Marruecos

31.12.2015 00:00

 

Puesto 130

de 180 países, en la CLASIFICACIÓN MUNDIAL 2015 de la Libertad de Prensa

 

 

Superficie: 446.550 km2

Población: 33.920.000 habitantes

Jefe del Estado: Mohamed VI

Presidente del Gobierno: Abdelilah Benkirane

 

 

 

 

BARÓMETRO 2015

  • 0 Periodistas asesinados
  • 0 Internautas y periodistas ciudadanos asesinados
  • 0 Colaboradores asesinados
  • 1 Periodista encarcelado
  • 0 Internautas y periodistas ciudadanos encarcelados
  • 0 Colaboradores encarcelados

 

 

 
La situación de la libertad de información en Marruecos es preocupante. Desde principios de 2015, se han registrado numerosos casos de periodistas acosados o denunciados por difamación por criticar las políticas gubernamentales o tratar temas sensibles que afectan a oficiales del Estado. Los informadores marroquíes que se han atrevido a criticar temas como el Islam, la monarquía o el Sáhara Occidental, considerados como las líneas rojas para libertad de información y expresión en este país, continúan enfrentándose a posibles multas o largas penas de cárcel. 
 
El año comenzó con la prohibición de la distribución de los diarios y revistas que publicaron la portada de Charlie Hebdo, como Le Monde, Liberation y Marianne, o dibujos del profeta, como el Courrier International, tras la masacre en revista satírica francesa. El Ministro de Comunicación, Mustapha El Khalfi, en declaraciones al Huffington Post de Marruecos, defendió que la publicación de las caricaturas era una “difamación inaceptable y condenable”, y que la “blasfemia no tenía nada que ver con la libertad de expresión”. 
 
Sin dar ninguna explicación, las autoridades marroquíes evitaron la celebración de una conferencia internacional sobre periodismo de investigación, que iba a tener lugar en Rabat, el 22 de enero, a iniciativa  de la Fundación Alemana Friedrich Naumann. El día antes, el Ministerio del Interior dio órdenes al hotel para impedir que se celebrara. Como consecuencia, los organizadores tuvieron que trasladar la conferencia a la sede de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH) y el Ministro de Comunicación canceló su participación.
 
También en enero, un equipo de France 24 se vio obligado a dejar de grabar el programa “Hadith Al Awassim” (Debate en las Capitales) en un auditorio que habían alquilado, en Rabat. Un funcionario del Ministerio del Interior, acompañado por miembros de las fuerzas de seguridad, irrumpió en la sala y ordenó a los periodistas cortar la grabación del programa, titulado “¿Podemos reírnos de todo?”. Todas las grabaciones fueron confiscadas y los periodistas expulsados a Francia, un día después.
 
No es el único caso en el que periodistas franceses son deportados mientras se encuentran ejerciendo su trabajo en Marruecos. El 16 de febrero, la policía detuvo a Jean-Louis Perez y Pierre Chautard, en la sede de la Asociación de Marruecos de Derechos Humanos, por “grabar sin permiso”. Los periodistas habían viajado al país para grabar un documental para la televisión France 3 sobre la situación económica y social en el país cuatro años después de la Primavera Árabe. La policía confiscó las grabaciones y otros materiales, y los reporteros fueron expulsados del país.
 
La publicación del informe “Sus ojos sobre mí: vigilancia en Marruecos”, de Privacy International y su socio marroquí, la Asociación de Derechos Digitales, sobre los métodos de vigilancia online utilizados por las autoridades marroquíes contra periodistas y activistas de la información, desató la ira del Ministerio del Interior, que presentó una denuncia ante el Ministerio Público, el 8 de mayo, contra “las personas que prepararon y distribuyeron un informe que contiene graves acusaciones sobre prácticas de espionaje”. El informe señalaba que el gobierno marroquí había adquirido el sistema de vigilancia “Eagle”, el mismo que Muamar Gadafi utilizaba para espiar a la población libia. Capaz de interceptar correos electrónicos y de seguir la actividad de los periodistas y disidentes en las redes sociales, fue desarrollado e instalado por Amesys, una empresa francesa incluida por RSF en su lista de “Enemigos de Internet”.
 
Entre los testimonios recogidos en el informe está el del periodista Ali Anouzla, quien describe su experiencia frente a los diversos métodos de vigilancia, escuchas telefónicas y “hackeo” de sus cuentas de Facebook. El caso de Anouzla ejemplifica el de aquellos periodistas que se atreven a tratar temas sensibles como la monarquía. En 2013, estuvo detenido cinco semanas acusado de terrorismo, por publicar un enlace a un espacio del diario español El País que contenía un vídeo difundido por Al Qaeda, y su página web Lakome fue cerrada por las autoridades. Sin embargo, tres meses después de la publicación de este informe, en agosto, el periodista lanzó Lakome2, una segunda edición del clausurado medio. 
 
En junio, Ahmed Najim, y su web Goud.ma, fueron condenados a pagar una elevada multa por “difamar e insultar al secretario privado del rey”, tras reproducir un artículo en el que se le acusaba de corrupción. No es la única condena por difamación. Un mes después, Niny Rachid, editor del diario Al-Akhbar, tuvo que pagar una multa tras una denuncia por difamación interpuesta por el Ministro de Transporte. El motivo fue la publicación de dos artículos que acusaban a una empresa privada de usar material inadecuado para la construcción de una carretera. Ambos informadores recurrieron la sentencia. 
 
A finales de junio, Hamid El Mehdaoui, editor de la web independiente Badil.info, fue condenado a una multa y a cuatro meses de prisión suspendida, por publicar noticias falsas “con mala fe” y “alterar al orden público”, tras la publicación de un artículo, en enero, sobre la explosión de un vehículo en la ciudad de Mequinez. La acusación procedía del gobernador de la región, para quien el coche se incendió y explotó sin ninguna causa. Como resultado, el periodista fue multado y su espacio online cerrado, en agosto. 
 
A finales de julio, Ali Lmrabet abandonó la huelga de hambre que había mantenido, durante un mes, frente al Palacio de las Naciones Unidas, en Ginebra, tras darse a conocer que el Ministerio del Interior marroquí iba a renovar su pasaporte. Días antes, el 25 de julio, RSF, junto a otras organizaciones de derechos humanos y personalidades destacadas, habían enviado una carta al rey Mohamed VI en apoyo de Lmrabet. El acoso al conocido periodista comenzó en abril, cuando las autoridades marroquíes le denegaron el certificado de residencia, un trámite necesario para renovar sus documentos y volver a ejercer oficialmente su profesión en Marruecos, una vez expirada la prohibición de ejercer el periodismo durante 10 años. Ex director de las clausuradas publicaciones satíricas Demain y Demain Magazine fue condenado, en 2003, a tres años de cárcel por “insultar al rey” y “poner en riesgo la integridad del Estado”. Lmrabet había anunciado públicamente su intención de reabrir las publicaciones.
 
El 19 de noviembre, comenzó el proceso judicial contra siete activistas, entre ellos cinco periodistas y escritores, acusados de “poner en peligro la seguridad y la integridad del Estado” y recibir “financiación extranjera ilegal”, cargos que, en el alguno de los casos, podrían conllevar hasta cinco años de prisión. Los acusados – Maati Monjib, Sasmad Ayach, Maria Moukrim, Rachid Tarik y Hicham El Mansouri – ejercían el periodismo o eran colaboradores habituales en los medios de comunicación marroquíes. Todos pertenecían a la Asociación Marroquí de Periodismo de Investigación (AMJI). También fueron acusados Hicham Khreibchi (conocido como Hicham Al-Miraat), exdirector de la Asociación de derechos digitales (ADN) y Mohamed Essabeur, director de la Asociación para la Educación y Juventud de Marruecos (AMEJ).
 
Maati Monjib, director de la ONG Freedom Now y de la AMJI, fue acusado tras la publicación de un artículo crítico con el Gobierno en el sitio web Orient XXI, el 30 de marzo, y la organización de unas jornadas de formación para periodistas multimedia. El caso de Sasmad Ayach era similar. Sus artículos para Lakome2, muy críticos con las autoridades, y su participación en el informe sobre los métodos de vigilancia del Gobierno, que publicaron ADN y Privacy International, en mayo, le costaron su enjuiciamiento.
 
El artículo 8 de la ley de asociaciones de 1958, que regula el funcionamiento de las ONG, se utilizó contra Moukrim, redactora jefe de febrayer.com y expresidenta de la AMJI, y Tarik, experiodista de LeMatin y entonces la actual presidenta del organismo. El cargo aparentemente tenía como objetivo frenar las actividades de formación de AMJI, cuyo plan de acción de 2014 incluía capacitación en periodismo de investigación y premios para los mejores reportajes de investigación. Mansouri, que trabajaba para la AMJI, se encontraba en ese momento cumpliendo una sentencia de 10 meses de prisión. El 30 de marzo, fue condenado en un juicio con numerosas irregularidades a esta sentencia de cárcel y una multa de 3.800 euros por “complicidad en adulterio”, bajo los artículos 490 y 491 del código penal marroquíes. El presidente de la asociación, el también acusado Maati Monjib, había calificado la condena de “juicio político” y acusó a las autoridades de utilizarle para atacar a una organización que defiende los derechos humanos.
 
 
Sáhara Occidental
En los territorios ocupados del Sahara Occidental continuaron las presiones y acoso, por parte de las autoridades de Marruecos, a los periodistas que intentar informar independientemente de lo que allí acontece.
 
En la capital, El Aaiun, ocho meses después de su detención, el periodista y bloguero saharaui Mahmud Al-Lhaissan fue puesto en libertad bajo fianza, el 25 de febrero. Sin embargo, continuaba enfrentándose a un juicio por los cargos de participar en una “concentración armada”, “obstrucción de una vía pública”, “atacar a oficiales en el desempeño de sus funciones” y “dañar la propiedad pública”. Lhaissan, que trabajaba para una televisión operada por el Frente Polisario, fue detenido por su cobertura de una manifestación pacífica, el 30 de junio de 2014, en la que se lanzaron consignas políticas a favor de la independencia del Sáhara Occidental, antes de ser dispersada violentamente por la policía. El reportaje de Al-Lhaissan mostrando los excesos de las fuerzas de seguridad se difundió en RASD TV, con base en los campamentos de refugiados de Tinduf.