Turquía

31.12.2016 00:00

 

Puesto 149

de 180 países, en la CLASIFICACIÓN MUNDIAL 2016 de la Libertad de Prensa

 

 

Superficie: 783.562 km2

Población: 78.665.830 habitantes

Jefe del Estado: Recep Tayyip Erdogan

Presidente del Gobierno: Binali Yildirim [desde mayo de 2016, en sustitución de Ahmet Davutoglu]

 

 

 

 

BARÓMETRO 2016

  • 1 Periodista asesinado
  • 0 Internautas y periodistas ciudadanos asesinados
  • 0 Colaboradores asesinados
  • 40 Periodistas encarcelados
  • 0 Internautas y periodistas ciudadanos encarcelados
  • 0 Colaboradores encarcelados

 

 

 

La caza de brujas que siguió al fallido golpe de Estado, el 15 de julio, conllevó ataques masivos a la libertad de prensa, con cientos de detenciones que convirtieron a Turquía, a finales de año, en la mayor prisión del mundo para los profesionales de la información. Además, la deriva autoritaria del presidente Recep Tayyip Erdogan, quien figura en el listado de depredadores de la libertad de prensa de RSF, se tradujo en el cierre de unos 150 medios de comunicación, dejando a 2.300 trabajadores sin empleo, así como la retirada del carné de prensa a casi 700 periodistas. Además, el agravamiento del conflicto en Siria y la reanudación de los combates contra los rebelde kurdos del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) acentuó la paranoia de las autoridades frente a los periodistas críticos, y muchos profesionales han optado por la autocensura o el exilio.

 

A finales de año, más de un centenar de periodistas estaban encarcelados. De ellos, al menos 40 se encontraban en prisión por el mero hecho de ejercer su profesión. El Estado de emergencia, decretado el 20 de julio, dio carta blanca a las autoridades para sobrepasar al sistema judicial y limitar los derechos de defensa. Muchos periodistas fueron acusados, sin pruebas, de estar involucrados en el intento de golpe de Estado. Bastaba con hacer alguna crítica al poder, o con tener cierta empatía con el movimiento del clérigo Fethullah Gülen, acusado de promover el golpe de estado, o el movimiento político kurdo, para que un periodista fuese enviado a prisión acusado de “insulto al presidente de la República” o “propaganda terrorista”, sin que la justicia considerara necesario probar su implicación en actividades criminales. Los detenidos podían pasar hasta 30 días privados de libertad y se les podía negar el acceso a un abogado en los cinco primeros días de su detención.

 

Sin embargo, hay que tener en cuenta que el pluralismo y la libertad de información en Turquía ya estaban muy mermados con anterioridad al golpe. Así lo demostró, por ejemplo, la detención, el 20 de junio, del representante de RSF en Turquía, Erol Önderoglu, la defensora de los derechos humanos Sebnem Korur Fincancı, y los periodistas Ahmed Nesin y İnan Kızılkaya. Todos ellos fueron acusados de "propaganda terrorista" por participar en una campaña de solidaridad en la que decenas de personalidades se convirtieron en directores simbólicos  del periódico kurdo Özgür Gündem, perseguido por la justicia y víctima del abuso repetido de las leyes antiterroristas turcas para acabar con el periodismo independiente. Tras pasar diez días en prisión, fueron puestos en libertad condicional a la espera de juicio, que comenzó el 8 de noviembre de 2016.

 

El diario Özgür Gündem siempre ha sido uno de los blancos favoritos del Gobierno de Erdogan, y tras la fallida asonada las autoridades aprovecharon el Estado de emergencia para cerrarlo y detener a varios de sus colaboradores, entre ellos la conocida novelista y cronista Aslı Erdoğan. Fueron acusados de “pertenencia a una organización terrorista”, “propaganda terrorista” y “atentar contra la unidad del Estado”. A finales de diciembre, cuatro periodistas del citado medio continuaban en prisión, tras iniciarse, en noviembre, un proceso judicial contra ellos y otros cinco informadores que consiguieron escapar antes de ser detenidos, y que serán juzgados en ausencia.

 

Otro claro ejemplo de cómo las autoridades supieron aprovechar la excepcionalidad, tras la intentona golpista, para acabar definitivamente con los medios críticos es el caso del diario Cumhuriyet. Antes del golpe, en mayo, Can Dündar, el redactor jefe del periódico, y Erdem Gül, su responsable en Ankara, fueron condenados a cinco años de prisión por “obtener y divulgar secretos de Estado”. Afortunadamente, la sentencia no fue firme a la espera de la decisión del tribunal de apelación, y los dos periodistas consiguieron exiliarse.

 Los cargos contra Dündar y Gül eran fruto de la publicación, un año antes, de un reportaje que demostraba la entrega de armas turcas a grupos islamistas en Siria. Tras la difusión de la noticia, el presidente Erdogan aseguró públicamente que los dos periodistas pagarían un alto precio por publicar ese informe. Las amenazas del mandatario no tardaron en surtir efecto. Los dos periodistas fueron detenidos, en noviembre de 2015, y tras pasar más de 90 días en prisión preventiva fueron puestos en libertad provisional después de que el Tribunal Supremo decidiera que su detención era una “privación indebida de la libertad”. Poco después, Dündar asistió a la cadena de televisión IMÇ para contar su experiencia, pero las autoridades ordenaron la suspensión de la emisión y la Fiscalía acusó al canal de hacer “propaganda terrorista”.

 

Previamente, a finales de abril, otros dos periodistas del diario, Ceyda Karan y Hikmet Cetinkaya, fueron condenados a dos años de cárcel por “incitar al odio y la hostilidad de naturaleza religiosa”. Sin embargo, su único delito había sido incluir pequeñas versiones de las caricaturas publicadas por la revista satírica Charlie Hebdo, tras los ataques terroristas en su sede de París, que mostraban a Mahoma bajo el título “Je suis Charlie” y la leyenda final “Todo está perdonado”

 No obstante, lo peor para Cumhuriyet llegó después de la asonada. A finales de octubre, y bajo el Estado de emergencia, el Gobierno promulgó un decreto por el que ordenaba disolver 15 medios de comunicación kurdos, entre ellos el citado periódico, en cuya sede se llevó a cabo una redada policial que conllevó la detención de al menos 12 periodistas y colaboradores, incluido el gestor de edición, acusados de “apoyar a organizaciones terroristas”.

 

A finales de año, también fue detenido en su casa el periodista Ahmet Şık, acusado de "propaganda de una organización terrorista" y "agravio a la República de Turquía y sus instituciones" por una docena de mensajes en Twitter, cinco artículos publicados en el diario Cumhuriyet y unas declaraciones públicas en un acto organizado conjuntamente con el Parlamento Europeo. En sus comentarios, criticó la gestión del Gobierno respecto a la cuestión kurda y la amenaza terrorista, así como la entrega de armas de Turquía a grupos islamistas en Siria.

 

Si bien los periódicos Özgür Gündem y Cumhuriyet representan el ejemplo más claro de como las autoridades han utilizado el fallido golpe de Estado para acabar definitivamente con los medios de comunicación a los que llevaban hostigando durante años, no hay que olvidar que los represaliados se cuentan por cientos.

En un solo día, el 27 de julio, las autoridades turcas ordenaron el cierre y expropiación de 102 medios de comunicación críticos con el gobierno (45 periódicos, 16 canales de televisión, 23 emisoras de radio, tres agencias de noticias y 15 revistas, además de 29 editoriales). Todos eran sospechosos de "colaboración" con el Movimiento  Gülen. Entre los medios de comunicación afectados estaban importantes cabeceras nacionales, como el diario Taraf o la revista Nokta, pero también muchos medios locales. Además, entre las cabeceras eliminadas por el decreto ley figuraban medios que las propias autoridades ya controlaban desde hacía un tiempo. Este era el caso del diario Zaman, bajo custodia judicial desde marzo de 2016, tras ser acusado de apoyar a Fethullah Gülen.

 

Precisamente, ese mismo día, la policía antiterrorista añadió 47 nuevos nombres a la ya entonces larga lista de 42 periodistas con orden de detención, la mayoría acusados de “colaboración” con el Movimiento Gülen. Entre ellos, destacaban los nombres de casi una docena de extrabajadores de Zaman, que a finales de año continuaban en prisión.

 

Además, en los primeros días tras el golpe, más de una a decena de webs informativas fueron suspendidas o bloqueadas por “poner en riesgo la seguridad nacional o el orden público”, entre ellas, BCGazete, Gazeteport, Can Erzincan, Özgür Düsünce, Haberdar, Karsi, Gri Hat, Aktif Haber, Samanyolu Haber, Meydan y Rota Haber. También las autoridades ordenaron a la policía confiscar varias tiradas de periódicos, como el Meydan o Leman, amparándose en el “avance en la investigación” y la posibilidad de “suscitar la cólera de la sociedad”.

 

Las detenciones y los cierres de medios de comunicación continuaron hasta finales de diciembre. A principios de octubre, por ejemplo, se produjeron nuevas redadas policiales para cerrar medios de comunicación de la oposición. La policía interrumpió la emisión en directo de varios programas, como IMC TV, Hayatin Sesi TV y Özgür Radyo, echó a sus trabajadores y cerró la entrada. Las redadas se produjeron tras la decisión del Alto Consejo de las Comunicaciones de rescindir la licencia de emisión de al menos once emisoras por "complicidad con organizaciones terroristas" y “suponer un peligro para la seguridad nacional”.

 

Asimismo, entre el 25 y el 29 de diciembre, cinco periodistas fueron detenidos en nuevas redadas en sus hogares y se les acusó, una vez más, de “propaganda de una organización terrorista”. Los informadores afectados fueron Tunca Öğreten, periodista de investigación y ex director del diario digital Diken; Ömer Çelik y Metin Yoksu, reporteros de la agencia de noticias DIHA; Derya Okatan, de la agencia ETHA, y Eray Sargın, redactor jefe del diario digital Yolculuk. DIHA y ETHA ya figuraban entre las decenas de medios cerrados por decreto en los últimos meses. El principal punto en común entre estos periodistas era que informaron sobre las revelaciones que un grupo de piratas informáticos de extrema izquierda hizo sobre el ministro de Energía Berat Albayrak, yerno del presidente Erdogan. No obstante, las revelaciones habían sido censuradas de forma tajante.

 

Otra de las medidas impuestas por las autoridades contra los medios de comunicación, tras la asonada, fue la retirada de casi 700 carnés de prensa, en la mayoría de los casos de periodistas que trabajaban para medios disueltos por decreto. A finales de octubre, por ejemplo, las autoridades retiraron las acreditaciones a dos conocidos periodistas, Dogan Akin y Hasan Cemal, por orden de la Dirección General para la Información y los Medios, un organismo dependiente de la oficial del primer ministro. Akin era editor de la web T24, mientras que Cemal era uno de sus columnistas y fundador también de la ONG P2.

 

Por otro lado, la situación de la prensa extranjera se ha visto cada vez más complicada por la denegación de visados para entrar en el país e incluso la deportación de periodistas. Uno de los casos más emblemáticos de esta situación es el de la periodista española Beatriz Yubero, que colaboraba desde Ankara para varios medios de comunicación, como La Razón, antes del intento golpista. Yubero fue detenida, en su domicilio, el 6 de agosto, y deportada tras pasar casi 36 horas retenida en un pabellón deportivo de la Universidad de Gazi, donde se encontraba supuestamente la unidad antiterrorista, sin que las autoridades turcas explicaran ni a ella ni a la embajada española la razón de su expulsión. Lamentablemente, no fue el único caso registrado durante el año. En marzo, Natalia Sancha, colaboradora habitual de El País en Oriente Medio, fue expulsada del aeropuerto Sabiha Gökçen de Estambul tras pasar cerca 17 horas retenida y sin documentación, en contra de su voluntad.

 

Por último, no hay que olvidar que debido a las amenazas de muerte que reciben los periodistas sirios, muchos optaron por huir de Siria y buscar refugio en Turquía, así como en otros países vecinos. Sin embargo, pese al exilio, la mayoría siguió temiendo por su seguridad y, a menudo, continuó siendo perseguida. Este fue el caso del periodista sirio Mohamed Zaher Al Sherqat, asesinado en la ciudad turca de Gaziantep, en abril. El Estado Islámico asumió la autoría del asesinato y mostró fotos de Naji Jerf Court, Ibrahim Abdel Qader y Fares Hammadi, otros informadores sirios asesinados en Turquía.

 

También este grupo yihadista se atribuyó la responsabilidad del ataque contra el periodista sirio Ahmed Abdelqader, al que dispararon varias veces unos hombres armados desde una motocicleta en la ciudad suroriental de Urfa, el 12 de junio. Afortunadamente, el periodista, fundador y director del diario digital Ayn Ala al-Watan, se recuperó de las heridas en un hospital. Abdelqader fue miembro de ‘Raqqa Is Being Slaughtered Silently’ (RBSS) y, en marzo, ya había sido objetivo de un ataque por parte de dos individuos junto a su casa.