Marruecos

31.12.2016 00:00

 

Puesto 131

de 180 países, en la CLASIFICACIÓN MUNDIAL 2016 de la Libertad de Prensa

 

 

Superficie: 446.550 km2

Población: 34.377.511 habitantes

Jefe del Estado: Mohamed VI

Presidente del Gobierno: Abdellah Benkirane

 

 

 

 

BARÓMETRO 2016

  • 0 Periodistas asesinados
  • 0 Internautas y periodistas ciudadanos asesinados
  • 0 Colaboradores asesinados
  • 1 Periodista encarcelado
  • 0 Internautas y periodistas ciudadanos encarcelados
  • 0 Colaboradores encarcelados

 

 

 

El deterioro de la libertad de prensa en Marruecos es lento pero constante. Las autoridades del reino cada vez ejercen mayor presión sobre los medios de comunicación para disuadirlos de tratar temas delicados como la monarquía, el islam y el Sáhara Occidental, considerados como las líneas rojas para la libertad de información y expresión en este país. Los informadores se enfrentan a la censura, la vigilancia y las intimidaciones. Además, corren el riesgo de tener que pagar elevadas multas o ser encarcelados. La prensa extranjera también enfrenta dificultades y cada vez son más frecuentes las expulsiones de periodistas extranjeros, ordenadas por las autoridades marroquíes.

 

Uno de los ejemplos más emblemáticos sobre la delicada situación de la libertad de prensa en Marruecos es el de Ali Anouzla, cuyo proceso judicial, iniciado hace más de tres años, se ha ido alargando deliberadamente durante todo este tiempo. El editor de la web de noticias Lakome2 fue detenido, en septiembre de 2013, por publicar un artículo con un link a una noticia del diario español El País que contenía un vídeo de Al Qaeda en el Magreb Islámico. En virtud de la legislación antiterrorista marroquí, de mayo de 2003, fue denunciado por haber prestado “material de apoyo” a un grupo terrorista, “defender el terrorismo”, e “incitar a cometer actos terroristas”. Pasó cinco semanas en prisión preventiva antes de ser puesto en libertad bajo fianza, el 25 de octubre, y su página web Lakome, antecesora de Lakome2, fue bloqueada por las autoridades. Desde entonces, el periodista ha sido citado por varios jueces de investigación, que le acusan de los mismos cargos de terrorismo, pero las audiencias siempre han sido pospuestas.

A estos graves cargos, que podrían suponer entre 10 y 30 años de prisión, se sumó, a principios del pasado año, la acusación de “socavar la integridad territorial del Reino” por un simple error de traducción. En lugar de "Sáhara", término utilizado por Anouzla en una entrevista con el diario alemán Bild, en noviembre de 2015, el periódico escribió "Sáhara Occidental ocupado". Ni las aclaraciones del periodista a la justicia ni la rectificación que Bild publicó sirvieron para que Anouzla no tuviera que comparecer, en febrero, ante el tribunal de primera instancia de Rabat. Tras tres meses de incertidumbre, finalmente el periodista fue absuelto.

 

Por otro lado, el 26 de enero, comenzó el proceso judicial contra siete activistas, entre ellos cinco periodistas, acusados de “poner en peligro la seguridad y la integridad del Estado” y recibir “financiación extranjera ilegal” por organizar un programa de formación sobre periodismo ciudadano y el uso de teléfonos inteligentes. Los acusados – Maati Monjib, Sasmad Ayach, Maria Moukrim, Rachid Tarik y Hicham El Mansouri – eran periodistas o colaboradores habituales en medios marroquíes como Lakome2 o Zamane y miembros de la Asociación Marroquí de Periodismo de Investigación (AMJI). También fueron acusados Hicham Khreibchi, exdirector de la Asociación de derechos digitales (ADN), y Mohamed Essabeur, director de la Asociación para la Educación y Juventud de Marruecos (AMEJ). En algunos de los casos, los cargos podrían conllevar hasta cinco años de prisión.

 

En junio, Hamid El Mahdaouy, periodista y director de badil.info, fue condenado a cuatro meses de prisión y una elevada multa tras una denuncia por difamación interpuesta por el ministro de Justicia, Mustapha Remid, relacionada con la publicación de un artículo, a principios de 2016, que acusaba al político de cobrar tarifas a precios inferiores de manera arbitraria. No era la primera vez que El Mahdaouy sufría las consecuencias de informar sobre temas delicados para el reino. En julio de 2015, el periodista ya fue condenado a cuatro meses de cárcel por la publicación de artículos sobre la muerte de Karim Lachkar, en mayo de 2014, en una comisaría de Alhucemas. El periódico Badil acusó entonces a la policía de tortura y la Dirección General de la Seguridad marroquí decidió presentar una denuncia y presentarse como parte de la acusación.

 

La prensa extranjera también se enfrenta a serias dificultades a la hora de informar sobre temas sensibles. El 3 de abril, Martin Weill y Pierre Le Beaus, periodistas del programa informativo ‘Petit Journal’, de Canal +, fueron detenidos en la ciudad de Beni Mallal, en el centro del país, donde se encontraban investigando las informaciones sobre un ataque homófobo a una pareja homosexual. Tras ser interrogados por la policía, fueron obligados a regresar a París en un vuelo que salió ese mismo día desde el aeropuerto de Casablanca.

 

También fueron expulsados de Marruecos, a finales de septiembre, los reconocidos periodistas de investigación italianos Luigi Pelazza y Mauro Pilay. Los informadores del programa de televisión ‘Le Lene’ fueron detenidos por una decena de policías vestidos de civil en Marrakech y acusados de carecer de los permisos necesarios para investigar una red de prostitución infantil en la ciudad. Después de confiscarles el material grabado en vídeo, fueron llevados al aeropuerto de Menera y embarcados en un vuelo rumbo a Italia.

 


 

Sáhara Occidental

 

En los territorios del Sáhara Occidental, las autoridades marroquíes, que reclaman el territorio, (pendiente de un referéndum de autodeterminación desde 1991, y en el que se despliega desde entonces la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum en el Sáhara Occidental, (MINURSO),  hicieron la vida imposible a los trabajadores de los medios de comunicación, manteniendo un fuerte control sobre la información en el territorio.

 

La prohibición de la cobertura informativa durante la celebración de protestas es una medida habitual de las autoridades. El 21 de agosto, Nazha Elkhaledi, reportera de RASD-TV, fue detenida mientras cubría una manifestación de mujeres saharauis en Foum El Ouad, un pueblo cerca de El Aaiún.

 

Tampoco se escaparon a la censura los periodistas - ciudadanos. Said Amidan y Brahim Laajail, que colaboraban con Equipe Média Sahara, detenidos en el sur de la ciudad de Guelmim, el 30 de septiembre, y retenidos durante tres días. Acusados de "atacar a un funcionario público", la verdadera razón de su detención podría deberse al hecho de acompañar a varios activistas españoles que se desplazaron al Sáhara Occidental para investigar la situación humanitaria. Los cargos se castigan con hasta un año de prisión y una multa de 5.000 dirhams (460 euros). Comparecieron en el juzgado de Guelmim el 1 de noviembre, y su juicio se aplazó hasta enero de 2017.

 

Uno de los últimos casos de infracciones contra la libertad de prensa ha sido la expulsión de la periodista independiente francesa Camille Lavoix, el 23 de octubre, de la ciudad saharaui de Dajla, desde donde había estado informando para la revista M le magazine, publicada por Le Monde. Mientras estaba detenida, se suspendieron sus cuentas de email y sus tarjetas SIM.