INFORME ANUAL 2016 | ORIENTE MEDIO Y MAGREB

31.12.2016 00:00

 

Introducción:

La violencia de grupos extremistas y la impunidad continúan azotando a los periodistas

 

Un año más, la violencia extrema de las guerras en Siria, Irak, Yemen y Libia ha dejado un balance desolador para la libertad de información en la región: periodistas asesinados en el ejercicio de sus funciones, utilizados como rehenes por organizaciones terroristas y grupos de la oposición, así como encarcelados por el mero hecho de informar. En el resto de países de Oriente Medio y Magreb, la situación tampoco es esperanzadora: detenciones arbitrarias, juicios injustos, sentencias a largas penas de prisión, así como crueles castigos como los latigazos, son solo algunos de los mecanismos de represión y hostigamiento que las autoridades siguen ejerciendo contra la prensa.

 

Así, en 2016, las guerras en la región se cobraron la vida de al menos 35 periodistas, tanto profesionales como ciudadanos, del total de 75 que se registraron en todo el mundo: 19 en Siria, ocho en Irak, cinco en Yemen y tres en Libia. Cuatro países que se han convertido en auténticos agujeros negros de la información, en los que reina la impunidad.

 

Por otro lado, preocupa especialmente el aumento del número de secuestros en las zonas en conflicto. A finales de año, 52 profesionales de la información estaban en manos de grupos extremistas, principalmente el Estado Islámico, Al-Nusra y los rebeldes hutíes. 26 periodistas, la mitad del total de rehenes, estaban capturados en Siria, 16 en Yemen y 10 en Irak.

 

Los extremistas no solo se han servido de los informadores secuestrados para obtener rescates, ejercer presión y sembrar el terror en las ciudades que controlan, sino que también los han utilizado como un elemento más de la propaganda de los radicales. Este es el caso de John Cantlie, antiguo reportero del Sunday Times, secuestrado, en noviembre de 2012, y utilizado desde entonces en un sinfín de vídeos propagandísticos que el Estado Islámico ha difundido a través de su red de medios de comunicación. En uno de ellos, publicado el pasado mes de julio, Cantlie aparecía por las calles de Mosul, visiblemente deteriorado, comentando la destrucción de la ciudad y entrevistando a sus residentes.

 

En el resto de países de Oriente Medio, la situación de la libertad de información, pese a que no se encuentra sometida a este tipo de violencia extrema, es muy preocupante. Egipto e Irán, con al menos 27 informadores privados de su libertad cada uno, continúan siendo dos de las mayores cárceles para periodistas del mundo, solo superados ahora por Turquía y China, con más de un centenar,  y Siria, donde el régimen de Bashar Al Asad tiene a 28 informadores en prisión, la mayoría detenidos, entre 2011 y 2013, y condenados por tribunales militares.

 

En el caso de Egipto, desde que el general Abdel Fatah Al Sisi llegó al poder, en junio de 2014, el deterioro de la libertad de información es constante. En virtud de falsos cargos con poca relación con delitos de prensa, como “pertenencia a organización terrorista”, “participación en manifestación ilegal”, “difusión de noticias falsas” o “alteración del orden público”, los periodistas críticos con el Gobierno son detenidos y condenados en juicios injustos, en los que pueden ser sentenciados a cadena perpetua e incluso pena de muerte.

 

Por su parte, en Irán, las promesas de cambio que realizó el presidente Hasan Rohaní cuando llegó al poder, en junio de 2013, nunca se llevaron a cabo. Las autoridades siguieron aplicando su política de represión y censura contra los medios de comunicación y los periodistas, quienes continúan siendo detenidos de forma arbitraria, condenados en juicios injustos a largas penas de prisión e incluso castigos bárbaros como los latigazos, acusados de “atentar contra la República Islámica”, “ofender al Guía Supremo” o “difundir información falsa”. 

 

En Israel, a pesar de que existen medios de comunicación libres e independientes, los periodistas continúan sufriendo la censura y las órdenes que imponen las fuerzas de seguridad israelíes, especialmente si son palestinos o extranjeros. Además, los informadores sufren constantemente las consecuencias de la denominada “detención administrativa”, que permite a las autoridades ordenar la detención de un sospechoso sin la autorización de un juez si supone una presunta amenaza para la seguridad del país.

 

Si nos movemos a los Territorios Palestinos, los periodistas se han convertido en las víctimas de las tensiones entre Al Fatah y Hamás, tanto en la Franja de Gaza como en Cisjordania, además de tener que soportar el constante hostigamiento por parte de las Fuerzas de Defensa Israelíes.

 

Por su parte, en Jordania, el control sobre los medios de comunicación es absoluto desde la revisión de la ley de prensa y publicaciones, en 2012. Además, como en el resto de países de la región, la reforma de la ley antiterrorista, en 2014, para luchar contra las amenazas yihadistas, ha supuesto un deterioro de la libertad de información. También en este país, hay que lamentar la muerte del escritor y columnista Nahed Hattar, asesinado por un extremista a las puertas de un tribunal de Amán por sus críticas al islam.

 

En cuanto a los países del Golfo, la libertad de prensa comienza a ser una utopía para los periodistas, muchos de los cuales ya han optado por la autocensura. Así, en Arabia Saudí, las autoridades continuaron utilizando la ley de delitos informáticos y la ley antiterrorista para silenciar cualquier voz crítica con el reino. El célebre bloguero Raif Badawi, condenado en 2015 a diez años de cárcel y 1.000 latigazos, volvió a ser noticia, en junio, cuando inició una huelga de hambre en protesta por habérsele denegado atención médica.

 

En el vecino Bahréin, las autoridades reprimen duramente cualquier voz crítica desde el inicio de las manifestaciones contra el Gobierno, en 2011. Bajo los cargos falsos de “reunión ilegal”, “ataque al Estado” y “terrorismo”, por el mero hecho de cubrir protestas, los periodistas, especialmente los reporteros gráficos y cámaras, son detenidos y condenados a largas y abusivas penas de prisión.

 

En el pequeño emirato de Catar, el silencio reina tras años de censura y represión por parte de las autoridades. Los pocos periodistas que se atreven a criticar al Gobierno se enfrentan a todo un arsenal jurídico, y especialmente la ley de crimen cibernético, aprobada en 2014, y que considera como delito la publicación de cualquier “noticia falsa” en Internet o cualquier contenido susceptible de socavar los “valores sociales”.

 

Mientras, en el resto de países del Magreb, a excepción de Túnez, el deterioro de la libertad de información es lento pero constante. En Marruecos, la monarquía, el islam o el Sáhara Occidental continúan siendo las líneas rojas para los periodistas, quienes se enfrentan diariamente a la censura, la vigilancia y las intimidaciones. Además, corren el riesgo de tener que pagar elevadas multas o ser encarcelados. Ni siquiera la prensa extranjera logra esquivar el control de las autoridades, y cada vez son más frecuentes las deportaciones.

 

En Argelia, destaca el proyecto de reforma constitucional, aprobado a principios de 2016, y que reconoce la libertad de prensa. Sin embargo, a pesar de que anula las penas privativas de libertad contra los periodistas, establece sus límites en el resto de derechos. Por tanto, los periodistas argelinos siguen sometiéndose a la aplicación abusiva del Código Penal, que se utiliza sistemáticamente para detener arbitrariamente a cualquier voz crítica con el Gobierno.

 

Por último, en Túnez, a pesar de que se han llevado a cabo avances destacables con una Constitución que consagra la libertad de información y de expresión, los periodistas siguen sufriendo el acoso de las autoridades. Así, aunque ya no hay detenciones arbitrarias o periodistas encarcelados en el país, las acusaciones por “difamación” o “apología del terrorismo” siguen utilizándose contra los informadores que critican al Gobierno, si bien en ningún caso fueron motivo del inicio de un proceso judicial.