Túnez

31.12.2015 00:00

 

Puesto 126

de 180 países, en la CLASIFICACIÓN MUNDIAL 2015 de la Libertad de Prensa

 

 

Superficie: 163.610 km2

Población: 11.000.000 habitantes

Jefe del Estado: Beyi Caid Essebsi

Presidente del Gobierno: Habib Essid [desde 6.2.2015]

 

 

 

 

BARÓMETRO 2015

  • 0 Periodistas asesinados
  • 0 Internautas y periodistas ciudadanos asesinados
  • 0 Colaboradores asesinados
  • 0 Periodistas encarcelados
  • 0 Internautas y periodistas ciudadanos encarcelados
  • 0 Colaboradores encarcelados

 

 

 
La libertad de prensa en Túnez se ha deteriorado de manera considerable en 2015, un año caracterizado por el aumento de la violencia ejercida contra los informadores y peligrosas iniciativas legislativas que amenazan las garantías previstas en la joven Constitución tunecina y en los compromisos internacionales adquiridos por el país en materia de libertad de prensa. 
 
Los atentados terroristas que sacudieron el mundo, incluido Túnez, el mes de noviembre, volvieron a poner el debate de la seguridad sobre la mesa. El atentado en la capital contra un autobús de la seguridad presidencial que se saldó con 14 muertos, dejo también una realidad paralela: la de más de una treintena de periodistas agredidos por las fuerzas del orden por intentar cubrir los hechos.
 
En los primeros meses del año se produjeron más de treinta agresiones a periodistas, la mayoría a manos de las fuerzas del orden, como la sufrida, en febrero, por seis periodistas de la televisión nacional, el canal Moutawasset TV y la emisora Shems FM, por intenta cubrir un atentado terrorista en Boulaaba. El juicio en un tribunal militar al bloguero Yassine Ayari, por publicar sus opiniones en la red social Facebook, o la denuncia por difamación interpuesta por el gobernador de Kef al corresponsal de Jawhara FM, Mounir Chedli, también por sus comentarios en esta red social sobre la lentitud de las reformas en la región, demuestran que las autoridades -civiles y militares- son mucho menos permeables a la crítica que la declaración de intenciones del texto constitucional, vigente desde enero de 2014. 
 
El sentimiento de inseguridad e incertidumbre se agudizó con el caso Sofiane-Nadhir, objeto de numerosas campañas internacionales que exigieron a las autoridades tunecinas aclarar el paradero de los periodistas Sofiane Chourabi y Nadhir Ktari, desaparecidos en Libia, desde septiembre de 2014. En abril, un representante del ministerio de Justicia libio aseguró que habían sido ejecutados ante el silencio de las autoridades tunecinas que no confirmaban ni desmentían las informaciones. En mayo, se pidió a la Asamblea de Representantes del Pueblo de Túnez que creara una comisión ad hoc para investigar el caso. En junio, 14 organizaciones internacionales de defensa de los derechos humanos volvían a reunirse con representantes tunecinos para solicitar mayor transparencia y coordinación en el caso. La creación, el 8 de septiembre, del Día Nacional para la Protección de los Periodistas, coincidiendo con el año de la desaparición de Sofiane Chourabi y Nadhir Ktari, mostraba una preocupación por parte del Presidente Beji Caied Essebssi hacia la seguridad de la prensa.
 
Sin embargo, el ejercicio del periodismo en Túnez continuó convirtiéndose en una tarea cada vez más difícil, con nuevas agresiones a la prensa. En junio, varios periodistas fueron agredidos en la capital cuando cubrían la manifestación “¿Dónde está el Petróleo?”. El 30 de septiembre, Nawaat Arwa Barakat y Mohamed Ali Mansali fueron agredidos física y verbalmente por la policía, también cuando cubrían una manifestación, en este caso estudiantil, en Bab Saadoun, bajo el lema “Los estudiantes no perdonamos”.
 
El atentado en la capital contra un autobús de la seguridad presidencial que se dejó 13 muertos, en noviembre, se saldó con más de una treintena de periodistas agredidos por las fuerzas del orden por intentar cubrir los hechos.
 
Ya en diciembre, la brigada anticriminal de la gendarmería nacional citó al redactor jefe de la publicación Inkyfada, Walid Mejri, por un artículo, publicado en 2013, sobre la supuesta existencia de un dispositivo de seguridad paralelo en el interior del aeropuerto de Túnez. El periodista fue acusado de poseer información sensible castigada por el código penal del país.
 
El caso puso de relieve la compleja y ambigua realidad legal del país. Desde la Revolución de los Jazmines, en 2011, y la aprobación del decreto ley relativo a la libertad de prensa que protegía a los periodistas y a sus fuentes de las presiones de las autoridades, la justicia tunecina se ha mostrado reticente a aplicar la nueva legislación, recurriendo en su lugar al código penal anterior en varios casos de juicios a periodistas.  
 
Desde la caída del régimen de Ben Ali, numerosas organizaciones y sindicatos de periodistas han reclamado un nuevo marco legal para la prensa, y, tras la entrada en vigor de la Constitución de 2014, las autoridades tenían pendiente la substitución de los decretos ley relativos a la libertad de prensa y la comunicación audiovisual por nuevas leyes orgánicas para el sector de los medios de comunicación. Pero la única iniciativa emprendida, la ley de acceso a la información, fue repentinamente retirada a principios de julio de 2015 por el Gobierno. 
 
Además, el proyecto de ley de lucha contra el terrorismo y el blanqueo de capitales que estudiaba la Asamblea de Representantes del Pueblo ese mismo mes, contemplaba, en su artículo 35, peligrosas disposiciones sobre la divulgación de informaciones relacionadas con el terrorismo que suponían una seria amenaza contra el derecho de protección de las fuentes.