República Dominicana

31.12.2015 00:00

 

Puesto 63

de 180 países, en la CLASIFICACIÓN MUNDIAL 2015 de la Libertad de Prensa

 

 

Superficie: 48.730 km2

Población: 10.400.000 habitantes

Jefe del Estado y de Gobierno: Danilo Medina Sánchez

 

 

 

 

 

BARÓMETRO 2015

  • 0 Periodistas asesinados
  • 0 Internautas y periodistas ciudadanos asesinados
  • 0 Colaboradores asesinados
  • 0 Periodistas encarcelados
  • 0 Internautas y periodistas ciudadanos encarcelados
  • 0 Colaboradores encarcelados

 

 

 

Un asesinato, agresiones, en ocasiones procedentes de fuerzas gubernamentales, amenazas, procesos legales… El primer semestre de 2015 fue duro para los periodistas en República Dominicana. Los graves ataques a la libertad de información se vieron debilitados por una impunidad persistente y una fuerte concentración de los medios de comunicación, causa, para el Colegio Dominicano de Periodistas, de la inseguridad laboral y autocensura.
 
El 13 de abril, al norte de la capital, Santo Domingo, encontraron muerto al periodista Blas Olivo, director de prensa de la Junta Agroempresarial Dominicana (JAD). Desde entonces, la investigación avanza lentamente. El 18 de mayo, los familiares, amigos y colegas del periodista organizaron una manifestación para exigir que se resolviera el caso. El jefe de la policía nacional aseguró que no tardarían en detener a los principales sospechosos. El 3 de junio, la policía anunció que el periodista había sido asesinado por miembros del grupo “Latin King”, por órdenes de José Miguel Rodríguez Almonte, quien se encontraba encarcelado y a quien se le atribuían más de cien homicidios. El 12 de junio, Rodríguez Almonte fue asesinado en un supuesto forcejeo con policías en su celda. Éste era un testigo clave para confirmar la hipótesis formulada y seguir la pista de los autores intelectuales del crimen.
 
RSF registró dos agresiones a periodistas mientras realizaban su trabajo en 2015, cometidas por las Fuerzas del Orden y del Ejército. El 27 de marzo, Fausto García fue agredido por miembros de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), cuando intentaba filmar una maniobra de este organismo en Navarrete (Santiago). El 14 de enero, el cámara Eduard González, de Telefuturo Canal 23, fue atacado por miembros del Ejército, en la zona de Trianitos, cuando filmaba los incidentes frente a una oficina de la Comisión Electoral. 
 
Por otra parte, los periodistas Juan Bolívar Díaz, Huchi Lora, Amelia Deschamps y Roberto Cavada denunciaron, el 2 de febrero, que existía una “campaña de odio” contra ellos por haber expresado su apoyo a los haitianos que residen en el país, un tema delicado desde que se adopto, en mayo de 2014, la ley 169/14 sobre la atribución de la nacionalidad dominicana.  
 
En octubre de 2014, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló que esta legislación iba en contra de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Los periodistas presentaron una denuncia por las amenazas y humillaciones públicas que padecieron en enero y febrero, que según ellos, fueron organizadas por miembros del Movimiento Patriótico Independiente.
 
El periodista Salvador Holguín denunció que había recibido amenazas de muerte y que existía una campaña en las redes sociales para desacreditarlo. Estas presiones comenzaron después de difundir por televisión una entrevista con el exnarcotraficante y excapitán del Ejército, Quirino Paulino Castillo, quien afirmó que había prestado 200 millones de pesos al expresidente Leonel Fernández. El Colegio Dominicano de Periodistas reveló, en abril, que el canal TeleRadioAmerica Canal 45 había prohibido al periodista difundir la grabación de esta entrevista en su programa. 
 
Los actos de violencia contra periodistas son aún más preocupantes debido a la impunidad en que permanecen estos crímenes y amenazas. No obstante, RSF constató que los órganos judiciales han tomado fuertes posiciones a favor de los informadores. El 18 de febrero, la Corte Suprema rechazó los cargos presentados contra los periodistas Héctor Tineo, Guillermo Tejeda y Héctor Herrera Cabral por difamación e injurias; y el 9 de abril, un tribunal dominicano invalidó el recurso de amparo constitucional –que permite a todo individuo reclamar el respeto de sus derechos constitucionales cuando se consideran violados– de un alto funcionario contra un periodista de televisión. Un recurso considerado abusivo, ya que permite obtener el derecho de réplica tras las críticas del periodista.
 
Sin embargo, los periodistas siguen corriendo el riesgo de enfrentar penas de prisión y elevadas multas si son condenados por delitos de prensa. La despenalización se realiza poco a poco desde hace algunos años, pero aún es incompleta. No obstante, la protección de las fuentes está garantizada después de la reforma constitucional de 2009.