Introducción:

Una prensa cada vez menos libre

 

Los Gobiernos europeos continúan en su empeño por legitimar el espionaje de las comunicaciones de periodistas con nuevas iniciativas legislativas. En un informe filtrado a los medios en junio, se reveló que República Checa, Chipre, Estonia, Finlandia, Irlanda, Italia, Polonia, Suecia y Reino Unido pretenden disminuir los controles a los exportadores de programas de vigilancia. El informe circuló con motivo de la propuesta de ley para reforzar las regulaciones en la Unión Europea a la exportación de tecnología de este tipo. Si la revisión del reglamento no se adopta a principios de 2019, hay un riesgo de que se posponga debido a las próximas elecciones. Reporteros Sin Fronteras y otras organizaciones advierten del peligro que suponen los programas de vigilancia para los informadores y sus fuentes.

 

El asesinato del periodista Ján Kuciak en Eslovaquia en febrero se convirtió en un punto de inflexión para el periodismo en el país. Kuciak fue asesinado junto a su prometida tras publicar un artículo en el que apuntaba a la controversia en las relaciones entre un empresario y varios políticos eslovacos. Su muerte sirvió para recordar el peligro al que se enfrentan los periodistas todavía en Europa. Un riesgo creciente en regímenes represivos como Rusia y Turquía, pero también en países de la Unión Europea donde los grupos de extrema derecha están en el poder, o en Italia, donde cientos de periodistas continúan bajo protección policial por amenazas de la mafia. En Bulgaria, la periodista de televisión TVN Viktoria Marinova fue asesinada a plena luz del día en octubre. Aunque todavía se desconocen las causas detrás de este brutal crimen, Marinova acababa de emitir un reportaje sobre el fraude de fondos europeos en Rumanía y Bulgaria. Bulgaria es el peor país calificado dentro de la Unión Europea, pero no es el único donde el despliegue de violencia y amenazas contra los periodistas es parte del día a día.

 

Otra tendencia alarmante es el desmantelamiento de los medios de comunicación, incluidos entes públicos, así como la censura creciente desde la llegada a los Gobiernos de grupos ultraderechistas en varios países europeos, como son los casos de Austria, Polonia o Hungría entre otros. La concentración de medios de comunicación en manos de unos pocos, generalmente grandes grupos editoriales u oligarcas cercanos al Gobierno es también una situación común a varios estados. En algunos casos, como en Reino Unido, la seguridad nacional ha servido como excusa para aplicar una política más restrictiva frente a la prensa. De hecho, Gran Bretaña se erige como el peor calificado de Europa occidental en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de Reporteros Sin Fronteras (RSF). Entre las principales consecuencias de este panorama están la falta de pluralismo en la información y en muchos casos la autocensura de los periodistas por miedo a represalias.

 

En Rusia continúa la atmósfera asfixiante contra los que cuestionan el discurso del Kremlin y defienden un periodismo independiente y de calidad. La presión sobre los medios de comunicación críticos con el Gobierno ha obligado a muchos a echar el cierre tras perder su financiación y después de que algunos de sus trabajadores fuesen detenidos. Además, el buscador ruso Yandex ha eliminado toda referencia a medios de comunicación bloqueados, convirtiéndose en copartícipe de la censura.

 

En Turquía este año han comenzado a resolverse los juicios contra los periodistas detenidos acusados de participar en el intento de golpe de estado de julio de 2016. Varios informadores han sido condenados a cadena perpetua, y se han repartido condenas de entre ocho y quince años de cárcel. Para el Ejecutivo de Recep Tayyip Erdogan y su entorno el periodismo independiente es sinónimo de crimen. La pluralidad de los medios turcos murió finalmente con la venta del grupo de medios más grande, Doğan Media Company, a un conglomerado de empresas cercano al Gobierno. Nueve de las diez publicaciones más leídas y las televisiones más vistas en Turquía pertenecen a empresarios afines al Gobierno.

 

El punto positivo del año lo ponen Suiza y Portugal. El primero porque sus ciudadanos han apostado por seguir financiando la radiotelevisión pública, que hubiese desaparecido en caso contrario. El segundo, por aprobar nuevas leyes que incrementan las sanciones en casos de crímenes cometidos contra informadores, que entran a formar parte del grupo de “personas protegidas”.

 

Patricia Alonso

 

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