaría en 2011, después de cubrir las manifestaciones en la capital del país a favor de la democracia. El caso nunca fue investigado por las autoridades, que han argumentado falta de pruebas.

 

A finales de octubre, el bloguero Ali Al Mearaj y el periodista Mahmood Al Jazeeri fueron sentenciados sin pruebas suficientes a cadena perpetua y 15 años de prisión, respectivamente, acusados de “apoyar actividades terroristas”, en un macrojuicio en el que fueron juzgadas otras 10 personas. Mearaj fue incorporado a este caso tras su detención, en junio de 2016. Previamente, estuvo en prisión 27 meses por los cargos de “mala utilización de la tecnología” e “insultar al rey”. Por su parte, Jazeeri, periodista del clausurado diario independiente Al Wasat, fue detenido en diciembre de 2015 y acusado de cargos de terrorismo en junio de 2016.