Honduras

31.12.2015 00:00

 

Puesto 132

de 180 países, en la CLASIFICACIÓN MUNDIAL 2015 de la Libertad de Prensa

 

 

Superficie: 112.090 km2

Población: 8.098.000 habitantes

Jefe del Estado y de Gobierno: Juan Orlando Hernández

 

 

 

 

BARÓMETRO 2015

  • 0 Periodistas asesinados
  • 0 Internautas y periodistas ciudadanos asesinados
  • 1 Colaborador asesinado
  • 0 Periodistas encarcelados
  • 0 Internautas y periodistas ciudadanos encarcelados
  • 0 Colaboradores encarcelados

 

 

 

Cinco años después del golpe de Estado del 28 de junio de 2009, la situación de la libertad de información siguió degradándose para los periodistas. Entre febrero y julio, cuatro profesionales perdieron la vida en una nación donde la impunidad es la regla. Según el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), de los 51 asesinatos de periodistas que la organización ha registrado desde 2003 en el país, el 96% sigue impune. Además, Julio Ernesto Alvarado,  presentador de un programa en Globo TV,  fue privado del derecho a ejercer como periodista. Es la primera vez que en Honduras se prohíbe de manera oficial a un informador ejercer su profesión.
 
El 25 de junio, Jacobo Montoya Ramírez, periodista de radio y televisión en Copán (Ruinas), fue asesinado por sicarios. Según los testigos, los homicidas llegaron a su casa, dispararon al periodista primero desde la puerta y luego lo persiguieron hasta dentro de la viviendapara matarlo. Su madre presenció el crimen. Dos días antes, encontraron asesinado, por arma blanca, en su casa, a Juan Carlos Cruz Andara, periodista del canal Teleport, en Puerto Cortés. La víctima también realizaba actividades para promover el turismo en su ciudad y era conocido como activista de la comunidad LGBTI (lésbica, gay, bisexual, transgénero e intersexual).
 
El 3 de julio sicarios asesinaron a Joel Aquiles Torres, propietario del Canal 67 y accionista de una compañía de televisión por cable en Taulabé (Comayagua), cuando conducía su automóvil. Según la policía, su vehículo recibió al menos 29 impactos de bala. 
 
La impunidad de estos crímenes es aún más preocupante dada la hostilidad de las autoridades frente a los medios de comunicación. Lejos de garantizar la seguridad física de los periodistas, éstas intentan minimizar la gravedad de la situación, sobre todo negando que los crímenes estén relacionados con la profesión de las víctimas. Tras el asesinato de Erick Arriaga, operador de Radio Globo, ocurrido el 23 de febrero, las autoridades sugirieron que la víctima estaba vinculada con bandas criminales.
 
Por si fuera poco, el hostigamiento gubernamental a periodistas críticos con la política oficial, con amenazas y retirada de acreditaciones para cubrir actos de interés general se ha convertido en un auténtico problema.
 
El jefe de la seguridad del presidente del parlamento, Mauricio Oliva, amenazó, el 26 de enero, al periodista César Silva diciéndole que terminaría "lanzado en una zanja"; éste también sufrió las intimidaciones de un miembro de la Guardia de Honor Presidencial de las Fuerzas Armadas. El mismo mes, Marvin Ponce, asesor del Presidente de la República,  insultó y golpeó en la cara al periodista David Romero Ellner en la cabina de Radio Globo, tras haberlo amenazado de muerte por teléfono. La víspera, el periodista había sido seguido por el director de la policía, Héctor Iván Mejía Velásquez. A Romero Ellner, y a su colega Rony Martínez, se les negó el acceso a una reunión de los presidentes de Honduras, Salvador y Guatemala, el 26 de febrero. Y los periodistas César Silva, y la corresponsal de Reporteros Sin Fronteras, Dina Meza, entre otros, han sido declarados personas non gratas. 
 
Por otra parte, las radios comunitarias, como Radio Coco Dulce y La Voz de Zacate Grande, siguen siendo muy vulnerables a los ataques gubernamentales, teniendo en cuenta la legislación de radiodifusión y telecomunicaciones en vigor. El 22 de enero, la policía intentó allanar la radio comunitaria La Voz de Puca, en La Asomada (Lempira). 
 
El director de Radio Globo, David Romero, denunció, el 14 de mayo, que había recibido amenazas de muerte tras informar sobre un escándalo de malversación de fondos en el que estaría implicado el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. RSF denunció estas presiones y pidió al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras (Conadeh) que garantice la seguridad de los colaboradores de Radio Globo. Romero afirmó, en un programa en directo, que tenía en sus manos un vídeo que mostraba una reunión del presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, cuando era presidente del Congreso, con gerentes y dueños de 30 empresas falsas creadas para desviar fondos del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS). Radio Globo ya había denunciado otro escándalo del IHSS. Romero señaló que había recibido amenazas de muerte. Desde 2011, cinco de sus colaboradores han sido asesinados. 
 
Con ocasión del Día del Periodista en Honduras, el 25 de mayo, RSF publicó un informe sobre Radio Globo, uno de los medios de comunicación independientes más escuchados del país. En él se denunciaba las presiones que padece dicha emisora, en el punto de mira de las autoridades hondureñas desde el golpe de Estado de 2009. El informe también muestra la política represiva del Estado hondureño contra los medios de comunicación independientes.
 
A la violencia física se suma el hostigamiento judicial que padecen algunos periodistas. RSF ha expresado en repetidas ocasiones su rechazo a las sanciones legales impuesta a Julio Ernesto Alvarado, a quien, tras un largo proceso se le prohibió ejercer, durante 16 meses, cualquier actividad relacionada con la difusión de información. Esta decisión fue confirmada por la Corte de Apelaciones, en diciembre de 2014, pese a que semanas antes la CIDH había otorgado medidas cautelares al periodista. Es la primera vez que la CIDH solicita suspender una sentencia que prohíbe ejercer su profesión a un periodista, lo que constituye un fuerte mensaje para los gobiernos de la región.
 
Desde 2013 Alvarado es juzgado por difamación debido a una denuncia presentada por Belinda Flores Mendoza, decana de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Ésta le reclama haber difundido, en 2006, en su programa "Mi Nación", de Globo TV, información sobre los cargos presentados por la Corte Suprema de Justicia contra ella (por la falsificación de títulos universitarios). 
 
El 8 de mayo, el gobierno presentó la Ley de Secretos Oficiales y Desclasificación de la Información Pública - aprobada por el Congreso Nacional el 13 de enero de 2014-, como un supuesto avance en la libertad de expresión.  El objetivo de la ley fue denunciado por RSF como un obstáculo más para la libertad de información en el país, ya que adjudica al Gobierno la facultad de determinar, justificar y clasificar datos de interés público  -los funcionarios podrán imponer el secreto de información de interés público-.
 
A esto se suma la situación de monopolio que ejercen los grandes grupos de medios de comunicación, y la práctica conocida como “la prensa tarifada”, que significa que  cualquiera que tenga los recursos necesarios puede “pagarse un periodista” para difundir información que sirva a sus intereses personales, lo que limita gravemente la difusión de información independiente y crítica.