Venezuela

31.12.2015 00:00

 

Puesto 137

de 180 países, en la CLASIFICACIÓN MUNDIAL 2015 de la Libertad de Prensa

 

 

Superficie: 912.050 km2

Población: 30.410.000 habitantes

Jefe del Estado y de Gobierno: Nicolás Maduro Moros

 

 

 

 

 

BARÓMETRO 2015

  • 0 Periodistas asesinados
  • 0 Internautas y periodistas ciudadanos asesinados
  • 0 Colaboradores asesinados
  • 0 Periodistas encarcelados
  • 0 Internautas y periodistas ciudadanos encarcelados
  • 0 Colaboradores encarcelados

 

 

 

Las autoridades venezolanas aumentaron, en 2015, la presión que ejercen sobre los pocos medios de comunicación independientes del país, apoyándose en el sistema judicial y controlando el acceso al papel de periódico necesario para los diarios. Por otra parte, se prohibió salir del país a 22 directivos y representantes de medios de comunicación independientes por orden judicial. Y, además, el Ministerio de Comunicación obligó a firmar una “carta de buena conducta” a los corresponsales extranjeros que cubrían las elecciones parlamentarias, celebradas el 6 de diciembre. Les hizo comprometerse a respetar ciertas consignas que, de no cumplirse, supondrían la retirada la acreditación de prensa. 
 
 
El 5 de mayo la jueza María Eugenia Núñez prohibió a 22 directivos y representantes de los medios de comunicación independientes Tal Cual, El Nacional y La Patilla que salieran del país, y los conminó a presentarse una vez a la semana ante el tribunal. Estas medidas se deben a la demanda, interpuesta, en abril, por Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional, contra estos tres medios de comunicación por “difamación agravada continuada”. Los tres difundieron información publicada originalmente por el diario español ABC, en la que se acusaba a Cabello de liderar el Cartel de los Soles. Entre los directivos de los medios de comunicación afectados se encontraba Teodoro Petkoff, director de Tal Cual, en posesión del premio periodístico español Ortega y Gasset por la defensa de las libertades, la independencia y el rigor periodístico. Petkoff ya había enfrentado otro proceso legal, emprendido por Diosdado Cabello, por difamación. 
 
A estos ataques judiciales contra los medios de comunicación y los periodistas se suman los numerosos intentos de intimidación que perjudican la libertad de información. Desde enero, algunos medios han padecido amenazas y acusaciones en total impunidad, ya que provienen principalmente de funcionarios del Estado, incluso del mismo Presidente. El 3 de marzo el Presidente Nicolás Maduro acusó al canal privado Televen y a CNN en Español de estar involucrados en un golpe de Estado. Estas amenazas son aún más preocupantes dado que en ocasiones van acompañadas de agresiones físicas. Según la ONG venezolana Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), desde el inicio del año al menos un periodista fue agredido y otros tres detenidos arbitrariamente.
 
El Gobierno también se vale de la asfixia económica, controlando el acceso del papel a los medios de comunicación independientes. El 10 de mayo, el histórico diario El Impulso denunció que de nuevo era víctima del sistema nacional que suministra papel a la prensa escrita: la Corporación Editorial Maneiro, responsable de comprar el papel para luego venderlo a los periódicos. Según el diario, la escasez de papel –por la que ya se habían visto afectados en 2014– les obligó a reducir el número de páginas del periódico de 16 a 8. El Impulso, creado en 1904, es el diario más antiguo de Venezuela y uno de los principales medios de comunicación independientes del país. A principios de mayo, las redacciones de El Siglo y Última Hora también dieron señales de alarma respecto a su stock de papel.
 
El 30 de noviembre, los corresponsales extranjeros encargados de cubrir las elecciones parlamentarias, que se celebraron el 6 de diciembre, se vieron obligados a firmar una extraña “carta de compromiso” elaborada por el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información (Minci). En ésta se pedía a los corresponsales que se comprometieran “a no manipular imágenes, audios o textos, para cambiar su sentido, origen o conceptos”, “a transmitir información veraz y oportuna a los usuarios del medio […] y a respetar en todo momento el proceso democrático y de paz”. Formulaciones vagas que, en opinión de RSF, podrían constituir una medida de presión y de censura en este periodo electoral.
 
La carta también establecía que “en caso de incumplir con todo ello”, el firmante aceptaba que se retirara la acreditación otorgada por las autoridades competentes. Un hecho sin precedentes, según señaló el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) de Venezuela, que denunció inmediatamente la maniobra del Minci. Esta medida no respeta los estándares internacionales de libertad de expresión ni el proceso oficial de acreditación de corresponsales de medios de comunicación extranjeros de Venezuela.