Tailandia

31.12.2015 00:00

 

Puesto 134

de 180 países, en la CLASIFICACIÓN MUNDIAL 2015 de la Libertad de Prensa

 

 

Superficie: 513.120 km2

Población: 67.730.000 habitantes

Jefe del Estado: Bhumibol Adulyadej

Presidente del Gobierno: Prayuth Chan-ocha

 

 

 

 

BARÓMETRO 2015

  • 0 Periodistas asesinados
  • 0 Internautas y periodistas ciudadanos asesinados
  • 0 Colaboradores asesinados
  • 2 Periodistas encarcelados
  • 1 Internauta y periodista ciudadano encarcelado
  • 0 Colaboradores encarcelados

 

 

 

La libertad de información en Tailandia se ha deteriorado de forma dramática desde el golpe de Estado de mayo de 2014. Los interrogatorios a los periodistas y las redadas en los medios de comunicación se han convertido en prácticas habituales de las nuevas autoridades, cuyo Primer Ministro, Prayut Chan-o-cha, se permite libertades como la de afirmar que “probablemente ejecutará” a los periodistas que se salgan de la línea oficial.
 
Semejante afirmación, proferida el 5 de marzo, Día de los Reporteros en Tailandia, se suma a las constantes acusaciones que vierte sobre la prensa en su programa semanal “Devolver la felicidad a Tailandia”. Prayut Chan-o-cha explica en él las políticas del Gobierno, critica la cobertura que hacen los medios de comunicación de los distintos sucesos del país, y acusa a los periodistas de no prestarle suficiente atención y de no tener una actitud más “colaboradora”. 
 
Especialmente preocupado por controlar Internet, el Gobierno estudiaba a principios de año una nueva legislación sobre delitos informáticos que permite a las autoridades la vigilancia legal de contenidos en la red e incluso el poder de bloquear contenidos online sin orden judicial. La nueva legislación contempla también la posibilidad de pedir a los proveedores de Internet la colaboración necesaria para vigilar las actividades en la red instalando programas de vigilancia y espionaje de contenidos. 
 
Precisamente por sus actividades en Internet, fue detenido a principios de año el abogado de derechos humanos Anon Numpa, conocido defensor de acusados por delitos de Lesa Majestad, uno de los más habituales en el país para perseguir a periodistas. 
 
Meses después, en julio, el editor de la web Phuketwan, Alan Morison, de nacionalidad australiana, y una de sus reporteras, Chutima Sidasathian, fueron acusados formalmente de difamar a la Armada Real Tailandesa por un artículo, publicado en 2013, sobre el acoso a los refugiados de la comunidad Rohingya y la posible implicación de mafias tailandesas en el tráfico de personas. Morison y Sidasathian sugerían la complicidad de la Armada en dicho tráfico de personas, ignorando deliberadamente las actividades de los traficantes, sin llegar a acusarla directamente de participar en él. Sin embargo la Armada se personó en la acusación de un juicio que terminó con la absolución de los periodistas, en septiembre. 
 
El arsenal legislativo para perseguir a la prensa permite a las autoridades, además de iniciar procesos de Lesa Majestad, difamación, o violación de la ley de delitos informáticos, utilizar una inusual herramienta: La ley de Control de Armas de 1987, que considera a los cascos y chalecos antibalas equipamiento controlado por el Ejército, y obliga a todo el que quiera llevarlos a tener un permiso del ministerio de Defensa. Pese a que esta normativa no suele utilizarse contra los profesionales que cubren las numerosas manifestaciones que se realizan en Tailandia, lo cierto es que por ese motivo, en agosto, el fotoperiodista “Anthony” Kwan fue detenido en el aeropuerto de Bangkok. Kwan llevaba entre sus pertenencias un chaleco antibalas y se enfrentaba a una posible sentencia de un tribunal militar de cinco años de cárcel o una multa de 1.230 euros. 
 
En septiembre, el periodista Pravit Rojanaphruk, del diario Thai daily The Nation, fue citado por las autoridades militares para lo que ellas mismas denominan un “ajuste de actitud”. Rojanaphruk se desplazó voluntariamente a las dependencias del Ejército en Bangkok, donde fue detenido y trasladado a otra base militar no detallada por las autoridades.
 
Pero la prensa local no es la única que sufre la arbitrariedad del régimen y de un sistema judicial al servicio de las autoridades políticas. También en septiembre, el defensor de derechos humanos británico Andy Hall fue acusado por los tribunales tailandeses por haber expuesto, en una entrevista  en la cadena Al Jazeera, en abril de 2013, sus investigaciones sobre las condiciones de los trabajadores birmanos de una planta de la empresa nacional de fruta en el sur de Tailandia.
 
Especialmente preocupadas por la imagen del país, las autoridades persiguen y censuran toda información sensible que ponga en entredicho el Gobierno de la junta militar. El 1 de diciembre, la edición internacional de New York Times, apareció con espacios en blanco por la negativa de las imprentas locales a imprimir un artículo sobre las dificultades de la junta militar para reactivar la economía del país.