Francia

31.12.2015 00:00

 

Puesto 38

de 180 países, en la CLASIFICACIÓN MUNDIAL 2015 de la Libertad de Prensa

 

 

Superficie: 545.630 km2

Población: 66.030.000 habitantes

Jefe del Estado: François Hollande

Presidente del Gobierno: Manuel Valls

 

 

 

 

BARÓMETRO 2015

  • 8 Periodistas asesinados
  • 0 Internautas y periodistas ciudadanos asesinados
  • 0 Colaboradores asesinados
  • 0 Periodistas encarcelados
  • 0 Internautas y periodistas ciudadanos encarcelados
  • 0 Colaboradores encarcelados

 

 

 

Francia fue fuertemente sacudida por el terrorismo islamista nada más comenzar el año, con el atentado al semanario satírico Charlie Hebdo, dejo tras de si ocho periodistas y dibujantes asesinados. Sin embargo, la amenaza a la libertad de prensa en Francia no solo vino de fuera. El Ministerio de Justicia anunció varias medidas destinadas a "reforzar" la lucha contra "el racismo y antisemitismo" que modificarían la ley de 1881 referente a la libertad de prensa. El gobierno francés también presentó un proyecto por el cual se instauraría el secreto de empresa, creando un arsenal legal dentro de la ley Macron que podría ocultar información relacionada con el interés general y afectaría a los periodistas ya que no podrían acceder a esta. Igualmente, el Consejo Constitucional validó la mayor parte de la polémica Ley de Inteligencia bajo la cual las agencias de inteligencia francesas podrán hackear ordenadores y otros dispositivos y espiar las comunicaciones de cualquier persona que entre en contacto con alguien que esté bajo sospecha, aunque sea de manera incidental, sin una orden judicial, vulnerando así el secreto entre periodistas y sus fuentes.
 
El 7 de enero, un grupo de hombres enmascarados y armados con armas automáticas y un lanzagranadas atacaron las oficinas de la revista satírica Charlie Hebdo, en París. Al menos 12 personas fallecieron en el ataque y otras cuatro quedaron heridas de gravedad. Los periodistas y dibujantes Stéphane Charbonnier (Charb), caricaturista y director de la revista Charlie Hebdo, Jean Cabut (Cabu), caricaturista, Georges Wolinski (Wolinski), caricaturista, Bernard Verlhac (Tignous), caricaturista, Philippe Honoré (Honoré), caricaturista, Mustapha Ourrad – corrector, Elsa Cayat, columnista, y Bernard Maris, columnista, fueron asesinados en el brutal ataque, reivindicado por Al-Qaeda en la Península Arábiga para vengar las viñetas del profeta Mahoma publicadas por el semanario. La revista estaba bajo vigilancia policial desde 2011 cuando fue atacada con bombas incendiaras tras publicar unas viñetas de Mahoma. 
 
También a principios de año el Ministerio de Justicia anunció una serie de medidas destinadas a ‘reforzar’ la lucha contra ‘el racismo y antisemitismo’. Dos de las disposiciones previstas por el Gobierno modificarán la ley de 1881 referente a la libertad de prensa. Según el proyecto, la difamación y la injuria que tengan un carácter racista, homófobo o antisemita, serán retiradas del ámbito de aplicación de dicha ley. El régimen protector en materia de prensa será abandonado para este tipo de delitos que podrán ser perseguidos según el proceso de derecho común –como es el caso de la apología del terrorismo-. Ahora el fiscal podrá recurrir a la comparecencia inmediata cuando estime, con razón o sin ella, que se han cometido este tipo de delitos. Estos cambios prevén que el plazo de prescripción de estos delitos se ampliará a tres años, en contra de los tres meses actuales.
 
A finales de enero, el presidente francés François Hollande, declaró que no era “ni apropiado ni sabio” incluir las disposiciones sobre el secreto de empresas en la ley Macron. Esta legislación corre el riesgo de crear un arsenal legal para las empresas que deseen ocultar información relacionada con el interés general, y afectaría especialmente a los periodistas que verían restringido su acceso a estas informaciones. Aunque los medios franceses han hecho causa común contra las enmiendas de la ley Macron - con el fin de evitar cualquier ambigüedad sobre los derechos de los periodistas y denunciantes- el proyecto de instaurar un secreto de empresa no ha sido abandonado.
 
En mayo, RSF acusó al gobierno francés de no hacer nada respecto al estudiante Louis Pasquieur, de 17 años, director del periódico escolar del liceo Marcelin Berthelot, La Mouette Bâillonée, quien estaba amenazado de muerte, desde enero, tras publicar, el 21 de ese mes, un número especial en solidaridad con las víctimas de la masacre del Charlie Hebdo. El joven había recibido siete amenazas de muerte en su hogar y en su casillero del colegio.
 
En julio, el Consejo Constitucional validó la mayor parte de la polémica ley de Inteligencia. Bajo esta normativa las agencias de Inteligencia del país podrán, sin una orden judicial, hackear ordenadores y otros dispositivos y espiar las comunicaciones de cualquier persona que entre en contacto con alguien que esté bajo sospecha, aunque sea de manera incidental. La ley permitirá interceptar mensajes y correos electrónicos entre periodistas y sus fuentes, por ejemplo si ésta está señalada dentro de la lucha contra el terrorismo. Igualmente permitirá imponer a los proveedores y servicios de alojamiento de Internet la instalación de un dispositivo destinado a “detectar una amenaza terrorista”. El texto también establece que, una vez que un comportamiento sospechoso es identificado, la conexión de datos anónimos pueden ser mantenida y seguida durante cinco años. Así, los servicios de Inteligencia podrán obtener y conservar el histórico de la navegación de cualquier periodista durante los próximos cinco años. 
 
La ley también permitirá que las agencias de Inteligencia puedan utilizar "sensores de proximidad" (geolocalizadores) durante la vigilancia de campo para conocer la ubicación y permitir la identificación de personas, sean sospechosas o no, de haber cometido algún crimen. RSF pidió al Consejo Constitucional que declarase esta medida inconstitucional, por contravenir la protección del secreto de las fuentes de los periodistas consagrada dentro de la Corte Europea de los Derechos Humanos. 
 
En septiembre, miembros del colectivo "Informar no es un delito" y RSF, pidieron al órgano regulador del país, el Consejo Superior de lo Audiovisual (CSA), que interpelara a Vincent Bolloré, principal accionista del Grupo Canal +, al que acusaban de haber censurado un documental sobre el banco Crédit Mutuel, uno de los más grandes del país y reprogramado un documental inédito acerca de François Hollande y Nicolas Sarkozy sin motivo, emitiendo en su lugar una película ya difundida con antelación.
 
En noviembre, la Asamblea Nacional aprobó una enmienda a la ley de 1955 que regula los estados de excepción y que elimina todas las provisiones de censura en el país. La enmienda fue adoptada tras aprobarse una extensión de tres meses al estado de excepción decretado por el Presidente François Hollande tras los ataques terroristas del 13 de noviembre en París. Además de imponer controles a los medios, la ley permite a la policía registrar las oficinas de periodistas, jueces y oficiales electos sin tener que pedir permiso a un juez. El artículo 11 de la ley de 1955 permitía a las autoridades “tomar cualquier medida para asegurar el control de la prensa y cualquier tipo de publicación, además de las emisiones radiofónicas, las proyecciones de cine y las representaciones teatrales”.