Arabia Saudí

31.12.2018 00:00

 

Puesto 169

de 180 países, en la CLASIFICACIÓN MUNDIAL 2018 de la Libertad de Prensa

Superficie: 2.149.690 km2

Población:32.938.213 habitantes

Jefe de Estado y Presidente del Gobierno: Salman bin Abdulaziz Al Saud

PIB per cápita (US$ a precios actuales): 20.761

Tasa de alfabetización en adultos (mayores de 15 años): 94,8%

Porcentaje de usuarios de Internet: 73,8%

 

 

 

Existen claras líneas rojas que acotan la capacidad de acción y los movimientos de los periodistas, activistas y defensores de los derechos humanos en Arabia Saudí pero, como se ha podido comprobar este año con el caso Jamal Khashoggi, el régimen carece de límites para ejercer la repression, llegando a cometer un asesinato fuera de sus fronteras.

 

La conmoción expresada por la comunidad internacional, incluso por altos mandatarios que tampoco son ejemplo de defender los derechos humanos, no ha llegado a cuestionar la contundencia con la que la familia de los Al Saud gobiernan el país, la inmunidad innata a la que nadie puede enfrentarse, hagan lo que hagan.

 

Al final de 2018, había 28 periodistas e internautas encarcelados; muchos de ellos no conocen el delito que se les atribuye y todos pasan por un largo período de prisión preventiva a la espera de un juicio en el que se cometen irregularidades y en el que se acaban dictando sentencias sumarias. El rey Salman bin Abdulaziz Al Saud sigue formando parte de la lista de “depredadores” de RSF, quien al suceder a su hermano Abdallah en la autocracia medieval que rige el país, también heredó la hostilidad hacia la libertad de expresión.

 

Siete años después de que el Ministerio del Interior prohibiera las concentraciones públicas, incluidas las manifestaciones pacíficas; de comprobarse que en los dos años de ejecución de la Ley de Asociaciones no se ha creado ninguna organización independiente de derechos humanos en el país; y de que se haya cumplido el primer año de aplicación de la nueva Ley Antiterriorista, que incluye la pena de muerte por delitos de “terrorismo” sin que exista una definición clara del término, el régimen saudí ha alcanzado la represión absoluta contra periodistas e internautas, ante la inacción de Occidente.

 

RSF se ha unido a siete organizaciones de derechos humanos para hacer un llamamiento a Arabia Saudí para que adopte ocho medidas concretas que terminen con la grave violación de los derechos humanos de la población, que incluye la persecución, encarcelamiento y torturas hacia los profesionales de la comunicación. El mensaje también se dirigió a los líderes de los 20 países más poderosos del mundo que se reunieron en Argentina para una cumbre de dos días, pidiéndoles que no normalicen sus relaciones con el régimen saudí hasta que no se obtengan concesiones importantes respecto a la libertad de prensa. Era la primera aparición del príncipe Mohammad bin Salman desde el asesinato del periodista Jamal Khashoggi, que presuntamente él mismo ordenó. Khashoggi fue torturado hasta la muerte en el consulado de Arabia Saudí el 2 de octubre, cuando intentaba hacer un trámite burocrático para casarse con su prometida turca.

 

Era un reconocido periodista, que trabajó para varios periódicos en árabe e inglés, incluido Okaz, y fue redactor jefe del diario Al Watan. En diciembre de 2016, las autoridades saudíes le denunciaron después de que criticase al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Seis meses después, decidió exiliarse e instalarse en ese país para convertirse en columnista de The Washington Post.

 

También se ha creado una coalición de 160 organizaciones que pide a la ONU que se realice una investigación independiente y que el régimen saudí asuma su responsabilidad por el asesinato de Khashoggi.

 

Uno de los casos más emblemáticos de la represión de los Saud es el del bloguero Raif Badawi, condenado en 2014 a diez años de cárcel y a 1.000 latigazos por “insultar al islam”. No podrá abandonar el país en los siguientes diez años tras cumplir la condena y deberá pagar una multa de un millón de rials (226.000 dólares). A pesar de los esfuerzos por visibilizar la situación de Badawi, no se ha logrado avanzar durante este año en ningún aspecto.

 

El nombramiento del príncipe heredero Mohammed bin Salman, conocido como MBS, se observó como un posible proceso paulatino hacia la apertura, porque aboga por un islam más moderado (ha permitido que 30 años después vuelvan a proyectarse películas de Hollywood en el país), y lideró los cambios que han otorgado visibilidad a las mujeres, levantando el veto para que puedan conducir, autorizándolas a crear su propia empresa, a formar parte del ejército o a ir al teatro y a los estadios, pero el ministro de Defensa más joven del mundo (tiene 33 años) también lanzó este año una fuerte campaña contra las activistas de los derechos de las mujeres, con las que no quiere compartir el reconocimiento internacional de los cambios. Desde que Bin Salman se convirtió en príncipe heredero, se ha doblado el número de periodistas y blogueros encarcelados en el país.

 

Tres mujeres: una periodista, una columnista y una bloguera fueron encarceladas sin que hubiera ningún cargo contra ellas. Eman al Nafjan es una bloguera que escribía sobre política y derechos de las mujeres. La detuvieron en mayo acusándola de amenazar “la seguridad y estabilidad” del reino, y los medios saudíes aseguraron que era una “traidora”. Al concluir el año, sigue esperando ser juzgada.

 

Los periodistas son espiados y utilizados para llegar hasta disidentes al régimen, cuando no ejercen la autocensura por las amenazas de ser encarcelados acusados de traición. Este sistema es el que hace que muchos permanezcan en silencio. Cuando desapareció Khashoggi, el régimen recordó a los saudíes que la Ley de Crímenes Electrónicos permite encarcelar durante 5 años a los que “difundan rumores o noticias falsas”.

 

Al mismo tiempo, el régimen difundió hashtags en Twitter en los que se apuntaba que cualquier crítica al reino saudí es una traición o una falta de patriotismo. “Todos somos Salman y Mohammad”, refiriéndose al rey y al príncipe heredero; “El reino saudí rechaza las amenazas”, o “Parad a los enemigos de la patria”, son algunas de las entradas que se difundieron miles de veces en las redes sociales.

 

El periodista Saleh al Shehiwas acusó a la familia real de corrupción y nepotismo en televisión en diciembre de 2017 y dos meses después fue condenado a cinco años de prisión por “insultar a la corte real”. Dos columnistas, el economista Essam al Zamel y el académico Abdullah al Malki, están siendo juzgados por compartir informes y por los análisis a menudo críticos sobre la situación política y económica del país.

 

Loujain Al- Hathloul, Aziza Al-Youssef, Nassema al Sadah (o Nassima al Sada), y Nouf Abdulaziz al Jerawi, fueron detenidas de forma arbitraria sin conocer de qué se les acusa, durante meses. Son tres mujeres activistas por los derechos de las mujeres que, como muchos otros detenidos, se enfrentan a una posible pena de muerte en un juicio injusto ante el tribunal contra terrorismo, cuando lo que hicieron fue ejercer sus derechos a la libertad, la asociación o la asamblea.

 

El periodista Saleh El Shihi desapareció en diciembre de 2017 y no fue hasta febrero cuando su familia supo que estaba detenido, al conocer que había sido condenado a cinco años de cárcel. En cambio, de Turad Al Amri, quien desapareció en noviembre de 2016, tras haber publicado unos tuits condenando las medidas drásticas contra la prensa saudí y el bloqueo de medios online, aún no se tienen noticias.

 

La pista de Fayez ben Damakh, un conocido poeta y periodista se perdió en septiembre de 2017, cuando estaba a punto de lanzar un canal de noticias en Kuwait. Según los medios locales, fue secuestrado y extraditado a Arabia Saudí, sin que todavía haya una confirmación oficial de lo ocurrido.

 

Y el escritor y periodista ciudadano yemení Marwan Al-Muraisy, establecido en Arabia Saudí desde 2003, permanece incomunicado desde el 1 de junio. Tiene más de 100.000 seguidores en Twitter y es posible que fuera detenido por algún comentario en Internet relacionado con algún activista, intelectual o periodista detenido.

 

En 2018, seguían cumpliendo sus condenas el periodista Alaa Brinji, redactor de Al Sharq, El Bilad y Okaz; Waleed Abu al Khair, fundador del Observatorio de Derechos Humanos en Arabia Saudí, y Fadhel al Manafes, periodista ciudadano y defensor de derechos humanos, que no podrán salir de prisión hasta 2029; Nazir al Majid, escritor y periodista para Al Hayat y Al Sharq, entre otros; Saleh al Shehi, periodista de Al Watan; Ali Al Omari, fundador del canal de televisión 4Shabab; Malek al Ahmad, director de varios medios, fundador de Al Mohayed (El Imparcial); Mohamed Saud al Bishar, reportero y columnista, para medios como el diario saudí Twasul; el empresario y columnista de varios medios, entre ellos Okaz, Jamil Farsi; y el bloguero y predicador reformista Salman al Awdah (o Salman Ouda), que fue condenado a muerte en septiembre por 37 cargos, entre los que figuran “encabezar un grupo terrorista” e “incitar a la opinión pública a oponerse al líder” del país.