Egipto

31.12.2016 00:00

 

Puesto 159

de 180 países, en la CLASIFICACIÓN MUNDIAL 2016 de la Libertad de Prensa

 

 

Superficie: 1.002.450 km2

Población: 91.508.084 habitantes

Jefe del Estado: Abdelfattah El Sisi

Presidente del Gobierno: Sherif Ismail

 

 

 

 

BARÓMETRO 2016

  • 0 Periodistas asesinados
  • 0 Internautas y periodistas ciudadanos asesinados
  • 0 Colaboradores asesinados
  • 26 Periodistas encarcelados
  • 1 Internauta y periodista ciudadano encarcelado
  • 0 Colaboradores encarcelados

 

 

 

Desde que el general Abdel Fatah Al Sisi llegó a la presidencia de Egipto, en junio de 2014, se ha producido un constante deterioro de la libertad de información y la situación de los periodistas es cada vez más precaria. Con al menos 27 periodistas y blogueros en la cárcel, a finales de año, Al Sisi, que figura en el listado de depredadores de la prensa de RSF, ha convertido a Egipto en una de las mayores prisiones del mundo para los profesionales de la información. En la mayoría de los casos, su único error fue cubrir las manifestaciones o protestas contra el gobierno, o haber hablado, por razones profesionales, con miembros de los Hermanos Musulmanes, una organización prohibida por las autoridades.

 

Estos periodistas suelen ser detenidos arbitrariamente por cargos falsos con poca relación con delitos de prensa, como “pertenencia a organización terrorista”, “participación en manifestación ilegal”, “difusión de noticias falsas” o “alteración del orden público”, y se enfrentan a juicios injustos en los que pueden llegar a ser condenados a cadena perpetua e incluso pena de muerte. Además, la ley antiterrorista, adoptada en agosto de 2015, impone a los periodistas, en nombre de la seguridad nacional, respetar la versión oficial de los hechos cuando cubran atentados.

 

Los ataques a los medios de comunicación para evitar testigos incómodos son constantes. A finales de abril, por ejemplo, decenas de periodistas extranjeros y egipcios fueron detenidos mientras cubrían las manifestaciones de El Cairo, así como otras ciudades provinciales, contra el Gobierno de Al Sisi y su decisión de ceder dos islas del mar Rojo, pequeñas pero supuestamente estratégicas, a Arabia Saudí.

 

Además, la deportación de periodistas extranjeros es otra práctica habitual de las autoridades. Rèmy Pigaglio, corresponsal en El Cairo del periódico La Croix, vio denegada su entrada al país, el 23 de mayo, cuando regresaba de pasar unas vacaciones en Francia. Pigaglio, que residía en la capital egipcia, desde agosto de 2014, fue retenido cerca de 30 horas en el área internacional del aeropuerto y, sin más explicaciones, las autoridades le subieron a un vuelo de regreso a Francia, a pesar de que el periodista llevaba el visado y la tarjeta de prensa en regla.

 

No fue el único caso durante el año. A finales de junio, la periodista de nacionalidad británica y libanesa, Liliane Daoud, empleada del canal privado egipcio ONTV y que previamente había trabajado para la BBC en Londres, fue detenida en su domicilio, en El Cairo, y deportada por no tener sus papeles en regla. Sin embargo, su contrato con la ONTV había terminado apenas unas horas antes de su detención. No se le permitió contactar con su abogado ni con su embajada, ni tampoco llevarse objetos personales. La periodista conducía el programa “Al Sora Al Kamela”, desde 2001, y había sido blanco de una campaña de desprestigio en las redes sociales por personas que la consideraban demasiado crítica con el régimen y afín a la oposición. Su programa fue suspendido en mayo, poco después de que el canal cayera en manos de un empresario simpatizante de Al Sisi.

 

Por otro lado, el Sindicato de Periodistas de Egipto sufrió el acoso de las autoridades durante todo el año. A mediados de noviembre, tres de sus responsables fueron condenados a dos años de prisión, aunque se les concedió la libertad bajo fianza a la espera de la celebración del juicio de apelación. Yahya Qalash,  presidente del sindicato, Gamal Abd El-Raheem, su secretario general, y Khaled El-Balshy, responsable del comité de libertades y editor también del periódico Al Bedaiah, fueron condenados por acoger a dos periodistas de la web opositora Yanair, Mahmoud Saqqa y Amr Badr.

Los periodistas se habían refugiado en la sede del sindicato antes de ser detenidos durante una redada policial, el 1 de mayo. Fueron acusados de difundir rumores falsos, en relación con la decisión de Egipto de devolver las islas de Tiran y Sanafir a Arabia Saudí, y de promover las protestas contra Al Sisi, en abril. Tras pasar más de tres meses en prisión, Saqqa y Badr fueron puestos en libertad provisional a la espera de juicio.

 

El 19 de noviembre, se celebró una nueva audiencia contra todos los acusados detenidos por la policía en la plaza Rabaa Al-Adawiya, en agosto de 2013. Entre ellos se encontraba el reconocido periodista independiente Mahmoud Abou Zeid, conocido como Shawkan, quien llevaba en prisión preventiva más de tres años, una medida que viola la propia legislación egipcia. Shawkan fue detenido mientras cubría para las agencias Demotix y Corbix los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los partidarios de Morsi. Los agentes le agredieron, le detuvieron, le quitaron su cámara y le torturaron posteriormente en comisaría. Su juicio comenzó, en diciembre de 2015, junto a más de 700 acusados, entre ellos multitud de miembros de los Hermanos Musulmanes. Se le acusa, entre otros cargos, de “asesinato”, de “intento de asesinato” y de “pertenencia a un grupo prohibido”, por lo que podría ser condenado a cadena perpetua. Anímicamente agotado y puesto en régimen de aislamiento durante varios días, este reportero está enfermo y padece hepatitis C.

 

Un día después, el 20 de noviembre, un juez ordenó la libertad condicional de Ismail Alexandrani, periodista freelance especializado en el Sinaí, detenido desde noviembre de 2015 acusado de “difundir rumores falsos” y de “pertenecer a los Hermanos Musulmanes”. Sin embargo, su puesta en libertad fue paralizada por un recurso de la fiscalía aceptado por el tribunal, de forma que Alexandrani, a finales de año continuaba en prisión.

 

En esas mismas fechas, un perdón presidencial puso en libertad a 82 detenidos, entre los que se encontraban Islam al-Behairy, presentador del canal privado Al-Kahera wal Nas, y Mohamed Ali Salah, fotógrafo de la web de oposición El-Shaab el-Jadeed. Al-Behairy había sido detenido, en diciembre de 2015, y condenado posteriormente a diez años de cárcel por “blasfemia”. Ali Salah fue detenido cuando cubría una manifestación estudiantil en la universidad de Al-Azhar, en diciembre de 2013. Fue sentenciado a tres años de cárcel por varios cargos, incluidos los de difundir información falsa y participar manifestaciones ilegales.

 

Finalmente, las autoridades continuaron con su campaña de hostigamiento contra la cadena Al-Jazeera. El 23 de diciembre, Mahmoud Hussein, productor de noticias egipcio en la sede de Al-Jazeera en Doha, fue detenido en su casa de Egipto tras ser interrogado durante 15 horas a su llegada al aeropuerto de El Cairo, tres días antes. Sospechoso de “incitar a la sedición contra el Estado egipcio” y de “difundir información falsa”, Hussein había trabajado en la delegación de Al-Jazeera en el Cairo hasta que se vieron obligados a cerrar, en 2013.

 

Además, seis meses antes, en junio, un tribunal de El Cairo condenó a muerte, en ausencia, a tres periodistas, dos de ellos de Al-Jazeera. Ibrahim Helal y Alaa Omar Mohammed, extrabajadores de la cadena, así como Asmaa Al - Khatib, editora jefe de la web islamista Rassd, fueron acusados de haber servido como espías a Catar. Otros seis acusados, incluido el depuesto presidente Mohamed Morsi, fueron también sentenciados a muerte.