España

31.12.2015 00:00

 

Puesto 33

de 180 países, en la CLASIFICACIÓN MUNDIAL 2015 de la Libertad de Prensa

 

 

Superficie: 505.990 km2

Población: 46.650.000 habitantes

Jefe del Estado: Felipe VI

Presidente del Gobierno: Mariano Rajoy

 

 

 

 

BARÓMETRO 2015

  • 0 Periodistas asesinados
  • 0 Internautas y periodistas ciudadanos asesinados
  • 0 Colaboradores asesinados
  • 0 Periodistas encarcelados
  • 0 Internautas y periodistas ciudadanos encarcelados
  • 0 Colaboradores encarcelados

 

 

 

La violencia que el terrorismo yihadista mantiene contra la libertad de información en el mundo, también marcó la actualidad de 2015 en España, con el secuestro, en Siria, de tres reporteros freelance españoles, que continuaban como rehenes al finalizar el año. Además, varias reformas legislativas, restrictivas con la libertad de información, apoyadas sólo por el partido gobernante, fueron objeto de protesta por parte de los periodistas, medios, y otros sectores sociales.
 
En marzo, quedó aprobada definitivamente la nueva ley de Seguridad Ciudadana, conocida como "ley mordaza" por sus disposiciones restrictivas para la libertad de información, expresión y manifestación. El texto de la ley, aprobado con los únicos votos del Partido Popular en el gobierno, sanciona la toma y difusión de imágenes en la calle de agentes de las fuerzas de seguridad, con multas que van desde los 600 hasta los 30.000 euros, tanto para periodistas y medios de comunicación como para ciudadanos que capturen y/o publiquen “imágenes no autorizadas de las fuerzas de seguridad que puedan comprometer la seguridad personal o poner en riesgo el éxito de una operación". Hasta la aprobación de esta ley, que todos los partidos políticos se han comprometido a derogar caso de llegar al gobierno, este tipo de consideraciones eran competencia de un juez.  
 
También en marzo, se publicó el informe "El estado de la libertad de prensa en España", elaborado por el Instituto Internacional de la Prensa (IPI) con la colaboración de diferentes asociaciones profesionales, entre ellas RSF, y basado en las conclusiones de una misión en España desarrollada a finales de 2014. El informe concluye que la libertad de prensa en España es "comparable a la que disfrutan sus vecinos europeos", pero considera esencial reforzar y garantizar al máximo la libertad de información debido a algunas alertas detectadas, como la amenaza que se mantiene por parte del partido gobernante sobre la independencia de la Radiotelevisión pública; la falta de un regulador independiente en la radiodifusión a nivel nacional; y la necesidad de una mayor transparencia en la asignación de la publicidad institucional. El informe destacó las restricciones que plantea la nueva ley de seguridad ciudadana, y la legislación sobre transparencia que queda lejos de los estándares internacionales. 
 
En un año de repetidas elecciones -municipales, autonómicas en Cataluña y elecciones generales legislativas-, RSF volvió a pedir, sin éxito, la erradicación de pautas electorales que coartan el normal acceso a la información profesional. España es el único país europeo que restringe la información electoral a través de un órgano político, la Junta Electoral Central, que controla la información en radios y televisiones públicas aplicando rígidos criterios formales que condicionan una información profesional.
 
En junio, se aprobó una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que atenta contra el derecho a la libertad de prensa al impedir tomar imágenes -fotografías o vídeos- de los detenidos durante su arresto o en los traslados que se produzcan, un material considerado esencial a la hora de informar. RSF incidió en lo sospechoso y preocupante de estas decisión del Gobierno precisamente cuando los casos de corrupción estaban afectando directamente a muchos miembros de su partido.
 
En el mismo mes, el juez que investigaba el caso de José Couso (el reportero de Tele 5, asesinado en Irak por las fuerzas estadounidenses, en 2003) tuvo que dar carpetazo a la investigación y cerrar el caso, ya que la reforma de la ley Orgánica del Poder Judicial (marzo de 2014), que afectaba a la aplicación de la “justicia universal” imposibilita perseguir un crimen de guerra contra un español en cualquier país extranjero, aunque los tratados internacionales ratificados por España como las Convenciones de Ginebra obligan a los Estados a perseguir los crímenes de guerra. El propio juez señaló la desprotección en la que esta reforma deja a los reporteros españoles en el extranjero. 
 
En julio, se hizo público, en un comunicado conjunto de sus familias, la desaparición en Alepo, Siria, de los periodistas españoles, Antonio Pampliega, Ángel Sastre y José Manuel López. Los tres periodistas freelance son experimentados reporteros en zonas de conflicto, y socios de RSF. En diciembre, se cumplieron seis meses del secuestro y permanecían como rehenes del Frente Al-Nusra. 
 
Antonio Pampliega ha trabajado como freelance cubriendo numerosos conflictos, entre ellos Irak, Pakistán, Egipto, Afganistán y Siria, guerra que ha cubierto para los principales medios de comunicación españoles e internacionales, desde 2011. Ángel Sastre, trabajó como corresponsal de CNN+ y Cuatro TV, durante seis años. También hizo reportajes sobre Siria y Palestina para el Canal Cuatro y los diarios La Razón y El Confidencial. José Manuel López, fotoperiodista especializado en cobertura de guerras, formó parte del equipo de La Crónica de León durante 11 años, y luego trabajó como independiente, cubriendo conflictos en Afganistán, Irak, Palestina, Irán y Venezuela, entre otros lugares. Su trabajo se ha publicado en The New York Times. Es colaborador habitual de la Agencia France Press con coberturas en siria, Sudán del Sur y Somalia. 
 
El acoso policial sobre los reporteros que trabajan en la calle siguió en la misma tónica que años precedentes. El videorreportero Jaime Alekos, del periódico digital Periodismohumano.com, fue detenido, en febrero, durante varias horas, mientras cubría para el canal de televisión Cuatro un desahucio en Madrid. 
 
En noviembre, el juez rechazó la demanda del empresario marroquí Ahmed Charai contra el periodista Ignacio Cembrero y el diario El Mundo. Cembrero había publicado en varios documentos y correos que Charai era un estrecho colaborador del servicio secreto de Marruecos. El juez consideró solvente la información publicada por el periodista. Charai ya había sido condenado en España años atrás por difamación. Previamente, el cónsul general de España en París, Javier Conde, se negó a firmar el acta de declaración de un periodista francés, Jean Pierre Tuquoi, que había acudido al consulado para declarar como testigo en la causa a favor de Cembrero.
 
En diciembre, RSF informó de la penosa situación de indefensión que venía sufriendo desde hacía meses el periodista Manuel Martorell, clasificado por el Departamento de Estado de Estados Unidos como participante en “actividades terroristas”, tras haber solicitado un visado para viajar a EEUU. Un error de gravísimas consecuencias para el reportero e historiador, especializado en la cuestión kurda sobre la que ha publicado varios libros. Varias instituciones y asociaciones españolas, incluida RSF, hicieron gestiones ante las autoridades españolas y estadounidenses para que se rectificara este error, dado el riesgo que supone en unos momentos de activo terrorismo internacional estar incluido en un listado de “actividades terroristas”.