Turquía

31.12.2015 00:00

 

Puesto 149

de 180 países, en la CLASIFICACIÓN MUNDIAL 2015 de la Libertad de Prensa

 

 

Superficie: 783.562 km2

Población: 75.930.000 habitantes

Jefe del Estado: Recep Tayyip Erdogan

Presidente del Gobierno: Ahmet Davutoglu [desde 28.8.2014]

 

 

 

 

BARÓMETRO 2015

  • 1 Periodista asesinado
  • 1 Internauta y periodista ciudadano asesinado
  • 0 Colaboradores asesinados
  • 8 Periodistas encarcelados
  • 1 Internautas y periodistas ciudadanos encarcelados
  • 0 Colaboradores encarcelados

 

 

 

En Turquía los ataques contra la libertad de información han ido en aumento de forma preocupante en 2015. Los incidentes con la prensa se intensificaron en un año en el que el país vivió dos elecciones generales y volvió a verse involucrado en un sangriento conflicto entre las fuerzas gubernamentales y los rebeldes kurdos liderados por el PKK. Las violaciones de la libertad de información se hicieron especialmente graves desde finales del mes de julio, cuando el Gobierno lanzó una “guerra contra el terrorismo” en la que esa formación kurda se convirtió en el principal objetivo.
 
Dos periodistas sirios han sido asesinados en 2015 en Turquía. En octubre, Ibrahim Abd al -Qadwer, que contribuía con sus informaciones a la red de información Raqqa is Being Slughtered Silently (RBSS), apareció decapitado en casa de un amigo en la ciudad de Sanliurfa, donde llevaba residiendo un año como refugiado. El 27 de diciembre, el periodista Naji Jerf, que también estaba en relacionado con RBSS, fue tiroteado a plena luz del día en la ciudad de Gaziantep, donde había estado trabajando durante los últimos tres años. Fundador y editor de la revista Henta, Jerf había rodado también varios documentales sobre las atrocidades cometidas tanto por el autodenominado Daesh como por el gobierno sirio. Acababa de conseguir su visado para viajar a Francia, y planeaba hacerlo en el mes de enero. En ambos casos, Daesh parece estar detrás de los asesinatos. 
 
También en 2015, por primera vez en los últimos 15 años, tres periodistas extranjeros fueron detenidos y puestos a la espera de juicio. Ocurrió en agosto, en Diyarkabir, ciudad de mayoría turca. Los detenidos trabajaban para VICE News, y aunque inicialmente se les acusó de filmar sin las acreditaciones necesarias, poco después los cargos incluyeron colaboración con grupo terrorista. A los pocos días dos de ellos, Jake Hanrahan y Philip Pendlebury, de nacionalidad británica, fueron puestos en libertad, algo que no ocurrió con su traductor. El también periodista Mohammed Ismael Rasool, de nacionalidad iraquí, permaneció en una prisión de alta seguridad más de 130 días. A finales de diciembre seguía pendiente de juicio y tenía prohibido abandonar el país.
 
A comienzos de septiembre, fue detenida en la misma región de mayoría kurda la periodista holandesa Frederike Geerdink. Se la detuvo por “viajar por una zona prohibida” y representantes del Gobierno incluso dijeron que se hizo “por su propia seguridad”. Sin embargo, Geerdink ya había sido detenida brevemente, en enero, bajo la acusación de “distribuir propaganda del PKK”, cargo por el que fue absuelta, en abril, convirtiéndose en uno de los primeros periodistas extranjeros en ser juzgados en Turquía desde 1995. Bajo las nuevas acusaciones, la reportera se enfrentaba a una posible condena de hasta siete años y medio de prisión. 
 
La persecución a periodistas no se limitaron a los profesionales extranjeros. En la noche del 2 de noviembre, poco después de las segundas elecciones generales del año, Cevheri Güven y Murat Capan, del semanario Nokta, fueron detenidos como sospechosos de “incitar a la actividad criminal”. Al día siguiente la Justicia amplió los cargos al considerar que también podían “incitar a la revuelta armada contra el Gobierno”. 
 
La lista de profesionales de la información detenidos aumentó antes de final de ese mismo mes cuando el fiscal de Estambul ordenó la detención del editor de Cumhuriyet, Can Dündar, y de su representante en Ankara, Erdem Gül. Se les acusaba de pertenencia a organización terrorista, espionaje y divulgación de secretos de Estado. El diario ya estaba siendo investigado, desde el mes de junio, por publicar que los servicios de Inteligencia turcos estaban haciendo llegar armas a grupos rebeldes en Siria. En enero, ya había sido objeto de una campaña de acoso por reproducir una portada del semanario francés Charlie Hebdo. Se da la circunstancia de que apenas una semana antes de las detenciones Cumhuriyet había sido reconocido con el Premio RSF a la Libertad de Expresión. La organización ha lanzado una campaña para pedir al Tribunal Constitucional turco la inmediata puesta en libertad de los dos profesionales, así como la del resto de compañeros encarcelados.
 
Por otra parte, 2015 deja en Turquía un largo registro de decisiones y medidas políticas destinadas a fortalecer la censura y el control de cualquier voz crítica con el Gobierno: El 20 de enero, el partido en el poder inició el trámite de una ley para controlar la información en Internet, que permitía a las autoridades cerrar sitios web sin necesidad de una orden judicial y que había sido ya rechazada el año anterior por el Tribunal Constitucional. El texto que los diputados enviaron al Parlamento tenía prácticamente el mismo contenido que la ley que ya había sido rechazada y añadía la posibilidad de bloquear sitios web para proteger “la salud pública”. El mes siguiente el Parlamento comenzó el debate sobre una reforma de la “seguridad interna” que permitía a los agentes de la policía detener a cualquier individuo y realizar registros indiscriminados sin necesidad de pedir autorización a un juez. El texto, que entró en vigor el 3 de abril, supone una preocupante amenaza para la libertad de información y para los periodistas. Fue elaborado en una primera versión, a finales de noviembre del año anterior, justo después de los disturbios más violentos que ha vivido el país en los últimos 30 años.
 
A las iniciativas legislativas se suman las prohibiciones de las autoridades. El 31 de marzo, un fiscal turco permaneció secuestrado durante ocho horas y finalmente fue asesinado por sus captores. Los medios críticos con el Gobierno tuvieron prohibido realizar la cobertura del incidente, así como del funeral que se celebró al día siguiente. RSF denunció entonces que en Turquía cualquier asunto sensible se había convertido en susceptible de ser censurado. 
 
El 22 de mayo, a sólo dos semanas de las primeras elecciones generales, RSF mostró de nuevo su preocupación por la petición de la oficina de la fiscalía en Ankara para prohibir la publicación de varios medios opositores. 
 
En la segunda mitad del año continuó el acoso judicial a numerosos periodistas. El 1 de julio, arrancó una investigación contra 26 periodistas de medios kurdos por distribuir supuestamente propaganda en nombre el PKK, acusación por la que podrían enfrentarse a penas de hasta siete años y media de prisión; el 15 de septiembre, la fiscalía del distrito de Bakirköy, en Estambul, inició una investigación contra Dogan, uno de los mayores grupos de comunicación del país, por supuesta propaganda terrorista; el 3 de noviembre, 71 periodistas del grupo Ipek fueron despedidos tras la campaña lanzada por el Gobierno contra ese medio el mes anterior; y el 9 de noviembre, RSF tuvo conocimiento de la investigación abierta contra un reportero de la agencia Diha por insultar al presidente Erdogan. A finales de septiembre, ya había 11 periodistas procesados por ese mismo delito y otros 19 estaban siendo investigados.