Egipto

31.12.2015 00:00

 

Puesto 158

de 180 países, en la CLASIFICACIÓN MUNDIAL 2015 de la Libertad de Prensa

 

 

Superficie: 1.001.450 km2

Población: 89.580.000 habitantes

Jefe del Estado: Abdel Fatah Al Sisi

Presidente del Gobierno: Sherif Ismail [12.9.2015]

 

 

 

 

BARÓMETRO 2015

  • 0 Periodistas asesinados
  • 0 Internautas y periodistas ciudadanos asesinados
  • 0 Colaboradores asesinados
  • 24 Periodistas encarcelados
  • 1 Internauta y periodista ciudadano encarcelado
  • 0 Colaboradores encarcelados

 

 

 
El Gobierno presidido por Abdel Fatah Al Sisi ha continuado con su política represiva contra todas las formas de oposición, inaugurada tras el golpe de Estado contra el ex Presidente islamista Mohamed Morsi, en julio de 2013. Los periodistas deben limitarse a informar de la versión oficial de los tiroteos y bombardeos o arriesgarse a recibir una elevada multa en virtud de la nueva ley antiterrorista, aprobada en agosto, que supone una ampliación de los poderes de las autoridades egipcias.
 
La mayoría de los periodistas y blogueros que se encuentran encarcelados en Egipto están directa o indirectamente acusados de “apoyar a una organización prohibida”, como es el caso de los Hermanos Musulmanes, “incitar a la violencia” y “difundir información falsa”. Con 24 periodistas encarcelados, a finales de 2015, Egipto se convirtió en la segunda mayor cárcel del mundo para los profesionales de la información, sólo precedida por China. 
 
El 23 de febrero, un tribunal de El Cairo condenó a cinco años de prisión a Alaa Abdel-Fattah, un joven bloguero de la oposición y figura emblemática durante la revolución de 2011 que derrocó al expresidente Hosni Mubarak. Fue declarado culpable de “organizar una manifestación ilegal”, en noviembre de 2013, y de “atacar a un policía”. 
 
En abril, las fuerzas de seguridad llevaron a cabo varias redadas en medios de comunicación críticos con el régimen egipcio. La policía entró en la sede de la emisora Horyetna, en El Cairo, sin una orden judicial, y detuvo a su editor jefe, Ahmed Samih. Después de interrogar a los empleados de la radio sobre las políticas editoriales de la cadena y de confiscar parte de los equipos, la policía puso en libertad bajo fianza a Samih y lo acusó formalmente de “dirigir una emisora de radio sin licencia”. Días después, la policía protagonizó una nueva redada contra la sede de la cadena Al Chad TC, un medio sirio con sede en El Cairo. Detuvo a sus trabajadores y cerró la sede bajo la acusación de “apoyar a los Hermanos Musulmanes”.
 
La represión contra toda forma de oposición, ejercida por las autoridades, quedo patente en la sentencia a cadena perpetua de seis periodistas, el 11 de abril, por los cargos de “difundir noticias falsas”, “incitar a la violencia y al caos” y ser parte de la “sala de operaciones” que tenía el propósito de ordenar ataques contra el Gobierno durante las manifestaciones de apoyo al depuesto Presidente Mohamed Morsi, en la plaza de Rabaa Adawiya, en El Cairo, en agosto de 2013. 
 
Los periodistas condenados a cadena perpetua fueron Abdullah Al Fakharani, reportero de la web de noticias Rassd; Samhi Mostafa, directivo de esa misma web; Mohammed Al-Adly, presentador del canal de televisión religioso Amgad TV; Hany Salah Al-Deen, antiguo redactor de noticias del canal de televisión favorable a los Hermanos Musulmanes Misr 25 y de la web Youm7; Mossab Al Barbary, jefe del canal de televisión favorable a los Hermanos Musulmanes Ahrar 25 y ex directivo del canal Misr 25; y Hassan Al Qabanni, redactor de Rassd y de un periódico del partido de los Hermanos Musulmanes. Otros ocho informadores fueron sentenciados a la misma pena durante este juicio, pero RSF no encontró vínculos entre sus detenciones y su trabajo como informadores.
 
Uno de los casos más emblemáticos sobre la difícil situación que atraviesa Egipto en materia de derechos humanos es el del fotoperiodista Mahmoud Abu Zeid, conocido con el pseudónimo de “Shawkan”, que lleva encarcelado en la prisión de Tora, en El Cairo, desde agosto de 2013, pendiente de la celebración de su juicio. Fue detenido mientras cubría para las agencias Demotix y Corbix los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los partidarios de Morsi. Acusado de “pertenencia a una organización prohibida”, “posesión de armas de fuego” y “asesinato”, su detención es considerada “ilegal”, tanto por las leyes egipcias como por el derecho internacional, al superar, el 14 de agosto de 2015, el máximo de dos años de prisión preventiva. Shawkan está apadrinado por la sección española de RSF. 
 
En agosto, el Gobierno egipcio ratificó su nueva ley antiterrorista, que supone una ampliación de los poderes de las autoridades y una amenaza a los derechos y principios fundamentales, como la libertad de información, la libertad de expresión o el derecho de asociación. Uno de los artículos más polémicos es el 33, que afecta directamente a la prensa y conlleva elevadas multas (entre 26.000 y 64.000 euros) para los periodistas que no se limiten a difundir la versión oficial después de un atentado. De esta manera, aquellos informadores que tengan fuentes diferentes que cuestionen la versión del Gobierno pueden ser acusados de difundir “información falsa” sobre atentados u otras operaciones llevadas a cabo por grupos armados. 
 
Los artículos 26, 27, 29 y 37 también amenazan el ejercicio del periodismo por su ambigüedad. Aquellos que publiquen información que pueda incitar -incluso indirectamente- a la violencia o a la preparación de actos terroristas destinados a afectar a las fuerzas de seguridad o a desarrollar acciones terroristas en Egipto o en el extranjero podrán ser condenados a penas de prisión. Hasta la cobertura sin permiso de juicios contra terroristas puede ser castigada con multas. 
 
Tras la presión internacional llevada a cabo por RSF junto a otras organizaciones internacionales de derechos humanos y libertad de información, el Presidente egipcio, Abdel Fatah Al Sisi, concedió el indulto, el 23 de septiembre, a los periodistas del servicio en inglés de la cadena Al-Jazeera, el canadiense Mohamed Fadel Fahmy y el egipcio Baher Mohammed. Después de múltiples aplazamientos, fueron condenados el 29 de agosto, junto al australiano Peter Greste, a penas de tres años de cárcel por la “difusión de noticias falsas” y “trabajar sin licencia”. Greste fue juzgado en ausencia, después de haber sido deportado a Australia, en febrero. Los militares tuvieron a la cadena catarí en su punto de mira desde el levantamiento de 2011, ya que era vista como demasiado favorable a los Hermanos Musulmanes. 
 
En noviembre, se llevaron a cabo varias detenciones de periodistas. Hossam Bhagat, conocido reportero de investigación y defensor de los derechos humanos, fue puesto en prisión preventiva, durante 4 días, tras acudir a una citación de los Servicios de Inteligencia militar, en El Cairo. Una semana antes, el periodista había publicado para la web de noticias Mada Masr una información sobre el juicio y la condena a militares retirados acusados de conspiración con los Hermanos Musulmanes. Otro informador crítico con el régimen, Ismail Alexandrani, periodista de investigación freelance e investigador especializado en movimientos yihadistas en la península del Sinaí, fue detenido en el aeropuerto de Hurghada cuando iba a regresar a Berlín. Después de ser interrogado por los fiscales de seguridad nacional, el 1 de diciembre, fue puesto en prisión preventiva durante 15 días. 
 
Ese mismo mes, la dirección de la televisión Al-Qahera suspendió a la periodista Azzah Al-Hinnawi por cuestionar las políticas del Gobierno durante un programa en directo sobre las inundaciones en Alejandría y Beheira. Al-Hinnawi criticó la actuación del Presidente y otros miembros del Ejecutivo, acusándoles de “falta de profesionalismo”. La dirección de la cadena informó que la periodista había sido suspendida y tendría que responder ante las autoridades judiciales.