Irán

31.12.2016 00:00

 

Puesto 169

de 180 países, en la CLASIFICACIÓN MUNDIAL 2016 de la Libertad de Prensa

 

 

Superficie: 1.648.000 km2

Población: 79.109.272 habitantes

Jefe del Estado: [Ayatolá] Seyed Ali Jamenei

Presidente del Gobierno: Hassan Rohani

 

 

 

 

BARÓMETRO 2016

  • 0 Periodistas asesinados
  • 0 Internautas y periodistas ciudadanos asesinados
  • 0 Colaboradores asesinados
  • 12 Periodistas encarcelados
  • 15 Internautas y periodistas ciudadanos encarcelados
  • 0 Colaboradores encarcelados

 

 

 

Las promesas de cambio realizadas por el actual presidente iraní, Hasan Rohani, a su llegada al poder, en junio de 2013, se han traducido en una relativa calma en las relaciones internacionales, pero en lo que respecta a la libertad de información Irán es aún uno de los países más represivos del mundo. Los periodistas continúan siendo detenidos de forma arbitraria, condenados en juicios injustos a largas penas de prisión e incluso castigos bárbaros como los latigazos, así como recluidos en condiciones inhumanas y degradantes.

La ley de medios de comunicación de 1986, enmendada en 2000 y en 2009 para incluir las publicaciones en Internet, permite a las autoridades verificar que los informadores “no atenten contra la República Islámica”, “no ofendan al Guía Supremo” y “no difundan información falsa”, los principales cargos a los que se enfrentan aquellos que critican a las altas esferas del poder.

 

Así, con al menos 12 periodistas profesionales y 15 periodistas - ciudadanos encarcelados, a finales de 2016, Irán es una de las mayores cárceles del mundo para los informadores. La mayoría de ellos, fueron condenados por salas de los Tribunales de la Revolución, creados para juzgar los casos políticos o que afectan a la seguridad nacional. El líder supremo, Ali Jamenei, que figura en la lista de Depredadores de la prensa de RSF, es quien nombra al jefe del sistema judicial, quien junto a los Guardianes de la Revolución  y los agentes del ministerio de Inteligencia, ejercen el acoso y la represión contra cualquier voz disidente.

 

El año comenzó con una nueva oleada represiva contra la libertad de prensa, con detenciones de periodistas, cierre de medios de comunicación e interrogatorios a informadores, a menos de dos meses de la celebración de elecciones parlamentarias. Entre los encarcelados se encontraban los periodistas Meisam Mohammadi, ex director político del diario Kalameh Sabah (cerrado en junio de 2009 por las autoridades) y colaborador de la web de la Fundación Beheshti; y Rihaneh Tabtabai, colaboradora de varios periódicos reformistas, entre ellos los diarios Shargh y Etemad. Ambos periodistas habían sido detenidos y juzgados previamente bajo acusaciones de “propaganda contra el gobierno” y “poner en peligro la seguridad nacional”, entre otros.

 

Las autoridades anunciaron también el cierre del periódico Bahar por supuesta “propaganda antigubernamental” y “cuestionamiento de las bases de la República Islámica”. No era la primera vez que sufría la censura de las autoridades. La publicación ya estuvo cerrada, en noviembre de 2013, por un artículo que fue acusado de “insultar al Islam”.

 

Ese mismo mes, en el marco de un intercambio de prisioneros entre Irán y Estados Unidos, el corresponsal de The Washington Post en Teherán, Jason Rezaian, con nacionalidad de ambos países, era puesto en libertad después de haber pasado más de un año en prisión bajo la ridícula acusación de cometer "actividades que contravienen la seguridad de Irán en colaboración con una organización o un gobierno extranjero" y de "propaganda contra el Gobierno”.

 

También el periodista con doble nacionalidad iraní y británica Bahman Darolshafai fue detenido, el 3 de febrero, por agentes de paisano en su domicilio de Teherán. Ex reportero de la BBC y de varios periódicos reformistas iraníes, pasó 20 días retenido hasta ser puesto en libertad bajo fianza a la espera de juicio.

 

Unos días más tarde, ingresaron en prisión cuatro responsables del digital Narenji, Ali Asghar Honarmand, Hossien Nozari, Ehsan Paknejad y Abass Vahedi. Detenidos a finales de 2013, fueron condenados, en mayo de 2014, a once, siete, cinco y dos años y medio de prisión, respectivamente, por "propaganda contra el régimen", "actividad contra la seguridad nacional" y "cooperación con cadenas establecidas ​​en el extranjero”. Habían sido puestos en libertad a cambio de una fuerte fianza en espera del juicio de apelación, que finalmente confirmó las penas de prisión.

 

Las autoridades iraníes también optaron por el destierro para castigar a los periodistas que salieron de prisión en virtud del artículo 134 del nuevo Código Penal islámico, modificado en 2013, según el cual una persona declarada culpable de más de un delito solamente puede cumplir la pena por el cargo principal. Este fue el caso del periodista e investigador Said Madani. El 15 de marzo, tras cumplir una pena de cuatro años de prisión, fue obligado a viajar a la ciudad sureña de Bandar Abbas para comenzar un periodo de dos años de destierro.

 

A principios de abril, también fueron puestos en libertad Vahid Asghari y Said Razavi Faghih. Asghari, un joven estudiante de tecnologías de la información, fue detenido, en mayo de 2008, y condenado a muerte dos veces por un tribunal revolucionario acusado de "publicar información falsa con el objetivo de alterar la opinión pública” y "actividades que amenazan la seguridad nacional", entre otros. Sin embargo, gracias a la movilización internacional se anuló la sentencia de muerte, en diciembre de 2012, pero fue condenado a 15 años y dos meses de prisión.

Por su parte, Faghih trabajaba para varios periódicos, entre ellos Yass-én, cerrado en 2009. Detenido en febrero de 2014, debería haber sido puesto en libertad tras cumplir su sentencia de un año de prisión, en marzo 2015, pero se le impuso una nueva pena de tres años y medio por los cargos de “propaganda contra el gobierno” e “insultos al líder supremo y a la Asamblea de Expertos”.

 

A principios de mayo, la periodista ciudadana y defensora de los derechos humanos Atena Ferghdani quedó en libertad condicional después de que un tribunal de apelación de Teherán redujese su sentencia inicial de 12 años y nueve meses de prisión a 18 meses. Ferghdani fue detenida, en enero de 2015, cuando respondió a una citación de un tribunal de Teherán por publicar un vídeo en Facebook y YouTube en el que describía sus experiencias en la Sección 2A de la prisión de Evin, controlada por la Guardia Revolucionaria.

 

Ese mismo mes, Afarine Chitsaz, del diario Iran, Ehssan Mazndarani, director del diario Farhikhteghan, y Saman Safarzai, del mensual Andisher Poya, fueron condenados a diez, siete y cinco años de prisión, respectivamente, por los cargos de “propaganda contra el gobierno”, “conspiración contra funcionarios del gobierno”,  “insultos a funcionarios del gobierno” e “insultar al líder supremo”. Los tres fueron detenidos, en noviembre de 2015, junto a Issa Saharkhiz, un reconocido periodista independiente que había dirigido varios periódicos reformistas. Sin embargo, Saharkhiz no fue juzgado hasta el 9 de agosto, debido a su hospitalización tras sufrir un ataque al corazón. Fue condenado a tres años de prisión por  los mismo cargos. 

 

El 13 de junio, se concedió la libertad condicional a cinco internautas detenidos, en septiembre de 2013, por sus actividades en las redes sociales, recluidos en régimen de aislamiento en la prisión de Evin. Sin embargo, Amir Gholestani, Fariborz Kardarfar, Masoud Ghasemkhani, Seyyed Masoud Seyyed Amin Talebi y Amin (Faride) Akramipour siguieron condenados a cinco años de prisión suspendida.

 

Dos días más tarde, el diario digital Jahannews, cercano a los conservadores, fue suspendido en virtud del Código de Prensa que prohíbe la “difusión de rumores e información falsa y mal uso de los contenidos de los escritos de terceros”, aunque no se especificaron los artículos ofensivos. La orden de suspensión fue dictada por la Comisión de Autorización y Seguimiento de la Prensa, el brazo de censura del ministerio de Cultura y Orientación Islámica.

 

También fue suspendido, el 20 de junio, el diario reformista Ghanoon, tras una denuncia presentada por la Guardia Revolucionaria por "difamación y publicación de información falsa para perturbar a la opinión pública”. En su decisión, el fiscal no especificó el objeto de la queja, pero el diario reformista publicaba regularmente artículos muy críticos hacia los sectores más conservadores.

 

Ese mismo mes, Ali Akbar Yavanfekr, director del progubernamental Iran Media Group y asesor del ex presidente iraní Mahmud Ahmadinejad durante su mandato, fue sentenciado a 91 días de cárcel junto a tres ex periodistas del mismo grupo, Abdolreza Soltani, Said Yousefipour y Hassan Ghassemi. Los cuatro fueron condenados por una rueda de prensa de Yavanfekr, organizada en diciembre de 2011, para protestar contra la sentencia que le habían impuesto de un año de prisión, así como la prohibición de trabajar como periodista durante otros tres.

 

Por otro lado, un año más, las autoridades iraníes recurrieron a penas bárbaras para tratar de silenciar las críticas. En julio, un tribunal de apelación condenó al periodista y bloguero iraní Mohammad Reza Fathi a 459 latigazos: 77 en tres sesiones por los cargos de “difamación” y 76 en otras tres sesiones por “publicar falsas noticias”, aunque tendrá que cumplir “únicamente” la condena por el cargo más grave, según especifica el Código Penal. El periodista fue detenido, en agosto de 2012,  tras publicar en su blog de forma anónima varios artículos críticos con el Gobierno municipal.

 

En septiembre, y coincidiendo con la puesta en marcha de la “Red Nacional de Información”, también conocida como “Halal Internet”, dos agencias de noticias y varias webs de información fueron cerradas, mientras el Centro para la Vigilancia del Crimen Organizado informaba de la detención de un centenar de usuarios de Internet. Las agencias de prensa Mojnews y Bornanews, así como las webs de información Puyesh y Sobh, fueron bloqueadas tras la publicación de varios documentos sobre la venta de apartamentos y tierras a miembros del consejo municipal, así como otros artículos que denunciaban la inconsistencia del sistema judicial en la lucha contra la corrupción. Memarinews.com, la primera web que publicó los documentos, había sido bloqueada a finales de agosto.

 

Aunque las autoridades iraníes han defendido esta nueva red como una forma de protección de ataques informáticos, información sensible del país, datos personales de los usuarios, así como la “moral” de la sociedad, esta red supone la creación de una gran intranet, desconectada de la red global en la que los contenidos están controlados y todos los usuarios identificados.

 

Por otro lado, Adnan Hassan, el periodista que más tiempo ha pasado encarcelado en Irán, fue por fin puesto en libertad, el 10 de septiembre, tras pasar casi diez años en prisión. Ardiente defensor de la causa kurda, fue detenido, en enero de 2007, después de que las autoridades cerrasen el semanario local para el que trabajaba, Asou. Aunque previamente había sido sentenciado a muerte, la presión internacional consiguió revocar la pena, aunque fue condenado a 15 años de prisión.

 

El 23 de septiembre, el periodista Souroush Farhadian, colaborador de varios periódicos reformistas y director de la publicación bimensual Ro Ro Beh, fue condenado a siete meses de prisión por "propaganda contra el gobierno" y "actividades que amenazan la seguridad nacional”. Su sentencia está relacionada con varios artículos que publicó denunciando la ilegalidad de la detención de Mir Hossein Mousavi, ex primer ministro y propietario del periódico, ahora cerrado, Kalameh Sabaz; Zahra Rahnavard, escritora y esposa de Mousavi; y de Mehdi Karoubi, propietario del diario Etemad Melli, también cerrado.

 

Uno de los casos más emblemáticos de las injustas prácticas judiciales iraníes es el de la periodista Narges Mohammadi, portavoz del Centro para la Defensa de los Derechos Humanos. A finales de septiembre, un tribunal de apelación confirmó la sentencia combinada de 16 años de cárcel que un tribunal de Teherán le impuso, tras la celebración de un juicio plagado de irregularidades, en abril. La periodista fue detenida y encarcelada, en mayo de 2015, bajo las acusaciones de llevar a cabo “actividades contra la seguridad nacional” y “propaganda contra el régimen”. Mohammadi tiene un largo historial de acoso judicial, ya que ha sido detenida, condenada, hospitalizada y puesta en libertad en numerosas ocasiones desde 2010.

 

El acoso de activistas y periodistas que defienden los derechos de las mujeres siguió siendo una práctica habitual en Irán. La reportera gráfica Alieh Motalebzadeh fue detenida, el 26 de noviembre, tras ser convocada e interrogada varias veces por el ministerio de Inteligencia.

 

Un día después, el tribunal especial iraní para los clérigos condenó al periodista Ahmad Montazeri a 21 años de cárcel: diez años por “poner en peligro la seguridad del Estado”, otros diez años por publicar una "grabación de audio clasificada" y a un año más por "propaganda contra el gobierno”. El periodista, que gestionaba la página web de su padre, el difunto ayatolá Hossein Alí Montazeri, había publicado en Internet una grabación sobre la oleada de condenas a muerte de presos políticos en los años 80, uno de los episodios más oscuros de la historia de Irán y tema tabú en el país. Su juicio se celebró a puerta cerrada y sin abogado defensor.

 

También a finales de noviembre, el director de documentales Kaivan Karim fue detenido para comenzar a cumplir una sentencia de un año de prisión y 223 latigazos, dictada en marzo de 2016 por un tribunal de apelación. Karim fue detenido, en diciembre de 2013, acusado de “insultar al islam” y “relaciones inmorales”, por saludar a una mujer con un beso y un apretón de manos.

 

Ya en diciembre, la joven fotógrafa freelance Rahil Moussavi fue detenida en la ciudad sureña de Khorramshahr tras cubrir una reunión de ambientalistas preocupados por la contaminación del río Karun.

 

El año finalizó con una nueva oleada de detenciones. Tahereh Riahai, redactora de Borna News, fue detenida en su domicilio de Teherán por agentes de los servicios de inteligencia de la Guardia Revolucionaria, quienes no explicaron las causas de su detención. Davood Dashtbani, director del mensual Vatanyoli, desapareció, el 26 de diciembre, y pudo hacer una breve llamada a su esposa al día siguiente para hacerle saber que lo habían detenido. A Arash Ghaleh Golab, colaborador de varios medios de comunicación de la provincia de Khuzestan, lo detuvieron, unos días antes, acusado por un tribunal revolucionario de Abadán de “colaborar con un periodista en el extranjero”.

 

Por último, también en Abadán, fueron detenidos el periodista Hassain Moussavi y el poeta Raouf Delfi, sin que trascendiera el lugar a donde fueron llevados y sin que sus familias fuesen informadas. Tanto Moussavi como Delfi habían criticado recientemente el clima de inseguridad en Abadán y que la policía hubiera impedido la celebración de una ceremonia en Teherán, el 2 de diciembre, para conmemorar los asesinatos, en el otoño de 1998, de muchos intelectuales y periodistas que defendían la libertad de expresión.