INFORME ANUAL 2016 | AMÉRICA

31.12.2016 00:00

 

Introducción:

31 periodistas asesinados: balance catastrófico en América Latina

 

Treinta y un casos de periodistas asesinados en América Latina, en 2016, son un saldo lo suficientemente fuerte para hablar de un balance catastrófico en la situación de la libertad de información en el continente americano. Un balance que se explica por la falta de mecanismos de protección o por las deficiencias de éstos, pero sobre todo, por el alarmante grado de violencia, corrupción e impunidad en la mayoría de los países de la zona, que se ha convertido en una de las más peligrosas del mundo para el ejercicio de la profesión periodística. Como en 2015, México sigue estando a la cabeza de la lista negra, con 13 asesinatos. Le siguen Guatemala (8), Brasil (4), Honduras (3) y Venezuela, Perú y El Salvador con un asesinato cada uno.

 

Ninguno de estos países se encuentra oficialmente en guerra. No obstante, padecen una fuerte violencia estructural, relacionada, en parte, con la omnipresencia de grupos armados, como los cárteles en México o las pandillas de Maras en América Central. En la mayoría de los casos registrados aún se desconoce con exactitud cuál fue el móvil del crimen. A menudo las investigaciones judiciales –cuando se abren– se estancan o se ven obstaculizadas por autoridades corruptas.

 

El contexto en el que ocurren estos asesinatos suele ser muy similar: se trata de regiones alejadas de las grandes ciudades y de informadores –a menudo locutores de radio o corresponsales locales– que cubren temas locales judiciales, sociales o relacionados con el crimen organizado y la corrupción, que son asesinados por sicarios en la calle, cerca de su domicilio o de su trabajo. En ocasiones las víctimas habían denunciado haber recibido amenazas.

 

Cuando se cierne la duda, las autoridades policiales y judiciales descartan lo más rápidamente posible que el móvil del crimen esté relacionado con la profesión de la víctima, ponen en tela de juicio la calidad de su trabajo periodístico e incluso pueden decir que existían nexos entre la víctima y grupos criminales locales.

 

Esta oleada de violencia en el continente, particularmente en México y América Central, ha hecho que esta región se encuentre entre las más peligrosas del mundo para ejercer la profesión periodística. Si a esto se suman las innumerables agresiones, los secuestros, las desapariciones forzadas, las amenazas y los casos de hostigamiento judicial, podrá constatarse el clima de terror que viven los periodistas y en el que, evidentemente, estos no tienen cabida, como afirma el responsable de Reporteros Sin Fronteras para América Latina, Emmanuel Colombié. Ante este sombrío balance, es muy importante que los dirigentes de la zona tomen consciencia de su responsabilidad y hagan su mayor esfuerzo para parar esta espiral mortífera.

 

La Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA), afirma: "El asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”. Sin embargo, algunos Estados de la OEA parecen haber olvidado estos principios, ya que no consideran la protección de periodistas una prioridad. Sólo Colombia y México han puesto en marcha mecanismos de protección, aunque en este último país con escaso éxito. Estos dispositivos, si bien tienen el mérito de haber sido creados, no logran cumplir su función principal y carecen de recursos financieros, humanos, así como de independencia frente al poder político. En Guatemala, bajo la fuerte presión de organizaciones de la sociedad civil y de asociaciones de periodistas, se está elaborando un mecanismo. En Honduras, frente a la impunidad casi total de los crímenes cometidos contra periodistas, Reporteros Sin Fronteras insta a la creación de un organismo independiente de investigación, competente, con personal bien capacitado y cualificado, que pueda identificar claramente si existe una relación entre el asesinato de los periodistas y su actividad profesional, y darla a conocer públicamente.