España

31.12.2016 00:00

 

Puesto 34

de 180 países, en la CLASIFICACIÓN MUNDIAL 2016 de la Libertad de Prensa

 

 

Superficie: 505.370 km2

Población: 46.418.270 habitantes

Jefe del Estado: Felipe VI

Presidente del Gobierno: Mariano Rajoy

 

 

 

 

BARÓMETRO 2016

  • 0 Periodistas asesinados
  • 0 Internautas y periodistas ciudadanos asesinados
  • 0 Colaboradores asesinados
  • 0 Periodistas encarcelados
  • 0 Internautas y periodistas ciudadanos encarcelados
  • 0 Colaboradores encarcelados

 

 

 

La liberación, en mayo, de los tres periodistas freelance españoles, que estaban secuestrados en Siria desde el verano de 2015, y el impacto negativo contra el libre ejercicio del periodismo  que ha supuesto la ley de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley mordaza, en su primer año de vigencia, han sido los temas de mayor relevancia en 2016. Varios periodistas han sido sancionados con fuertes multas administrativas por fotografiar manifestaciones, sucesos y acontecimientos en la calle y otros han sufrido medidas judiciales contrarias al derecho a informar, aunque en la mayor parte de los casos las peticiones fiscales se acabaron retirando o no prosperaron.

 

En enero, RSF volvió a pedir al gobierno que gestionase ante la Administración estadounidense la aclaración y rectificación de la situación  del periodista Manuel Martorell, atrapado, desde seis meses atrás, en un calvario administrativo que le prohibía viajar a Estados Unidos al ser considerado terrorista por las autoridades de dicho país, presumiblemente debido a los numerosos libros y reportajes que ha publicado sobre la cuestión kurda. La situación, que afecta directamente a la actividad profesional de Martorell, no se ha solucionado aún.

 

En abril, dos periodistas fueron sancionados por primera vez en base a la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza.  Axier López, de la revista Argia, fue sancionado con una multa de 601 euros por publicar en Twitter la foto de una detención. Respaldado por su medio y por el Parlamento de Navarra, no hizo efectiva la multa impuesta. Esta Ley, cuestionada por todos los partidos excepto el Partido Popular en el gobierno, ya ha sido denunciada ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por varios medios y juristas españoles, por las cortapisas que supone para el libre ejercicio de la información, especialmente las relacionadas con la prohibición de tomar y/o difundir fotografías de acciones policiales y las faltas de respeto y resistencia a la autoridad.

 

A lo largo del año se produjeron más sanciones por la Ley Mordaza: En junio Esther Yáñez, reportera de Canal#0, fue multada con 601 euros por infracción grave por fotografiar una cacerolada de protesta ante la sede del PP y no entregar las fotos a la policía; Mercè Alcocer, periodista de Catalunya Ràdio, también fue multada con la misma cantidad por acercarse al ex presidente de la Generalitat de Cataluña, Jordi Pujol, cuando iba a declarar ante la Audiencia Nacional por el escándalo de corrupción que protagoniza. Según la policía traspasó el perímetro de seguridad, que no estaba señalizado. Alcocer ha recurrido la sanción; El fotógrafo del Diario de Burgos, Miguel Ángel Valdivielso, no borró las fotos que había tomado de un accidente laboral que causó la muerte de un joven trabajador, como le pidió la Guardia Civil alegando que era una zona privada. El fotógrafo accedió a un lugar público donde se veía con perspectiva la escena, sin que se pudiera reconocer a la víctima ni a los trabajadores, los investigadores, ni a los familiares. Valdivielso también fue multado con 601 euros por la Ley Mordaza por “desobediencia, resistencia a la autoridad y negativa a identificarse”.

Para RSF la Ley Mordaza – a la que se opuso desde el principio- no solo es grave por su texto, sino por la impunidad y abuso de poder que propicia entre algunos elementos en las fuerzas de seguridad que se sienten avalados y protegidos por una Ley que, en la práctica, es una patente de corso contra los informadores, especialmente los fotógrafos.

 

También en abril, en el proceso abierto contra los periodistas del diario ABC, Cruz Morcillo y Pablo Muñoz, por sus informaciones sobre el sumario del caso de corrupción política del antiguo tesorero del Partido Popular, conocido como "caso Bárcenas", la fiscalía pidió dos años y medios de cárcel para los periodistas por presunta revelación de secretos. Una petición contraria a la doctrina del Tribunal Constitucional que hace prevalecer el derecho a la libertad de información cuando lo publicado es veraz y de interés general. Finalmente el fiscal retiró la petición de prisión y pidió el archivo del caso, aunque la acusación particular la mantiene. Los periodistas publicaron, en 2014, información del sumario del caso  Bárcenas en la que recogían una conversación telefónica entre un miembro de la camorra napolitana con el tesorero del PP.

 

El 3 de mayo, coincidiendo con el Día Mundial de la Libertad de Prensa el ministro de exteriores, José Manuel García Margallo, solicitó al secretario general de Naciones Unidas la creación de la figura de un defensor de los periodistas ante la ONU, una petición que defiende RSF desde hace años. 

 

 El 7 de mayo, fueron finalmente liberados en Turquía los tres periodistas españoles que habían sido secuestrados en Siria, en Alepo, en el verano de 2015. La liberación de Antonio Pampliega, José Manuel López y Ángel Sastre. Los tres periodistas liberados experimentados reporteros en zonas de conflicto, y socios de RSF-España, habían trabajado y trabajan para reconocidos medios internacionales. El gobierno español señaló que su liberación había sido posible gracias "al trabajo de muchos servidores públicos y la colaboración de países aliados y amigos", entre los que destacó a Turquía y Catar. Aunque no de forma oficial, su secuestro se atribuyó al Frente Al Nusra (la filial siria de Al Qaeda), que controlaba la zona en la que desaparecieron el 12 de julio de 2015.

 

Pocos días después, se denunció la desaparición de la corresponsal del diario El Mundo en Colombia, Salud Hernández- Mora, en el municipio de El Tarra, en la región de Catatumbo, donde operaban varios grupos guerrilleros, y a la que se había desplazado para realizar un reportaje. Una semana después el Ejército de Liberación Nacional la liberó en una misión humanitaria de la iglesia católica situada en la misma región, muy cerca de la frontera con Venezuela.

 

En junio, el diputado por Asturias, David González Medina, del Partido Popular, acusó a dos periodistas del diario El Comercio, Marcos Moro e Íñigo Noriega, de un presunto delito de revelación de secretos y solicitó pena de prisión para ellos. Los periodistas habían publicado, años antes, que el diputado había sido condenado, en 2004, por tráfico de droga y sancionado por consumo de estupefacientes, hechos plenamente probados y contrastados. Moro y Noriega aportaban testimonios y datos obtenidos en diversas fuentes y hasta el propio fiscal del caso admitió no haber averiguado el modo en que los periodistas obtuvieron la información, a pesar de los cual solicitó para ellos cinco y tres meses de prisión respectivamente, aun reconociendo que la presunta revelación de secretos era consecuencia de la labor periodística.

 

En diciembre, un juez de Madrid prohibió al periódico El Mundo la difusión del caso Football Leaks, y abrió la posibilidad de imponer a su director, Pedro G. Cuartango, penas de hasta cinco años de cárcel.

La medida judicial se produjo a raíz de una denuncia de la asesoría fiscal Senn Ferrero Asociados, que adujo que la información  tenía su origen en un ataque informático, y, según el auto, trataba de proteger datos confidenciales, fiscales y legales de sus clientes, además de una investigación judicial sobre el asunto que ya estaba en marcha.

 Para RSF se trató de un intento de censura sobre una información de indudable interés general. El periódico había anunciado la publicación de un escándalo de evasión fiscal en el fútbol profesional, conocido como Football Leaks, que implicaba a relevantes figuras que trabajan o han trabajado en la Liga española, y que había sido investigado por un consorcio europeo de periodismo del que forman parte, además de El Mundo, Der Spiegel, L'Espresso y The Sunday Times, entre otros. El Mundo, recurrió el auto y siguió adelante con la publicación, mientras que el juez emitió un nuevo auto extendiendo la prohibición de publicar el tema a los otros doce medios europeos que lo habían investigado a pesar de no tener jurisdicción para ello.